Tribunales

Macrojuicio a «los Castañas»: acuerdo con 62 imputados y 20 libres por falta de pruebas

El clan de Los Castañas, con más de 150 encartados de los que siguen 75 en sala, se enfrenta a cerca de 2.000 años de prisión por dirigir el tráfico de hachís en el Estrecho

Según una llamada telefónica interceptada por la Guardia Civil a Denis Sarro, capo italiano de la Ndrangueta enviado al sur de España, el de los Castañas se consideraba el «clan más fuerte en traficar hachís de Europa». En la Sección de Algeciras de la Audiencia de Cádiz, tras meses adecuando las instalaciones para un juicio de esta envergadura, arrancó el que pasa por el caso de narcotráfico con más imputados de la historia de España: casi 160 personas encartadas con peticiones de penas que se aproximan a los 2.000 años entre todos. La jornada comenzó, a la espera de las cuestiones previas, con las diversas conformidades con las penas. Los acuerdos entre las defensas de 62 encausados, que reconocen los hechos, rebajaron el grueso de personas en los banquillos, repartidos en varias salas. Estas personas ya no tendrán que volver hasta el veredicto, previsiblemente, para junio. La Fiscalía, asimismo, retiró la acusación a otra veintena de personas, por falta de pruebas. Estas negociaciones retrasaron un par de horas el inicio del juicio.

El juicio se circunscribe a partir de ahora a 75 personas. El cabecilla responde al nombre de Antonio Tejón, líder de los Castañas, que se enfrenta a 15,5 años de prisión por delitos contra la salud pública, contrabando, pertenencia a banda criminal y receptación. Tejón llegó al juicio en furgón policial desde la cárcel. La Fiscalía Antidroga tras cumplirse dos años en prisión preventiva solicitó el pasado mes de septiembre la prórroga para su permanencia en prisión hasta la celebración del juicio para el supuesto líder del clan, alegando la peligrosidad de los delitos, la reincidencia y el riesgo de fuga. En la misma situación hay tres personas más, entre ellos el considerado como el número dos de la organización, Óscar R., cuyo abogado señaló en la vista que no responderá a la Fiscalía y sólo contestará a su defensa.

Macrojuicio contra el clan de Los Castañas
Macrojuicio contra el clan de Los Castañas Nono RicoEuropa Press

La Fiscalía Antidroga había solicitado penas que suman 1.787 años de prisión y 15.188 millones de euros en multas para Antonio Tejón, «el Castaña», y los colaboradores con los que, incluso cuando estaba en prisión, logró tejer una red con una «incesante» actividad para introducir alijos de hachís en las costas andaluzas desde Marruecos capaz de operar hasta durante el confinamiento por la pandemia del covid, recogió Efe.

La Junta de Andalucía ha invertido más de 150.000 euros para adaptar la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, su sede en Algeciras, de cara a este juicio. El macrojuicio, de hecho, se ha retrasó por las dificultades para encontrar sede. El tribunal deberá valorar una reducción de las condenas por dilación indebida, según solicitan las defensas. Antonio Tejón y tres de sus supuestos colaboradores más estrechos siguen en prisión provisional a pesar de que en septiembre de 2022 se cumplieron los dos años marcados por la ley como máximo.

La vista se reanudará, por fin, con las cuestiones previas para enjuiciar una de las mayores operaciones contra el narcotráfico desarrolladas por el grupo OCON-Sur de la Guardia Civil, denominada «Desmantle», en referencia al desmantelamiento del «clan de los Castañas» o «los Castañitas».

Seis en rebeldía y uno en busca y captura

Mientras un total de 62 de los 157 acusados del macrojuicio en Algeciras contra el clan de «los Castaña» alcanzaron acuerdos con la Fiscalía Antidroga admitiendo los delitos para lograr una rebaja de condena y otros 20 acusados quedaron libres sin cargos por falta de pruebas, seis de los acusados fueron declarados en rebeldía por la jueza de la Sala de Algeciras de la Audiencia de Cádiz en rebeldía y un séptimo pasará a estar en busca y captura al no haber comparecido ante la Sala a pesar de su citación. Según fuentes jurídicas, la mayor parte de los acuerdos corresponden a penas de dos años de prisión para integrantes de los escalafones inferiores del clan.