El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería ha condenado al Ayuntamiento de Mojácar (Almería) a abonar 795.026,10 euros, más intereses legales y de demora, como justiprecio por la expropiación forzosa de una parcela de 2.204 metros cuadrados calificada como sistema general de espacios libres (SGEL-4) en el planeamiento urbanístico del municipio. La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, estima parcialmente el recurso interpuesto por cinco miembros de la familia propietaria de la finca registral 11.279, y declara probada la inactividad administrativa del consistorio tras haber transcurrido el plazo legal de seis meses sin ejecutar el pago fijado en marzo de 2024 por la Comisión Provincial de Valoraciones de Almería.

Según los hechos recogidos en la resolución, el expediente de expropiación se inició por ministerio de la ley en virtud del artículo 140 de la LOUA, después de que los propietarios solicitaran la expropiación forzosa en 2017 al no haberse ejecutado la previsión del PGOU de 2009. El procedimiento fue confirmado por la sentencia firme 99/2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Almería. A pesar de las solicitudes reiteradas de pago presentadas por los expropiados en junio y diciembre de 2024, el Ayuntamiento no abonó la cantidad determinada ni acreditó haber iniciado trámites presupuestarios suficientes. En su defensa, alegó imposibilidad material de pago por falta de consignación en el presupuesto vigente.

No obstante, la jueza concluye que la administración local no aportó ninguna prueba documental de que estuviera ejecutando actuaciones reales, y le recuerda que la obligación de pago del justiprecio es exigible conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, sin que la falta de crédito presupuestario exima del cumplimiento. La sentencia impone también el pago de intereses legales a partir del 13 de septiembre de 2024, fecha en la que vencía el plazo máximo de seis meses desde la notificación del justiprecio, y intereses de demora desde el 5 de abril de 2023, día en que se presentó la hoja de aprecio, al haberse superado también el plazo legal para fijar la valoración.

El fallo judicial ha obligado al Ayuntamiento de Mojácar a celebrar el pasado jueves un pleno extraordinario para aprobar una partida presupuestaria urgente de 1.044.000 euros con la que afrontar el pago ordenado, según ha confirmado a EFE el Grupo Municipal Socialista.

Desde esta formación han responsabilizado al equipo de gobierno del PP de provocar con su gestión que el municipio deba asumir ahora más de 200.000 euros en intereses, que no estaban previstos inicialmente. “Han puesto en riesgo las arcas públicas por su dejadez. Es más que criticable que, por no pagar a tiempo, ahora no tengamos ese dinero para arreglar calles o mejorar los servicios a la ciudadanía”, ha manifestado.

El grupo socialista ha dicho que el asunto podía haberse resuelto por vía negociada, y ha reprochado que el Ayuntamiento no haya buscado un acuerdo extrajudicial.

“El PP ha redactado recientemente un nuevo PGOU con el que podían haber compensado a la familia sin llegar a este punto”, ha criticado.

También ha cuestionado el impacto reputacional que deja este caso: “Una institución que pone trabas para no pagar y acaba pagando intereses con el dinero de nuestros bolsillos pierde prestigio. Es una irresponsabilidad”.