Vilaplana abre juicio oral en las piezas de Mercasevilla y Río Grande

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado sendos autos de apertura de juicio oral en las piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios incentivados con fondos autonómicos correspondientes a las prejubilaciones de Mercasevilla y del restaurante Río Grande, declarando en ambos casos a la Audiencia de Sevilla como órgano competente para su enjuiciamiento, según tales autos difundidos por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recogidos por Europa Press.

En el caso de Mercasevilla, el auto de apertura de juicio oral se dirige contra los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya condenados por cohecho en dicha entidad; el exmiembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo; los exmiembros de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su cuñado Ismael Sierra; José Rodríguez López como asesor fiscal de Lanzas; Francisco Algarín como su testaferro y Francisco Limón, administrador de la sociedad Hermes Consulting.

La causa, en concreto, gira en torno a la presunta ilicitud de las ayudas autonómicas concedidas por la Consejería de Empleo, “extramuros de cualquier legalidad”, para las primas de las pólizas de seguro de rentas colectivas suscritas con relación a las prejubilaciones acordadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por la empresa Mercasevilla, actualmente participada en exclusiva por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad mixta Mercasevilla.

Se trata, en concreto, de una subvención de más de 5,6 millones de euros para el ERE de 2003 y una ayuda más superior a 6,9 millones de euros para el procedimiento de 2007.

LOS “CONTACTOS” CON LA CONSEJERÍA DE EMLEO

Según el auto previo de procesamiento del juez instructor, Fernando Mellet, entre otros aspectos, “habría abonado los servicios de Francisco José González, comercial de Vitalia, y Juan Lanzas, persona que por sus contactos con la Consejería de Empleo conseguiría la financiación pública de la Junta, con cargo a los fondos de Mercasevilla”, empresa que en aquellos tiempos dirigía.

En paralelo, “Lanzas habría facturado a través de la empresa de su cuñado Maginae Solutions una serie de servicios, justificándolos como actuaciones para la mejora de plantilla y servicios de asesoramiento, cuando realmente irían encaminados a satisfacer su comisión a resultas de los servicios prestados en relación al ERE de 2007″ de Mercasevilla.

“En total, Lanzas percibiría de manera irregular, a través de la ficticia facturación de Algarín Lamela y de Maginae Solutions, 492.655 euros, de modo que toda esta operativa de facturas ficticias, emisión de cheques, cobro, reintegros y pagos se habrían llevado a cabo con el fin de obtener el cobro de estas gratificaciones y facilitar la entrada de estos fondos de procedencia ilícita en el circuito financiero”, indicaba el juez, señalando en paralelo el papel de Garrido Santoyo como “intruso” en el ERE de 2007 al disfrutar de dinero del mismo pese no formar parte de la plantilla de Mercasevilla.

“RELACIONES PERSONALES” CON LANZAS

Para ello, habría recurrido según el juez a “sus relaciones personales con los investigados, en particular con Lanzas”, quien “a través” de los miembros de Vitalia habría conseguido la “inclusión” de Garrido Santoyo “como beneficiario de la póliza” del ERE de 2007, y cobraba cuantías mediante Francisco Algarín Lamela, su “hombre de paja”.

Dado el caso, el juez abre juicio oral contra los once acusados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, mientras que también abre juicio oral contra ocho de ellos, entre los que figuran Mellet, Ponce y Lanzas; por un presunto delito adicional de falsedad documental. Además, abre juicio oral contra las entidades Maginae Solutions y Hermes Consulting en calidad de responsables civiles subsidiarios, así como contra Mercasevilla como responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo.

El juez precisa en este punto que la pretensión del Ministerio Fiscal de que se decrete la apertura de juicio oral contra Mercasevilla en calidad de partícipe a título lucrativo “debe tener acogida” teniendo en cuenta que, “a consecuencia de las ayudas ilícitas concedidas a Mercasevilla, dicha mercantil se habría visto clara y directamente beneficiada al obtener -injustamente- fondos con los que dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales y laborales”.

FIANZAS MILLONARIAS

En materia de fianzas, solicita 4,8 millones de euros tanto a Mellet, como a Ponce y Lanzas; fijando una fianza de 4,3 millones de euros a satisfacer por Mercasevilla.

En el caso del auto correspondiente al ERE de Río Grande, la apertura de juicio oral se dirige contra el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su pareja Beatriz N.M.; la dueña de la entidad Río Grande, María del Carmen García Sánchez; los exmiembros de Vitalia Antonio Albarracín, Francisco González y Jesús Bordallo; Eduardo L.D.R. por la entidad Atrado Mensajería; Carlos L.B. por un bufete de abogados y finalmente Carmen Fontela, quien figuraba en el ERE promovido por el restaurante Río Grande en 2005 pese que no formaba parte de la plantilla.

En su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el juez José Ignacio Vilaplana abordaba en ese sentido “la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a la entidad Río Grande sin sujeción al procedimiento legalmente establecido”, añadiendo que, “de manera ilícita y fraudulenta, se concede una subvención a dicha empresa para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE de 2005 mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio”.

LA EMPRESA TENÍA BENEFICIOS

Todo ello, según el juez, cuando la empresa “obtuvo unos beneficios de 1.250.594 euros en 2004 y de 21.480 euros en 2005″. Al hilo, el magistrado concreta que la administradora única de la mercantil desde el 30 de enero de 1996, la investigada María del Carmen García, tuvo conocimiento de que la Junta, a través de la Dirección General de Trabajo y “al margen de los procedimientos establecidos, podía otorgarle fondos públicos para obtener liquidez inmediata”, de forma que “consiguió que el titular de la Dirección General de Trabajo (el ya fallecido Francisco Javier Guerrero) beneficiara a su empresa con 1.531.300 euros”, subvención que “no consta formalmente entre las ayudas concedidas y facilitadas por la Junta, toda vez que se utilizó el sistema irregular de ‘pagos cruzados’ para el abono de primas de seguro, de modo que dichos pagos -con fondos inicialmente destinados a verificar otros pagos- no quedan reflejados en la contabilidad de la agencia IFA-IDEA”.

El juez abre juicio contra los nueve investigados en esta pieza separada del caso por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación; contra seis de ellos por un delito más continuado de falsedad documental, entre los que figuran la dueña del restaurante, Lanzas y su pareja; y contra Lanzas en solitario por un presunto delito más de tráfico de influencias.

En este sentido, también abre juicio oral contra Río Grande Sevilla, el referido bufete de abogados y Atrado Mensajería en calidad de responsables civiles subsidiarios. En materia de fianzas, las más altas son las impuestas a Lanzas con 1,9 millones y a la empresaria de Río Grande con 1,8 millones.