Política
Denuncian el reparto «partidista» de fondos en la Diputación de Cádiz
El Ayuntamiento de Vejer ve presunta prevaricación y advierte de que muchos municipios están siendo «infrafinanciados»
La tensión política en la Diputación de Cádiz ha alcanzado su punto más alto. La semana pasada, los diputados provinciales del PSOE abandonaron el pleno de la institución tras impedirse el acceso a varios alcaldes socialistas que acudían como público. La Presidencia alegó un «problema de aforo», pero el gesto ha encendido una disputa que va mucho más allá de un incidente protocolario. «Nos gustaría saber por qué motivo a los alcaldes y alcaldesas no se les ha permitido entrar», reprochó el portavoz socialista, Javier Pizarro, también alcalde de Alcalá de los Gazules.
El episodio ha actuado como detonante de una queja que se venía incubando entre los regidores socialistas de la provincia, que denuncian lo que consideran un «reparto partidista» de los fondos provinciales y una «falta total de diálogo» con la actual presidenta, Almudena Martínez del Junco.
El alcalde de Vejer, Antonio González, fue uno de los primeros en levantar la voz. Recientemente acudió al pleno con un cartel con el lema «Vejer existe», un gesto simbólico con el que quiso visibilizar la «marginación institucional» de su municipio.
«Es notorio y conocido que no es solo con Vejer, sino con muchos más municipios que están siendo infravalorados e infrafinanciados por la Diputación», afirma González. Según explica, el problema radica en el uso reiterado de modificaciones presupuestarias para conceder subvenciones nominativas «a dedo» a ayuntamientos gobernados por el PP o formaciones afines.
«La Diputación está utilizando un mecanismo que debería ser excepcional como si fuera ordinario, y eso no solo es peligroso, sino que podría ser ilegal», advierte.
De hecho, el Ayuntamiento de Vejer está ya estudiando jurídicamente la posibilidad de presentar una denuncia contra la Diputación por el reparto de estos fondos, al considerar que podría tratarse de una «presunta prevaricación como un camión de grande».
González asegura que su municipio, con 13.000 habitantes y 22 núcleos rurales, «no ha recibido ni un euro» de los fondos extraordinarios aprobados en los últimos meses. «He sido diputado provincial y jamás había visto una falta de empatía tan grande con los pueblos pequeños», lamenta.
En la misma línea se expresa Carlos García, alcalde de Grazalema, quien considera que la Diputación «está consolidando un trato discriminatorio» hacia los ayuntamientos gobernados por el PSOE. «El reparto es absolutamente injusto y está creando municipios de primera y de segunda», sostiene. García asegura que su ayuntamiento ha presentado proyectos estratégicos –como la construcción de un aparcamiento disuasorio o la mejora de senderos públicos– sin recibir respuesta alguna. «No hay manera de que te atiendan el teléfono. No existe diálogo. Y mientras tanto, se aprueban modificaciones millonarias que benefician siempre a los mismos», lamenta.
La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, coincide en la denuncia. «La Diputación debería velar por los municipios menores de 20.000 habitantes, pero lo que estamos viviendo es una injusticia tan clara, tan evidente, que roza lo indecente», afirma. Palma asegura que lleva meses intentando conseguir una cita con la presidenta para abordar temas «urgentes» de su municipio.
La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, rechaza las acusaciones y defiende el trabajo «transparente y equilibrado» del equipo de Gobierno. En su opinión, el PSOE «retuerce la realidad» al centrarse en las subvenciones nominativas a ayuntamientos, «sin tener en cuenta que también se aprueban ayudas a entidades empresariales, culturales y sociales que benefician a toda la provincia».
Martínez del Junco recuerda que entre enero y septiembre se han aprobado más de 14 millones de euros en subvenciones de carácter social y económico, y que los municipios gobernados por el PSOE «son precisamente los que más fondos han recibido».
«Los ayuntamientos socialistas han percibido 13,6 millones de euros, frente a los 12 millones de los del PP, 7,3 de los de Izquierda Unida o los 445.000 de La Línea 100x100», detalla. A su juicio, las cifras «avalan un reparto igualitario» y desmontan cualquier sospecha de favoritismo político. «Aquí no hay discriminación ninguna», defiende la presidenta de la institución supramunicipal.
