Doñana: la Junta ve la mano del Gobierno en el ultimátum de la UE

La Junta de Andalucía tiene fundadas sospechas de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha filtrado de forma intencionada la carta remitida por la Unión Europea en la que da un ultimátum a España e intuye que está influyendo o tratando de influir de forma negativa en la visión que desde Bruselas tienen de la proposición de ley para la regularización de regadíos que se tramita en el Parlamento con el objetivo de sacar tajada política en próximas elecciones, aunque ello suponga deteriorar la imagen del Parque Nacional y de Andalucía y, lo que resulta inaudito, propicie la imposición de nuevas sanciones europeas.

No es casualidad que en la previa del Día Internacional del Agua que se celebra hoy y a menos de 48 horas de que se apruebe en el Parlamento andaluz la Ley de Economía Circular el foco se vuelva a poner en el futuro del Parque Nacional de Doñana y se señale exclusivamente a la nueva normativa que el PP pretende aprobar, junto a Vox y, en cambio, no se sepa aún nada sobre el ‘Marco de Actuaciones para Doñana’ anunciado por la ministra Teresa Ribera hace cuatro meses, salvo que de 356 millones sólo se invierten 3,8 millones (el 1%) al cierre de pozos ilegales cuando la gestión hídrica de Doñana requiere una inversión fuerte en el control del acuífero.

Europa también pide el cierre de pozos ilegales, a lo que el Ministerio sólo destina el 1% del plan presentado en noviembre

La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.

La directora de Medio Ambiente de la Comisión alude a la proposición de ley registrada en el Parlamento andaluz y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar «cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegido». Este aviso llega ocho meses después de que Bruselas iniciara el procedimiento de infracción tras constatar que no se está poniendo remedio para proteger el humedal de Doñana, según lo dictado por el TJUE en primer fallo, y advierte del «riesgo» que implica la nueva proposición de ley para poder cumplir la sentencia. La carta recuerda que «el Tribunal declaró que, tal como acreditan todos los datos científicos disponibles, la sobreexplotación del acuífero ha acarreado un descenso dramático de su nivel piezométrico, lo que constituye a su vez la causa de la alteración constante que sufren las zonas protegidas del espacio natural de Doñana».

Un año después de la sentencia, la Comisión inició un expediente de infracción contra España por persistir en el incumplimiento de la misma, que obliga a la UE a tomar medidas para proteger el humedal de Doñana, razón por la que ya reclamó una multa que aún está pendiente de resolución. «La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana», dice la Comisión en su misiva, en la que también advierte de que «la sobreexplotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana».

Los servicios comunitarios precisan que están examinando la respuesta de España al primer aviso enviado cuando se abrió el expediente sancionador, pero advierten de que si sale adelante la ley promovida por el partido que sustenta al Gobierno andaluz para regularizar los regadíos se produciría una «flagrante violación» de la primera sentencia condenatoria. Entre las medidas para paliar la situación, Bruselas ha destacado que revisten «particular importancia» las encaminadas a acelerar las acciones de control e inspección que aseguren el cierre y sellado de todos los pozos ilegales que persisten en el entorno de Doñana, para lo que apunta que es posible financiar proyectos para la digitalización y la medición de las abstracciones de agua a través del fondo del Next Generation.

La ministra primero filtra la carta y luego se la remite al presidente Juanma Moreno; pide un «espacio de entendimiento», pero presenta sin consenso sus propuestas; y ofrece diálogo en encuentros bilaterales que luego quedan en palabras vacías. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, acusó a la ministra de no leerse la proposición de ley: «Si (Teresa Ribera) la hubiera leído y estudiado», vería que «no habla nunca, jamás, del acuífero de Doñana», sino «todo lo contrario», ya que «lo salvaguarda», además de que «no amnistía a ningún infractor» y «no paraliza ningún procedimiento sancionador en curso», manifestó . La iniciativa de PP-A y Vox «viene a reforzar los compromisos ambientales que la Junta tiene con Doñana y todo su entorno». El portavoz se ofreció a acompañar a Bruselas «a quien haga falta» para explicar que la PDL «no perjudica a Doñana». La iniciativa «establece que la única posibilidad que tendrán esos terrenos declarados regables tras la aprobación de la misma de obtener una concesión de agua será siempre con aguas superficiales, jamás con el acuífero de Doñana», y que «el Gobierno debe cumplir con la ley del trasvase que ellos mismos aprobaron».