Sancionados por irregularidades más de 330 productores ecológicos

La Junta mantiene sanciones a más de 330 productores ecológicos por irregularidades en sus procedimientos productivos en recintos agrícolas y explotaciones ganaderas, así como a un total de 44 industrias instaladas en la comunidad.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se sirve del Sistema de Información de la Producción Ecológica en Andalucía (Sipea) como herramienta para controlar la certificación ecológica que reciben los agricultores que se decantan por este tipo de cultivo e industria, muy exigente en el cumplimiento de requisitos, para evitar que se produzca un fraude al consumidor. Y no solo eso, sino que a través de la misma se sancionan las irregularidades detectadas. En la actualidad, el sistema permite consultar la existencia de 333 productores «cazados» por no ajustarse a las normas. En concreto, hay tres tipos de sanciones en función de la infracción cometida. Así, en el registro público consultado por LA RAZÓN figuran un total de 83 suspensiones de certificación, lo que acarrea una prohibición temporal de la comercialización de todos los productos que lleven o vayan a llevar referencias al método de producción ecológico. El operador puede mantener la certificación concedida en su momento cuando resuelva las irregularidades que motivaron la suspensión. Y en el caso de operadores con más de un alcance (por ejemplo, uno que fuera al mismo tiempo productor agrícola y elaborador) la suspensión sólo afectará al alcance en el que se detectase la infracción.

También figuran en este registro 123 prohibiciones de comercialización vigentes. Se refiere, en este caso, al lote concreto de productos que lleve o vaya a llevar referencias de producción ecológica.

Y, en tercer lugar, existen 127 productores a los que se le ha retirado la certificación. Esto implica la prohibición de la comercialización de la producción e inhabilita la certificación concedida incluso cuando, a posteriori, se resuelvan las no conformidades. Es decir, supone la baja del registro y si el operador en cuestión deseara hacer uso de las referencias e indicaciones antes mencionadas, tendrá que iniciar un nuevo proceso de certificación transcurrido el periodo fijado.

Por provincias, es en Almería donde más infracciones se detectan tanto en suspensiones (32) como en retiradas de certificación (39) y prohibiciones de comercialización (20), aunque de estas últimas en la actualidad hay más en Granada. Llama la atención que el registro figuran como suspendidas explotaciones ganaderas del propio Ifapa, el instituto de investigación de la consejería, y la retirada de certificación a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) desde diciembre de 2020 y durante 36 meses.

Las irregularidades más habituales son: no mantener el periodo de conversión previsto para cada tipo de cultivo; la detección de plaguicidas y productos fitosanitarios que no cumplen con la normativa ecológica; la detección de sustancias no autorizadas por la autoridad competente; mantener producción ecológica y no ecológica de la misma especie de plantas cuyas variedades no pueden distinguirse fácilmente; procedencia de los animales de una explotación ganadera no ecológicos; o alimentar a los animales con piensos no ecológicos en periodo de excepción sin autorización.

El Gobierno andaluz ha iniciado el proceso de aprobación de una Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica. En el registro figuran 22.932 operadores ecológicos, por lo que los sancionados suponen apenas el 1,5%, lo que refleja el alto compromiso general de los agricultores andaluces.