Frenar el éxodo rural, reto urgente

El reto demográfico o la desplocación de los municipios rurales es uno de los principales problemas a los que deben hacer frente las sociedades modernas. El Instituto Nacional de Estadística tiene documentado el éxodo rural que se produjo en España entre 1950-1975, un movimiento migratorio dentro de España en el que las familias rurales se trasladaban al medio urbano en búsqueda de oportunidades laborales. El INE calcula que en torno a 3.100.000 españoles se trasladaron a la ciudad en la década de 1960, teniendo como principales destinos los focos industriales y el sector servicios de capitales como Madrid, Barcelona y País Vasco.

El desarrollo económico posterior frenó ese trasvase y permitió a muchas zonas rurales gozar de los servicios necesarios para desarrollar su proyecto de vida en los pueblos pequeños gracias a la construcción de infraestructuras, servicios educativos, sanitarios y oportunidades laborales. Aún así, queda mucho por hacer y se trata de un fenómeno que no se ha frenado y que afecta a gran parte de Europa y a toda España. La población tiende a concentrarse en un número cada vez más reducido de áreas urbanas, lo que provoca un declive en las áreas rurales y los pequeños municipios.

Todas las administraciones admiten el problema y tratan de impulsar iniciativas que revierta esta situación. El Gobierno de España ha incluido 130 Medidas frente al Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha establecido cuatro ejes prioritarios para garantizar la incorporación de los pequeños municipios en una recuperación verde, digital, con perspectiva de género, e inclusiva.

La Junta de Andalucía también se ha comprometido este año a presentar su «Estrategia frente al desafío demográfico de Andalucía» porque, aunque la región presenta mejores datos que otras comunidades autónomas, no está exenta de este problema. Los datos así lo indican. La mitad de los andaluces viven en una treintena de los 786 municipios con los que cuenta la comunidad, mientras que casi la mitad de las pequeñas localidades, sobre todo aquellas con menos de mil habitantes, llevan décadas perdiendo vecinos.

Según datos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, un total de 423 de los 786 municipios de la comunidad autónoma –el 53,8%– cuenta con «problemas de despoblación» en este año 2024 recién iniciado al reunir menos de 3.000 habitantes. Las zonas más afectadas por la despoblación en la comunidad se centran en las Alpujarras de Almería y de Granada, la Serranía de Ronda en Málaga, el Valle de Los Pedroches en Córdoba, la Cuenca Minera y la Sierra de Huelva así como la Sierra Norte de Sevilla.

Una de las administraciones que más se ha implicado con este fenómeno ha sido la Diputación de Granada. De hecho, las instituciones supramunicipales tienen como competencias propias «la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión» y son los más pequeños y despoblados los que más necesidades tienen.

El organismo que preside Francis Rodríguez presentó el pasado mes de noviembre un estudio sobre la realidad sociodemográfica de la provincia elaborado por la Universidad de Granada. El trabajo recoge que 41 municipios de la provincia están en riesgo de despoblación por el criterio de densidad y 112 por el de población. Una de las aportaciones que realiza el informe es la comparación que establece entre los municipios en riesgo de despoblación y los que no están. Por ejemplo, la distancia con la capital, que en la primera categoría se sitúa en una media de 62,94 kilómetros y se reduce a 25,85 kilómetros en la segunda.

Pero hay también otros indicadores interesantes. Así, en los municipios en riesgo de perder habitantes la densidad de población es de 21,90 hab./km² mientras que en los que no existe amenaza se eleva a los 173,89 hab./km². Igualmente, la edad de la población es mayor en los primeros que en los segundos: 47,88 años frente a 42,37.

La renta media bruta por hogar también sufre variaciones: 22.781,96 euros en los pueblos despoblados y 29.155,02 euros en el resto. En general, respecto a los indicadores sobre desempleo, los municipios en riesgo de despoblamiento presentan unos datos ligeramente más favorables que los municipios que no lo están.

Con este trabajo como base, el estudio – dirigido por el catedrático Andrés Navarro y el profesor titular de la UGR, Dionisio Buendía– ofrece 50 propuestas en base a 5 ejes estratégicos: vivienda, turismo sostenible, transporte y cultura de identidad; empleo, emprendimiento y desarrollo socioeconómico sostenible; igualdad de oportunidades, mujeres, jóvenes y personas mayores; servicios públicos, infraestructuras verdes, comunicaciones y desarrollo digital; y gobernanza e interacción entre administraciones.

De momento, la Diputación de Granada ha puesto a disposición a estos consistorios una línea económica adicional de subvenciones para minimizar esta brecha, el desarrollo de nuevos proyectos y la mejora en la prestación de servicios públicos. La cuantía asciende a 3 millones de euros –la misma cantidad que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destina para toda la comunidad en unas ayudas similares en el Presupuesto de 2024–. Cada municipio o ELA recibirá un mínimo de 15.000 euros –hay pueblos que superan los 40.000 euros, como Agrón o Gobernador– para proyectos relacionados con la mejora del transporte público, la salud, conectividad, atracción de nuevos pobladores, cultura, conciliación y educación. Tendrán hasta el 30 de junio de 2025 para ejecutar los proyectos.

El camino pasa por la implicación de todas las administraciones para frenar la despoblación, una necesidad que ya es urgente.