La Faffe fraccionó contratos por casi 10 millones para evitar los controles

El «caso Faffe» recoge el manual de casi todas las corrupciones en las que se vio envuelto el PSOE de Andalucía. En la práctica, la fundación actuaba como agencia de colocación con 1.200 empleados y muchos de ellos enchufados, según se señaló en las comisiones de investigación y corroboran los atestados de la UCO, con el descaro de que muchos de los enchufados ni iban a su puesto o se pasaban la jornada leyendo la prensa, motivo por el que ya ha sido condenado algún ex alcalde y el ex director del ente (quien también fue condenado por el pago con dinero público en prostíbulos). Se habló hasta de siestas por parte de ex regidores recolocados. Con los fondos de la Faffe se pagaban comidas en la Feria -la Guardia Civil apuntó a facturas falsas endosadas al servicio de cátering de la caseta de UGT–, como se puso de manifiesto en el juicio; y se habrían producido anticipos de la caja de hasta mil euros para viajes que nunca se hicieron, con fondos de la misma caja de los ERE, el fondo de reptiles que acuñó el ex director de Trabajo. Javier Guerrero, fallecido durante el caso ERE esperando los recursos y que permaneció en su cargo una década. El ex director de la Faffe Fernando Villén también se perpetuó en su puesto. La Guardia Civil en sus atestado apunta que la Faffe nació como un «sistema paralelo» de la Consejería de Empleo para beneficiar a empresas afines y burlar los controles, además de para el enchufismo. Algunas de las sentencias de las diferentes ramas del caso recoge el clima de impunidad del Gobierno socialista, sobre todo en organismos de empleo. La Faffe se creó en 2003 para supuestamente impulsar el tejido productivo andaluz a través de iniciativas de formación de trabajadores, orientación laboral y asistencia técnica a las empresas, según su escritura de constitución, y ha acabado con condenas a a sus dirigentes por, entre otras cosas, malversación en concurso medial y falsedad en documento oficial.

En los últimos atestados que se han conocido se corrobora que la Faffe fraccionó contratos para evitar controles y burlar las normas de la UE, al menos entre 2009 y 2011. Sólo uno de esos programas ascendería a cerca de 2 millones de euros y en total se acercan a 10. El informe de la Guardia Civil incluye correos electrónicos de los directivos del ente, algunos de ellos ya condenados en diferentes piezas, como Ana Valls o Manuel Villén.

«Con este importe no hay manera de legalizar la contratación, ni aún fraccionándolo. A ver si podéis haceros con tres ofertas y montar un negociado sin publicidad», recogería un correo electrónico citado por la UCO. El modus operandi consistiría en que una sociedad privada daba de alta en la Seguridad Social a la persona interesada y se redactaba el contrato con la Faffe sin que "permitiera encuadrarlo en alguna subvención". "Bajo el amparo legal del citado contrato, la fundación le transferiría el importe necesario a la sociedad para pagar la nómina del trabajador, más un porcentaje, que habría rondado el 15%, como beneficio para la empresa". "Buenas tardes, María del Mar. Para el tema de la contratación que hemos hablado, la cantidad del contrato laboral de la persona es la que tú me enviaste en el Excel, y la cantidad final del encargo de servicio que hacemos a la fundación es incrementada en un 15%". En estos términos se explica uno de los correos enviados por el jefe de proyectos de la empresa Proyempleo con fecha de junio de 2010 a la directora adjunta de Administraciones Públicas de la Faffe María del Mar F. P.. "Quedaría de la siguiente forma: Coste trabajador: 1.326,39€. Incremento por encargo: 234,07€. Total coste por encargo: 1.560,46€", señala el informe. La UCO concluye que contrataciones de este tipo no responderían "a ninguna necesidad específica de cubrir algún puesto de trabajo por parte de Proyempleo SL".

El atestado 37/2024 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, contenido en el Tomo XIII del sumario del caso Faffe, que instruye el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Sevilla, recoge el vaciado de correos electrónicos y apunta al fraccionamiento como fórmula de eludir controles.

"ENCHUFISMO"

La Fiscalía Anticorrupción señaló en su día, durante la última jornada del juicio por la presunta contratación irregular de un exalcalde socialista en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que la Faffe se convirtió en un "lugar para el enchufismo" y "colocar afines" al poder de entonces. "Se contrataba al libre arbitrio de Villén", indicó el representante del Ministerio Público, quien ha recordado que este ente de la administración autonómica debió seguir los principios constitucionales de mérito y capacidad, igualdad y publicidad para el empleo público.

Entre los "fichajes" de la Faffe estarían la mujer del portavoz del PSOE en el Senado y ex líder del PSOE andaluz Juan Espadas e, incluso, la sobrina del ex líder de UGT Cándido Méndez.

«De nuevo estaríamos ante otra supuesta contratación discrecional donde la Faffe habría obviado la convocatoria de un proceso de selección con todas las garantías normativas para la contratación de Candelaria, es decir, la Fundación, a pesar de pertenecer al sector público, efectuaría las contrataciones como si se tratase de una entidad de carácter privado», señala la UCO de la Guardia Civil en relación a la sobrina del que fuera durante más de dos décadas secretario general de UGT, Cándido Méndez.

El atestado de la Unidad Central Operativa que analiza 85 presuntos enchufes –84 al haber un fallecido durante el proceso– incluye, entre otros, a la mujer del portavoz del PSOE en el Senado y ex líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, y a Candelaria María Aparicio Méndez, sobrina del histórico sindicalista. La relación de investigados la facilitó en principio el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en su denuncia. Candelaria María Aparicio Méndez, adelantó Diario de Sevilla, trabajó para la Faffe en cuatro periodos, no de forma continuada, entre 2004 y 2011, fecha de la extinción de una Fundación señalada por el «enchufismo» además de por el gasto –juzgado y condenado– de su ex director genral Fernando Villén de dinero supuestamente destinado a los parados en clubs de alterne. Según los investigadores, en la vida laboral de la sobrina de Méndez no consta otro trabajo o experiencia más allá de la Faffe y posteriormente el SAE cuando absorbió a la fundación señalada.

La UCO no ha localizado documentación que acredite que la sobrina de Méndez, licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén, pasara un «proceso selectivo». «Presumiblemente y en base a lo analizado, éste no se ha llevado a cabo, lo que podría, en su caso, suponer la existencia de una contratación irregular y absolutamente discrecional».

El atestado, de 719 folios, viene precedido de uno previo analizando miles de correos internos relacionado con la contratación de afines al PSOE, llegando a reproducirse en alguno de ellos la palabra «enchufes». La mujer de Espadas, licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales y que en la Instrucción se acogió a su derecho a no declarar, señaló en la comisión de investigación celebrada en el Parlamento que entró en la fundación «en un día» tras enviar su currículum después de ver un anuncio en un periódico, además de que trabajaba con WordPerfect en lugar del Hermes que se usaba en la administración. Los diputados concluyeron que había un contubernio socialista y que el PSOE utilizaba la Faffe como «agencia de colocación». El nuevo informe apunta que aunque se publicó en prensa el anuncio, como ella declaró, Ibanco remitió directamente el 27 de enero de 2007 su currículum por correo al director de Recursos Humanos de la Faffe. Los agentes ven indicios de que esto «pudiera denotar, a priori, la privilegiada posición que de partida poseía la investigada frente al resto de los interesados en las diferentes ofertas de trabajo». Según la UCO, no se mencionaba en la oferta el envío del correo aunque, a diferencia de otros casos, en esta ocasión la Faffe «sí habría cumplido con el primer requisito previo referente a la publicación de una oferta genérica publicitada en periódicos, a diferencia de la mayoría de los expedientes de contratación estudiados». Se presentaron cinco personas y fueron contratadas todas. La única prueba era una «entrevista personal» y de las 13 fases del proceso de selección tipo de la Faffe «sólo hay constancia de haber realizado hasta la cuarta fase (preselección de los currículos), no habiéndose encontrado ninguna referencia al cumplimiento ni desarrollado del resto».