Cada andaluz recibe 186 euros menos de financiación del Gobierno

El actual modelo de financiación fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 15 de julio de 2009, a través del Acuerdo 6/2009, de reforma del sistema de financiación autonómica. Políticamente, fue un pacto entre el Gobierno de Zapatero y ERC que sumaba más dinero al sistema y permitía a todas las regiones de régimen común –País Vasco y Navarra gozan del régimen foral– disfrutar de más fondos para la prestación de servicios. El problema es que su aplicación ha generado numerosos problemas y ha condenado a cuatro comunidades autónomas a recibir menos dinero por habitante que la media: Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Ese modelo sigue vigente, aunque, en teoría, debió reformularse en 2014. La realidad es que no se ha tocado y desde entonces, las comunidades peor financiadas acumulan una deuda –dinero sin recibir– que, en el caso de Andalucía asciende a 10.073 millones menos entre 2009 y 2021. Teniendo en cuenta que el Gobierno liquida esa cantidad con dos años de retraso, la cifra supera ya ampliamente los 12.000 millones.

Ese dinero no es del Gobierno de España, sino que corresponde a las comunidades autónomas. Básicamente se obtiene de la participación en el IRPF, que el sistema vigente aumentó del 33 al 50%; la participación en el IVA, que pasó del 35 al 50%; y la cesión en los impuestos especiales de fabricación, que aumentó del 40 al 58%. Por tanto, es dinero que se genera a través de los impuestos que pagan los ciudadanos, los recauda el Estado y este se los cede a los gobiernos autonómicos para que puedan prestar los servicios de los que legalmente son responsables, fundamentalmente educación, sanidad y servicios sociales.

El actual modelo introdujo el concepto de «población ajustada» como unidad de necesidad de gasto para que los ciudadanos recibieran los mismos servicios públicos independientemente de donde residieran. Este concepto parte de la cifra de población de derecho y la pondera en base a una serie de variables poblacionales relevantes en términos de necesidades de financiación de las comunidades autónomas —población protegida, grupos por edades, superficie territorial, dispersión de población e insularidad—.

La realidad es que Andalucía recibe 130 euros menos por habitante, si se tiene en cuenta la población ajustada, y 186 euros menos en el caso de que se tome como referencia la población de derecho.

Por tanto, cada vez que se habla de financiación autonómica en el debate político, hay que circunscribir el asunto al dinero que debe recibir cada ciudadano para que la administración autonómica pueda prestarle los servicios públicos esenciales en igualdad de condiciones en toda España. O lo que es lo mismo, si una comunidad autónoma recibe más dinero podrá prestar mejores servicios en detrimento de aquella que percibe una cantidad menor.

Ante la posibilidad de que el debate sobre financiación autonómica sea clave para conformar el nuevo Gobierno en España y se premie a comunidades como Cataluña, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, recalcó ayer que es «fundamental que el Gobierno acometa la reforma del sistema de financiación autonómica lo antes posible», pero que lo haga a través de un acuerdo con todas las comunidades afectadas.