El gasto sanitario se desboca en todas las autonomías y supone uno de cada tres euros del presupuesto

El Presupuesto andaluz para 2025 será el mayor de su historia con 48.836 millones de euros y destinará 15.247 millones a la sanidad pública, un 31,2 por ciento del total. Por poner en contexto las cifras, las últimas cuentas públicas que aprobó un Gobierno socialista, las de 2018 –con María Jesús Montero como consejera de Hacienda–, alcanzaron los 34.759,5 millones de euros, de los que Sanidad tenía una dotación de 9.809 millones un 28,15 por ciento. El grueso de esta cifra iba para el Servicio Andaluz de Salud, que contó entonces con el mayor presupuesto de su historia, concretamente, 9.013 millones de euros.

El año que viene se destinarán a a la atención primaria, uno de los aspectos en los que se acumulan las críticas, 5.171 millones de euros, casi «un 35 por ciento del presupuesto de salud».

Los datos sirven para realizar varias lecturas. En primer lugar, que, pese a lo que denuncie la oposición política en Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno invierte más que ningún otro en sanidad tanto cuantitativamente como porcentualmente. Por otro lado, también es cierto que, pese a la infrafinanciación autonómica que padece Andalucía, la administración andaluza nunca tuvo tantos recursos económicos.

En este contexto, sí hay una realidad que parece evidente: las necesidades de gasto en sanidad aumentan todos los años y ni siquiera eso es una garantía para prestar los servicios de calidad que demandan los ciudadanos porque existían problemas en la atención sanitaria durante los Gobiernos socialistas y también los hay actualmente. Los datos señalan que entre la inversión prevista en 2018 (9.809 millones) y la de 2025 (15.247 millones), hay una diferencia de 5.438 millones, independientemente de que en la presupuestación se hayan podido incluir conceptos distintos y no sean, por tanto, magnitudes homogéneas.

El gasto sanitario supone uno de cada tres euros públicos en prácticamente todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla y León presentó recientemente su presupuesto para 2025, que asciende a 15.085 millones de los que 5.005 millones van para Sanidad; las cuentas públicas de Castilla La Mancha para 2025 alcanzan los 12.716 millones de euros con casi 3.800 millones para políticas sanitarias; y Galicia invierte 5.434 millones de euros en sanidad de los casi 14.000 millones del total de su presupuesto. El resto de comunidades autónomas siguen la misma línea que Andalucía destinando 1 de cada tres euros a políticas sanitarias y en torno a 8 de cada 10 a políticas sociales, incluyendo educación y servicios sociales. Por tanto, las necesidades de financiación han aumentado en todas ellas.

Al ser un problema que afecta a todas las autonomías de régimen común, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, insistió ayer en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes que se debata sobre este asunto y celebró que «no sólo» se tratara el tema de la vivienda, como pretendía el Gobierno de España, sino que finalmente se incluya «la financiación, el déficit de recursos humanos en materia sanitaria y la inmigración», además de la vivienda, «principalmente en lo que representa el tema de los costes y de la seguridad jurídica».