La número dos de Griñán en Hacienda, la gran olvidada del caso ERE

José Antonio Griñán ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad durante su trayectoria política. Entre los más destacados, fue ministro del Gobierno de España en dos ocasiones: de 1992 a 1993 de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Seguridad Social de 1993 a 1996, ambos bajo la presidencia de Felipe González. Igualmente, fue presidente de la Junta de Andalucía desde abril de 2009 y hasta su dimisión en agosto de 2013, sustituyéndolo en el cargo Susana Díaz. Dentro de su partido, también ha desarrollado cargos de máxima responsabilidad, siendo secretario general del PSOE andaluz y presidente del PSOE. Su condena en el caso ERE, ratificada por el Tribunal Supremo, se circunscribe a su etapa como consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, cargo que ocupó entre los años 2004 y 2009. No se pone en cuestión su dilatada trayectoria política, sino su actuación –o más bien falta de ella, según entienden los tribunales– cuando ocupó el cargo de máxima responsabilidad en la Consejería encargada de las cuentas públicas de Andalucía durante la década en la que se repartieron sin control 680 millones de euros para pagar prejubilaciones en empresas que presentaban expedientes de regulación de empleo así como ayudas a directas a sociedades en crisis.

La estrategia de defensa del expresidente andaluz en este caso, en líneas generales, siempre se ha basado en que la Consejería de Hacienda no tenía superioridad jerárquica con respecto al resto de departamentos del Gobierno andaluz y que no fue el centro directivo donde se produjo el gasto. La actividad subvencionadora sin respetar el procedimiento legal establecido se produjo en las consejerías de Empleo principalmente y, más tarde también, en la de Innovación. De hecho, la empresa pública instrumental que sirvió para pagar los ERE, la Agencia IDEA –anteriormente IFA– no estaba adscrita a la Consejería de Hacienda.

Además, difícilmente pudo Griñán cometer malversación cuando no era el responsable del gasto. Esta siempre ha sido la teoría de su defensa y, a falta de la publicación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, es muy posible que las dos magistradas que han emitido un voto particular – Ana Ferrer García y Susana Polo García– puedan mantener esta teoría. De hecho, según anunció el Alto Tribunal, en dicho voto se considera que también deberían haber sido estimados parcialmente los recursos interpuestos por Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Griñán Martínez y que, anulada la sentencia de instancia, estos recurrentes deberían haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos. Un fallo en esta línea les hubiera evitado la cárcel y, por tanto, la petición de indulto ya no sería necesaria.

En este relato, llama la atención cómo en la defensa acérrima de Griñán se obvia por completo a Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera de Hacienda y, por tanto, mano derecha del expresidente en la época investigada. Los mismos argumentosque esgrimen los defensores del también expresidente del PSOE sirven para Martínez Aguayo, que, además, siempre dio muestras de gran lealtad.

De hecho, Martínez Aguayo declaró públicamente y ante el tribunal que fue ella quien recibió los informes de la Intervención General en la que alertaban de los problemas legales en la concesión de las ayudas y que nunca se los trasladó al entonces consejero porque entendió que eran simples discrepancias contables que no requerían su actuación.

Esta declaración en sede judicial no era nueva y ya la esgrimió públicamente, llegando a afirmar que eran más de 100 informes de Intervención los que pasaban por su mesa y que no se los leía, justificación que para algunos letrados no favorecía sus propios intereses.

Martínez Aguayo ha ocupado también cargos de responsabilidad y ha dirigido tanto el Servicio Andaluz de Salud como el Insalud. También ha sido consejera de Economía y Hacienda y de Administración Pública cuando Griñán ocupó la Presidencia de la Junta. Cuando puso fin a su carrera política retomó su profesión como médica.

Las penas a las que han sido condenados tanto Griñán como Martínez Aguayo son idénticas: 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por 15 años y dos días. El resto de altos cargos condenados a prisión –salvo el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez, con la misma pena–, tienen una sentencia más dura. Los argumentos para su posible indulto también son similares, más allá de que la trayectoria política del primero haya sido más exitosa. Aguayo cuenta con menos apoyos públicos, pero si el Gobierno concede el indulto, tendría muy difícil dejarla fuera de esta medida de gracia.