Así cambió el protocolo para almacenar la droga en Andalucía

Lars Sepúlveda Madsen era funcionario del Cuerpo Nacional con número 76.120. Tal día como hoy de hace once años la prensa recogía la sentencia condenatoria del ex agente y sus cómplices por el robo de 138 kilogramos de droga de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental. El caso supuso un vuelco en los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de abordar la incautación y posterior destrucción de las sustancias estupefacientes, además de una herida abierta durante años con investigaciones de asuntos internos y algunos de los más reputados agentes en la lucha contra el narcotráfico en entredicho. Tras el caso, se prometieron unos depósitos judiciales y en la actualidad, según apuntaron fuentes policiales a LA RAZÓN, el protocolo ha variado al punto de que únicamente dos personas pueden entrar en «el búnker» donde se almacenan las sustancias intervenidas: el inspector y el fiscal. Sólo de 2011 a 2015 se destruyeron en Andalucía casi 600 toneladas de droga.

El robo del ex agente Lars fue el primero que saltó a la luz pública, pero no último. En Málaga, en 2011, desaparecieron 300 kilos en establecimientos de Sanidad Exterior custodiados por Interior en el Puerto. En Cádiz, en 2012, desaparecieron 290 kilos de un almacén y tardaron dos días en descubrirlo. Del Instituto de Toxicología de Sevilla desaparecieron 30 kilos de droga también en 2012. La noche de fin de año de 2013 robaron una tonelada en la aduana de Huelva. Tras ello, el Gobierno proyectó dos depósitos de droga en Sevilla y Cádiz y aceleró la quema de las sustancias para evitar casos como el de Huelva. Una respuesta del Gobierno a Vox en el Congreso en 2022 recoge que «el depósito de drogas de referencia de la provincia de Huelva está ubicado en el Área de Sanidad de Sevilla y cuando la capacidad de este depósito es insuficiente, la droga incautada en esta provincia se queda en dependencias de las Unidades aprehensoras. En el caso de la Guardia Civil, de manera provisional, se dejó en un depósito ubicado en la propia Comandancia de Huelva, con una capacidad que, hasta la fecha, ha sido suficiente. Por otra parte, en relación con el depósito temporal del puerto de Huelva, se han almacenado de forma excepcional».

«A partir del robo de la droga», señala el secretario regional del SUP Ángel Becerra, «se estableció un protocolo: en la Jefatura se hizo un búnker, con cámaras, que es donde se deposita la droga. Se autorizó que sólo y exclusivamente pueden bajar al búnker personas autorizadas, que son dos: el jefe de Judicial con el comisario provincial». Además, «no pueden entrar individualmente». «Cuando son cantidades grandes», como un reciente alijo de 11.000 kilos que se incautó en Sevilla Este, «agilizan al máximo las diligencias y se pide al juzgado la destrucción», que se hace en las cementeras disponibles o «cuando son cantidades excesivamente grandes parte se manda a Farmacia y también las destruye». «Se activaron las medidas necesarias», señala el SUP.

De los 154 kilos que se calcula que desaparecieron de la Jefatura, los condenados respondieron por 138. Faltaba alijo y medio. La sentencia habla de «terceras personas». Se trata de fardos manipulados por los agentes en las operaciones y por los narcos y podían contener huellas con facilidad. Lo que no se explica son restos en la parte interior de los «tarugos». Por evidencias de este tipo, el tribunal habló de más cómplices. Fardos de las operaciones Oasys, Cunini, Markara, Tixe, Piloto y Gran Vía fueron afectados por los robos continuados, realizados durante años. Lars podía acceder «al calabozo donde se guardaba la droga mediante el juego de llaves que tenía en exclusiva el jefe de la unidad, y que era entregado a funcionarios que por razón de su trabajo necesitaban entrar». Lars hizo copia de las llaves, de manera que podía entrar al carecer de «cualquier otra medida de seguridad» pero con el caso se conoció que hasta las limpiadoras entraban en el depósito. El robo se conoció cuando un juez pidió un contraanálisis y resultó que lo almacenado era yeso. Más de media docena de presuntos narcos quedaron libres por falta de pruebas.

Pasaba el tiempo, la droga desaparecía sin que nadie se percatara y el nivel de vida de los implicados subía exponencialmente. Pisos, automóviles, garajes... Lars montó un negocio de compraventa de motos de lujo. Hacía ya tiempo, el jefe de la unidad, F. T. -que vivió un calvario, investigado y apartado, acusado y a punto de ir a prisión preventiva– tenía «enfilado» a Lars por su laxa profesionalidad. El policía abandonó el Cuerpo por la presión de su jefe, antes de conocerse los robos. El agente Lars se convirtió en el empresario Sepúlveda Madsen. Al mismo tiempo, se vivió una «caza de brujas» de Asuntos Internos. Sólo un agente de la que fue la unidad de más prestigio continuó. Nadie quería entrar en la Udyco. La sentencia señala que «la ínfima seguridad de dicho calabozo y sus aledaños" era "patente, ya que carecían de cámaras, incluso de luz, por lo que los funcionarios para ver el contenido de los paquetes de droga tenían que utilizar una linterna, extremos que facilitaban la clandestinidad necesaria para realizar los cambios».

El robo que tuvo en shock a la Jefatura Superior en Andalucía Occidental se saldó con la condena de 17 años de prisión para el principal acusado, el que fuera agente Lars Sepúlveda Madsen; de 15 años y medio para su cómplice, Manuel Alonso Núñez; y cinco y dos años para sus respectivas parejas, Teresa Márquez y Violeta Sánchez, por su colaboración en el crimen.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla dictaminó que Lars Sepúlveda Madsen fue el «autor responsable» de los delitos de robo continuado». El tribunal presidido por Javier González –el juez del «caso Marta del Castillo»– consideró probado que el ex agente de la Udyco se hizo con una copia de la llave de los calabozos donde se guardaba la droga, «que carecía de cualquier otra medida de seguridad», situando los robos entre finales de 2006 y septiembre de 2009. El fallo señalaba que los acusados –«Lolo» y su esposa, principalmente– elaboraron paquetes con «azúcar, yeso y/o cacao» que Lars Sepúlveda sustituía en la Jefatura de Sevilla por los fardos incautados en operaciones policiales, en los que se halló restos de ADN y huellas de los condenados. Se aludió a indicios «anónimos», por lo que se consideró que «han participado también terceras personas» en la trama. «Toda la droga así obtenida fue vendida a terceras personas que no han podido ser identificadas», sigue el auto. Los procesados obtuvieron «un notable incremento de sus patrimonios». En concreto, «Lolo» y Violeta, «en 720.278 euros»; y Lars, casado en gananciales y poniendo propiedades a nombre de Teresa, «en 280.080 euros», adquiriendo un motovelero, una moto BMW y un Mercedes. La esposa del ex agente, abogada, «colaboró a ocultar el incremento patrimonial». El propio cómplice de Lars reconoció que «elaboró más de 150 paquetes», la mayoría de veces en su vivienda de Alcalá del Río, y que «iban a ser cambiados por droga». En ocasiones, los paquetes se entregaban en las cercanías de la propia Jefatura. En la Instrucción también se mencionó la posible utilización de droga para el pago a confidentes.