«Caso Faffe»: ocho años de enchufismo del PSOE andaluz

En el año 2011 la empresa Airbus donó a la Junta un C212 para la formación de desempleados. El avión quedó relegado en una nave y acabó adornando una rotonda de La Rinconada (Sevilla). Poco después, se desmantelaba la Faffe –siglas de Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo– bajo la sombra de la corrupción, las irregularidades, la falta de transparencia y el nepotismo. El ente existió entre 2003 y 2011, con la Junta bajo mandato socialista, cuando fue disuelto e integrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que absorbió su estructura.

El «caso Faffe», así como el de los ERE, supone el epítome a modo de gota malaya constante que rebosa el vaso de las corruptelas. Durante tres décadas y media, en el seno de la Junta de Andalucía se tejió un sistema clientelar en el sacro nombre de la «paz social» y un engranaje de enchufismo que pervirtió hasta la raíz al partido que lideró el autonomismo en Andalucía con tal caudal de apoyo popular como para «obligar» al Estado a igualar a la comunidad andaluza como territorio histórico con el alto abolengo de enclaves parapetados sobre la diferencia de sus lenguas como País Vasco, Cataluña y Galicia. El «caso ERE» iba de compra de voluntades y «criaturitas» y el «caso Faffe» de nepotismo y unos grados de impunidad entre los altos cargos socialistas al punto de gastar fondos de una fundación supuestamente creada para ofrecer oportunidades a los parados -en una de las regiones con mayor desempleo de España- en prostíbulos varios, simulando incluso la devolución de estos fondos.

La campaña electoral del PP-A de las elecciones de diciembre de 2018 arrancó en uno de estos prostíbulos: el Don Angelo, que ahora es una Farmacia 24 horas. El ex director de la Faffe Fernando Villén defendió hasta que no tuvo más salida que pagó de su bolsillo las juergas o que reintegró los fondos. Ha sido condenado a seis años de prisión y la ex directora financiera del ente Ana Valls a cinco años y tres meses de cárcel. La jueza Alaya descartó la versión del acusado: «Queda patente que la contumacia y frecuencia con la que el acusado disponía de los fondos públicos para gastos en prostíbulos, de elevadas cantidades en ocasiones, que además simultaneaba con gastos de recursos propios en los citados locales, incluso con coincidencias de fechas, es incompatible con la idea de la disposición de los caudales públicos de forma transitoria, pues la situación descrita lo que pone de manifiesto es que en las fechas enjuiciadas el acusado tenía una afición descontrolada por este tipo de establecimientos», dice la sentencia.

El caso enlaza con el dinero de los ERE gastado en cocaína y alcohol por alguno de los condenados a los que, paradójicamente, la Junta de Andalucía tiene que pagar ahora sus defensas. La Junta también indemnizó con 42.866 € al ex director de Faffe vinculado a puticlubs. Al dejar el puesto en 2011 recibió esa cuantía que correspondía al pago de los 20 días por año trabajado más un finiquito. En 2018 acabó investigado por el presunto uso irregular de tarjetas de la fundación. Villén cargó con su tarjeta oficial 32.566 euros en cinco prostíbulos de tres provincias andaluzas entre 2004 y 2010. En el Don Angelo de Sevilla realizó hasta 15 pagos por valor de 14.737 euros entre las 20:57 del 22 de marzo de 2010 y las 2:43 horas del día 23, el mismo día que había sido cesado el consejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión por los ERE. La oposición siempre ha hablado de una suerte de homenaje. Ha quedado demostrado que Villén con ayuda de Valls simuló la devolución del dinero. «Cuando uno está en un lugar de esos, toma copas y eso afecta a las facultades», alegó en el juicio. En el Don Angelo se gastó 25.277 euros; en el Top Show Girls Electro Dance: 2.591 euros; en La Casita, 780 euros; en la Sala Delux, Pub “La Movida” de Córdoba: 1.390 euros; y en el Bahía de Chiclana, 1.931 euros.

El Gobierno socialista, tras décadas de mayorías sin contestación, estaba fuera de toda medida. Si no había documentación para una ayuda, se anotaba en un post-it para «agilizar». Así se llegó a la partida 31L. La Junta admitió que pagó ayudas sin expedientes ni solicitudes. Y si presuntamente había que colocar a compañeros de partido, se creaban agencias ad hoc. La mujer del actual líder del PSOE-A, Juan Espadas, señaló en la comisión de investigación celebrada en el Parlamento que entró en la fundación «en un día» tras enviar su currículum después de ver un anuncio en un periódico, además de que trabajaba con WordPerfect en lugar del Hermes que se usaba en la administración. Los diputados concluyeron que había un contubernio socialista y que el PSOE utilizaba la Faffe como «agencia de colocación».

La corrupción sistémica se instaló en los satélites del PSOE. ¿Cuál era el modus operandi? El «caso Faffe» recoge el manual de casi todas las corrupciones en las que se vio envuelto el PSOE-A. En la práctica, la fundación actuaba como agencia de colocación con 1.200 empleados y muchos de ellos enchufados, según se señaló en las comisiones de investigación, con el descaro de que muchos de los enchufados ni iban a su puesto o se pasaban la jornada leyendo la prensa. Se habló hasta de siestas por parte de ex alcaldes recolocados. Con los fondos de la Faffe se pagaban comidas en la Feria -la Guardia Civil apuntó a facturas falsas endosadas al servicio de cátering de la caseta de UGT–, como se puso de manifiesto en el juicio; y se habrían producido anticipos de la caja de hasta mil euros para viajes que nunca se hicieron, con fondos de la misma caja de los ERE, el fondo de reptiles que acuñó el ex director de Trabajo. Javier Guerrero, fallecido durante el caso ERE esperando los recursos, permaneció en su cargo una década; Villén también se perpetuó en su puesto. La Guardia Civil en sus atestado apunta que la Faffe nació como un «sistema paralelo» de la Consejería de Empleo para beneficiar a empresas afines y burlar los controles, además de para el enchufismo, ya que la Benemérita calculó que de los 1.200 empleados que llegó a tener la entidad, alrededor de 200 eran enchufados, como un ex alcalde socialista de Lebrija o el de Montellano. La sentencia recoge el clima de impunidad del Gobierno socialista, sobre todo en organismos de empleo. La Faffe se creó en 2003 para supuestamente impulsar el tejido productivo andaluz a través de iniciativas de formación de trabajadores, orientación laboral y asistencia técnica a las empresas, según su escritura de constitución, y ahora se condena a sus dirigentes por un delito continuado de malversación en concurso medial y de falsedad en documento oficial.

¿Influyó la trama en las elecciones que ganaba el PSOE cada cuatrienio? Cuando los ex presidentes socialistas fueron citados a la comisión parlamentaria, Susana Díaz señalo que ella «no estaba»; con Chaves se montó un número, con enfrentamiento con el presidente de la comisión; y Griñán no acudió. «La conclusión más importante es que la Faffe nunca debió existir», señalaron los diputados en la propuesta de dictamen, sin confirmar después por convocarse comicios. Se le atribuyó «responsabilidades políticas» a los tres ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía. Dinero público gastado en prostíbulos, una «larga red clientelar de enchufados socialistas», «amaño de contratos» con empresas amigas que se pagaban con subvenciones para tener personal externo y evitar el límite de asesores, pago de precios «desorbitados » por alquileres de sedes o una gestión «fraudulenta» de consorcios. Son algunas de las prácticas habituales en la extinta Faffe y que componen, a juicio del PP, el «manual de la corrupción socialista».El PSOE denunció que la comisión fue un «paripé y una manipulación», como parte de una estrategia electoral con intenciones espurias. Tras la sentencia contra Villén y Valls, el líder del PSOE-A, Juan Espadas, sí señaló que espera que se pueda “definitivamente zanjar” un tema que “evidentemente” es “muy vergonzoso”. Los delitos prescriben antes que las heridas.