Un padre de Almería, Sebastián, acumula casi diez meses sin poder ver ni contactar con sus dos hijas, de 8 y 10 años, a pesar de contar con una sentencia firme de la Audiencia Provincial que le otorga la custodia compartida y de haber sido absuelto de la denuncia por amenazas que interpuso la madre.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso EFE, el origen del conflicto actual se remonta a diciembre de 2024, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Almería retiró la custodia exclusiva a la madre, R. M. L.H., y estableció un régimen compartido.

La sentencia alertaba entonces sobre "indicios" de que las menores vivían situaciones de "tensión" en el entorno materno y destacaba que la actual pareja de la madre se encuentra en prisión.

Apenas un mes después de este fallo civil, el 3 de febrero de 2025, la madre interpuso una denuncia penal contra Sebastián asegurando que este había amenazado a una de las niñas. A raíz de esta denuncia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó una orden de protección el 5 de febrero que suspendía cautelarmente el régimen de visitas.

Esta denuncia no es un hecho aislado en el historial judicial de la expareja. La defensa del padre ha acreditado que Sebastián ha sido absuelto sistemáticamente de anteriores procedimientos iniciados por la madre o su entorno.

En septiembre de 2022, se archivó una denuncia por malos tratos al no acreditarse los hechos, en noviembre de 2022, fue absuelto de un delito de quebrantamiento de condena y en julio de 2024 resultó absuelto de un delito de lesiones agravadas del que le acusaba la actual pareja de la madre.

En el procedimiento actual, el pasado 29 de abril, el Juzgado de lo Penal número 6 de Almería dictó nueva sentencia absolutoria, en la que el magistrado destacó la existencia de un "claro móvil espurio" por parte de la madre para paralizar la custodia compartida recién ganada. La sentencia ordenó el "cese de todas las medidas cautelares".

Pese a la absolución, la madre se ha negado reiteradamente a entregar a las menores en el Punto de Encuentro Familiar (PEF), alegando que la sentencia penal ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los informes del PEF de mayo de 2025 constatan la negativa de la madre a cumplir los mandatos judiciales. Tanto el Juzgado de Familia como la Fiscalía han emitido resoluciones instando a la progenitora a cumplir el régimen de visitas "en todos sus términos", sin éxito hasta la fecha.

La representación legal del padre, ejercida por el despacho de Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez, presentó en junio una demanda de ejecución forzosa solicitando el cambio de custodia ante la desobediencia reiterada. Sin embargo, en un auto fechado el pasado 14 de noviembre, el Juzgado de Familia ha decidido inhibirse del caso.

La magistrada argumenta que, dado que el recurso penal contra la última absolución sigue en trámite, la competencia vuelve a recaer en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Esta decisión ha sumido el caso en un bucle judicial que mantiene al padre apartado de sus hijas, dicen sus abogados.

Además, según han trasladado fuentes de la defensa a EFE, la actual pareja de la madre y conviviente habitual —aunque actualmente en prisión— tiene una orden de alejamiento en vigor respecto a la hija mayor de Sebastián por un episodio previo de agresiones.