Los jueces admiten que sus decisiones están sometidas a la crítica, pero están cansados de que cada uno de sus movimientos se interprete en clave política, como si estuvieran motivados siempre por intereses espúreos. Tras la decisión de la Audiencia de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que estimaron parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de exaltos cargos de la Junta condenados en el caso ERE, el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia del Congreso, Enrique Santiago (IU), lamentó que «el partido de las togas desacata abiertamente las sentencias del Tribunal Constitucional» y calificó su decisión de «fraude procesal ejecutado por los mismos magistrados que convocan huelgas políticas contra los poderes ejecutivo y legislativo». IU, que hace años hacía oposición con los ERE en Andalucía, ahora prefiere olvidar el asunto y atacar a los jueces que juzgaron el caso.

Por ese motivo, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, recordó ayer que «el Estado de Derecho funciona porque hay instancias y personas que no están de acuerdo, que recurren a los tribunales y, si no estás de acuerdo con una primera resolución pues acudes a la siguiente, sea la Audiencia o sea el Supremo». Y, dentro de esa normalidad democrática, «simplemente se ha planteado una cuestión prejudicial, que es un mecanismo perfectamente legítimo», afirmó.

Por ese motivo, instó a todos los portavoces políticos a respetar al poder judicial y «esperar la solución, pero no hay que verlo como un enfrentamiento institucional, sino simplemente como un despliegue de las propias capacidades que tiene uno y de la independencia judicial, que yo creo que es una parte importante del Estado de Derecho».

Con la decisión de la Audiencia de Sevilla se puede estar jurídicamente de acuerdo o no, pero se trata de un paso meditado. La Sección Primera ha elevado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para, entre otros motivos, «evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares» y «salvaguardar los intereses financieros de la UE».

El auto, fechado el 14 de julio, acuerda «suspender la tramitación de la causa, en lo que se refiere a la ejecución de los mandatos contenidos en las sentencias del Tribunal Constitucional, y respecto de los acusados a que se refiere esta cuestión prejudicial, hasta obtener la respuesta demandada» del TJUE.

El tribunal considera «imprescindible» el planteamiento de esta cuestión prejudicial «para que este tribunal nacional español pueda decidir sobre el requerimiento derivado» de las sentencias del TC, y todo ello «atendidas las dudas acerca de su adecuación al Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE» y con el fin de «evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares».

Por ese motivo, los magistrados argumentan que, «a la vista de lo que pueda resolver al respecto el TJUE», habrá que «dictar las oportunas sentencias» por las sentencias del TC o, «conforme a las dudas que alberga esta Sala acerca de su adecuación al Derecho Europeo y a la jurisprudencia del TJUE, deberá resolver como tribunal nacional encargado de aplicar las disposiciones del Derecho de la Unión».