El PSOE-A critica en su voto particular al dictamen el “tiempo perdido” sin buscar “la verdad”

El Grupo Socialista considera que los tres años de trayectoria de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) han sido un “tiempo perdido” para “un trabajo serio y riguroso”, ya que “nunca ha sido la verdad la que se buscaba” en dicho órgano, “sino el reproche político a los anteriores gobiernos socialistas” de la Junta.

Así figura en el texto del voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Grupo Socialista ha registrado respecto al dictamen aprobado el pasado 4 de abril por dicha comisión con los votos a favor de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, y que se debatirá en el Pleno del Parlamento el próximo miércoles, 27 de abril.

El Grupo Socialista justifica como una “obligación ética” la presentación de este voto particular, tanto “por respeto a las personas que han comparecido” en la comisión como “por respeto a la verdad”, y en esa línea sostiene que no se ha podido sacar “ninguna” conclusión de dicha comisión, “porque ese nunca fue el fin perseguido” por parte del Consejo de Gobierno de PP-A y Cs que solicitó su creación en 2019.

En esa línea, el Grupo Socialista sostiene que PP-A, Cs y Vox “ya venían con las conclusiones redactadas” a la comisión, “y lo que les interesaba de las declaraciones de los comparecientes (...) no era lo que estos pudieran aportar para conocer lo realmente ocurrido durante la vigencia de la Fundación, de 2003 a 2011, sino que ratificaran sus tesis apriorísticas y especulativas sobre la existencia de la fundación misma”.

El PSOE-A pone de relieve que la comisión “nace y muere con la XI Legislatura de la mano del presidente Moreno Bonilla, que continúa obsesionado con hacer olvidar a esta comunidad autónoma todo el trabajo de los gobiernos que le han precedido y todos los avances y transformaciones que han acontecido en Andalucía”.

SOBRE LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Para los socialistas, del dictamen “llama la atención que se determinen responsabilidades políticas de ex presidentes como José Antonio Griñán, que no pudo comparecer” en la comisión “al no haber sido citado en tiempo y forma”, o Susana Díaz, que “compareció, tras errores en diversas notificaciones, dejando clara su imposible implicación en el caso al haber accedido a la Junta de Andalucía años después de la existencia de la Faffe”.

También cuestiona el PSOE-A que el dictamen atribuya responsabilidades políticas a la exconsejera de la Junta y actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue convocada a la comisión “a sabiendas de que este Parlamento no tiene facultades para ello”.

En su voto particular, el PSOE-A tacha de “auténtica chapuza” y critica la “falta de rigor jurídico y político” tanto del dictamen aprobado como del documento síntesis que le precedió, donde aprecia “imprecisiones, conclusiones apriorísticas, prejuicios, falta de conocimientos técnicos, errores conceptuales y grandes dosis de imaginación en la construcción de un relato falaz y manipulado de la verdad”.

La aprobación del dictamen “deja en evidencia que la verdad no será la prioridad” para el PP-A, sino que “seguirá siendo el tacticismo político”, según el Grupo Socialista, que “espera y desea que la verdad se imponga, tarde o temprano, en el Parlamento de Andalucía y esperemos que también en los tribunales”.

En esa línea, el voto particular del PSOE-A sostiene que “si ha habido actos deplorables” en torno a la Faffe, “y no dudamos que hayan existido, únicamente son achacables a la persona que los cometió”, así como que si además “estos actos son de carácter exclusivamente personal e individual, y se suelen cometer con la más absoluta intimidad, es imposible que alguien más tuviera conocimiento de los mismos”, y “si se utilizó dinero público es además bochornoso y condenable”, y el Grupo Socialista afirma estar “en la posición de pedir toda la contundencia en su castigo”.

“Pero sobre nada de eso ha versado esta Comisión, porque la misma ha sido un tiempo perdido solo al servicio de un gobierno que tan solo pretendía tener cada dos viernes --días en los que realizaban las sesiones de la misma-- páginas y páginas de periódico y noticias en Canal Sur (...), donde se pudiera seguir desgastando a los anteriores gobiernos socialistas”, critica el grupo del PSOE-A.

Concluye así este voto particular que la comisión de investigación sobre la Faffe y su dictamen “solo han servido para seguir construyendo el relato y el discurso falso de la supuesta corrupción institucionalizada en Andalucía, un relato que durante años solo sirvió para intentar alcanzar el poder a cualquier precio y ahora solo sirve para intentar olvidar y tapar todo lo construido y todo lo trabajado desde gobiernos limpios y honrados, para seguir destruyendo vidas y trayectorias limpias e intachables”. “Este es el precio que todavía sigue pagando el grupo parlamentario socialista por haber tenido el orgullo y el honor de haber contado con la confianza de la ciudadanía andaluza”, lamentan.

De igual modo, acerca de la gestión de la Faffe, el Grupo Socialista subraya que la fundación estuvo “sometida a control tanto de los órganos de control interno, Intervención General y Registro de Fundaciones, como externos, Cámara de Cuentas y órganos europeos, (...) en relación con los fondos europeos gestionados” por la misma, y “en ninguno de los informes de auditoría anuales ni en los tres informes realizados por la Cámara de Cuentas se puso de manifiesto ningún tipo de responsabilidad contable, legal o patrimonial”, así como “en ninguno de ellos se encontraron irregularidades, limitándose a hacer recomendaciones de mejora y a la revisión de la elegibilidad de algunos conceptos de gasto de pequeña cuantía”.

No obstante, el Grupo Socialista alude en su voto particular a presuntas “actuaciones irregulares” en la Faffe como el “uso irregular de la tarjeta de crédito del que fue gerente” de la fundación, Fernando Villén, y al respecto recuerda que éstas son objeto actualmente de investigación judicial, y defiende que la actuación de la Junta “en todas las causas judiciales abiertas” en la fundación ha sido de “colaboración absoluta”, por lo que “se ha construido un relato falso” en torno a esa cuestión, cuando esos anteriores gobiernos socialistas fueron “los que facilitaron la información” a la Justicia.

En esa línea, asevera que el PSOE “es el primero en exigir, si han existido irregularidades, que se depuren por los tribunales de justicia las responsabilidades y, sobre todo, que se devuelva el dinero que se hubiera usado indebidamente”.

El Grupo Socialista subraya que “las actuaciones que pudieran derivarse de estos hechos tienen todo” su “reproche moral”, porque “ni con dinero público o privado se justifican estos actos”, y “cuando además se usa y abusa del dinero público que es de todos los andaluces debemos exigir la mayor dureza y rechazo”.

Pero desde el PSOE-A remarcan que “estos actos son individuales, y solo la persona que los hubiera cometido debe responder por ellos”, y “en ningún caso” van los socialistas “a admitir una causa general contra unos gobiernos cuyos miembros siempre han rechazado y denunciado estos hechos y han colaborado con la justicia”.

DICTAMEN “SESGADO”

Finalmente, el voto particular concluye que el dictamen aprobado “no responde ni a la documentación que hemos tenido oportunidad de examinar ni, sobre todo, a las manifestaciones de los comparecientes” en la comisión, de forma que es “totalmente sesgado”, ya que, en él, no se ha tomado en consideración “ni una sola de las recomendaciones o conclusiones” del Grupo Socialista.

Desde el PSOE-A denuncian, por último, “la utilización partidista y la instrumentación política de esta Comisión como una causa general contra los gobiernos socialistas”.

Por su parte, Unidas Podemos por Andalucía ha llegado a la conclusión de que la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la labor de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha sido “la peor” de las creadas en “la historia” de la Cámara autonómica.

Así se recoge en el texto del voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, registrado por el grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía frente al dictamen aprobado con los votos de PP-A, Cs y Vox en la citada comisión el pasado 4 de abril, y que se debatirá en el Pleno del Parlamento el próximo miércoles, día 27, del mismo mes.

En su voto particular, el grupo de la confluencia de Podemos e IU acusa a PP-A, Cs y Vox de aplicar un “rodillo parlamentario” para aprobar un dictamen “atropellado” para su votación en el Pleno de finales de abril “ante la eventualidad de que, ante la inacción política del Gobierno andaluz y su incapacidad para tomar medidas frente a la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania, el presidente de la Junta de Andalucía perpetre su fuga política de la realidad disolviendo la Cámara y adelantando las elecciones”.

Para Unidas Podemos, la de la Faffe ha sido “la peor comisión de investigación de la historia del Parlamento” y “ha hecho un flaco favor a la institución”, de forma que su nacimiento fue “erróneo”, a propuesta, “por primera vez, de un Gobierno --el de PP-A y Cs--, que en vez de depurar los hechos y traerlos al Parlamento para extraer conclusiones, endosó esa tarea a la Comisión”, la cual, por otra parte, “apenas ha tratado aspectos nuevos, documentos nuevos, noticias nuevas, que ya no hubieran sido tratadas en la comisión de investigación de los cursos de formación” sustanciada en la legislatura anterior, según apostillan desde el grupo de IU y Podemos.

Este voto particular critica también el “final atropellado de la comisión para ajustarlo al final de la legislatura”, y al respecto considera “evidente que el plan de las derechas parlamentarias era mantener viva la comisión durante toda la legislatura”, y, por ello, han “impuesto un cambio en el plan de trabajo para que el dictamen se pueda votar en la última sesión plenaria de abril”, ante la posibilidad de una inminente convocatoria electoral por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En esa línea, desde Unidas Podemos sostienen que la actividad de la comisión se ha visto “prorrogada artificialmente” y ha estado “pensada para la espectacularización y el ventajismo político”, así como señalan que el dictamen “compromete gravemente la verdad parlamentaria”, porque “está plagado de juicios de valor absolutamente tendenciosos y afirmaciones que no tienen soporte ni en documentos ni en testimonios directos nítidos y contundentes”.

Además, Unidas Podemos critica en su voto particular que “no se ha acotado el perímetro de investigación” en la comisión, “produciendo una nueva versión de lo ya investigado” en la comisión sobre los cursos de formación, que “conoció, valoró y se pronunció de forma muy significativa sobre muchas cuestiones relacionadas con la Faffe”.

“INTOLERABLES CORRUPTELAS Y MALAS PRÁCTICAS”

De igual modo, al hilo del asunto en sí de la comisión de investigación, el grupo Unidas Podemos por Andalucía sostiene que “en la primera década de este siglo” se produjeron y “acumularon” en la Administración de la Junta de Andalucía “un muy significativo volumen de prácticas irregulares que degradaron sus políticas y pervirtieron el ético uso de dinero público”.

“El epicentro de las irregularidades estuvo localizado en la Consejería de Empleo, resultando especialmente hiriente que los abusos se concentraran en los fondos destinados al empleo”, orientados a “proteger o formar a personas para mejorar sus opciones de empleabilidad”, o a “ayudar a empresas en dificultades o garantizar recursos a quienes terminaban abruptamente su vida laboral”, según abunda la confluencia de IU y Podemos en su voto particular.

El grupo de Unidas Podemos califica de “decepcionante” la reacción del entonces Gobierno socialista andaluz cuando comenzaron a conocerse esas irregularidades, “comenzando por negar o infravalorar los hechos hasta instalarse en un estar político que se caracterizó por mantener una actitud ausente y pasiva de lo que debería haber sido su responsabilidad: ofrecer al pueblo andaluz, y a quien lo representa, una explicación veraz y nítida de qué había pasado, y por qué había pasado”.

Al hilo, desde Unidas Podemos recuerdan la constitución de la comisión de investigación sobre el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, en la IX Legislatura, y otra sobre las subvenciones a la Formación Profesional para el Empleo (FPE), desde el 2002 hasta el momento de su celebración, en la décima legislatura, y subraya que en ambas fue “estudiada y valorada” la actuación de la Faffe, “especialmente en la segunda, ya que en gran medida el objeto de investigación estaba íntimamente ligado al papel desempeñado por la agencia a ser instrumento esencial en lo sucedido”.

En esa línea, y aunque reconoce que tras sustanciarse la comisión sobre los fondos de formación se conocieron “nuevos y lacerantes escándalos, especialmente la existencia de tarjetas opacas que facilitaban el dispendio de directivos de Faffe”, y “se comprobó que habían sido utilizadas para algo tan vergonzoso como el pago en un prostíbulo”, el voto particular de Unidas Podemos sostiene que el objetivo que perseguía el Consejo de Gobierno de PP-A y Cs cuando, en febrero de 2019, instó al Parlamento a crear la comisión de investigación sobre la Faffe “no era la búsqueda de la pura y simple verdad, ni la aplicación diligente de medidas que corrigieran de manera definitiva procedimientos viciados”.

“ESPECTACULARIZACIÓN” DE LA COMISIÓN

“El objetivo era otro” y tiene que ver con “la espectacularización de la comisión de investigación”, según Unidas Podemos, que al respecto lamenta que se hayan dedicado “tres años para sustanciar una comisión a todas luces alargada innecesariamente de haberse ceñido a su objetivo formal”, porque, “mucho antes de su cierre oficial, cualquiera de los grupos contaba con elementos de juicio más que suficientes para aportar un relato de lo sucedido y, sobre todo, para identificar los problemas que aún a día de hoy, la Junta padece en materia de transparencia, fiscalización y control de la distancia que separa las decisiones públicas atinentes al dinero público y su materialización concreta conforme es debido”.

Además, en estos tres años no se han adoptado “medidas preventivas y controles reforzados para prevenir conductas impropias y/o corruptas” por parte de la Junta, según critica el grupo de Unidas Podemos, que considera que “queda mucho trabajo al respecto”.

En cuanto al dictamen que se someterá a votación la semana que viene en el Pleno del Parlamento, desde la coalición de Podemos e IU advierten de que contiene “muchas” afirmaciones y “muchos juicios de valor” que “no van acompañados de reseña alguna a documento y testimonio que lo sustente, lo que desmerece el trabajo serio de una comisión de investigación”.

Además, “en muchos casos, cuando se hace referencia a los supuestos soportes probatorios, los mismos no son la documentación que ha recopilado la comisión de investigación, sino que se hacen reseñas a investigaciones judiciales cuya documentación no ha estado al alcance del Parlamento, o de reseñas periodísticas”.

Finalmente, desde Unidas Podemos insisten en señalar que en el dictamen de la comisión de investigación sobre la Faffe se citan materias y documentos ya “valorados en la comisión de los cursos de formación”, por lo que “se ha sentado el peligroso precedente” de que “sobre los mismos hechos y los mismos documentos el Parlamento de Andalucía ha sentado dos verdades parlamentarias distintas”.