La Junta activará su parte de las ayudas a los agricultores de Doñana antes de activar la ley de regadíos

El «Acuerdo por Doñana» firmado entre el Gobierno y la Junta de Andalucía no corre peligro. No hay voluntad de ninguna de las administraciones de romperlo y situar de nuevo al Parque Nacional en el centro de una confrontación política. Más aún cuando la Unesco vuelve a tener a Donaña en el punto de mira. Sí existe la urgencia de cumplir con los principales actores que motivaron este pacto: los agricultores de la Corona Norte, que se han cansado de esperar tras los «reiterados incumplimientos» a la hora de «avanzar» en la convocatoria de ayudas y han censurado la actitud del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Por ese motivo, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, anunció ayer que si la Administración del Estado no publica la orden reguladora de las ayudas para los agricultores este mes de julio, el Ejecutivo andaluz publicará las suyas.

El problema es que las ayudas de la Junta de Andalucía son complementarias. El acuerdo que suscribieron el Estado y la administración autonómica establecía que el Gobierno de España ofrecería ayudas para «los titulares de explotaciones con finalidad de renaturalización, nuevas superficies de secano y reconversión hacia producción ecológica». En concreto, los agricultores de la Corona Norte deben recibir una ayuda de 100.000 euros por hectárea, que cobrarán en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales. A cambio, dejarán de cultivar sus tierras y tendrán que renaturalizar o reforestar los suelos. De esta cantidad, 70.000 euros los aportaría el Gobierno de España, la Junta pondrá 20.000 euros y la Diputación de Huelva complementaría con otros 10.000 euros.

Por tanto, la aportación autonómica sería solo del 20 por ciento, lo que no acabaría con la incertidumbre que sufren los agricultores. Los regantes recordaron esta semana que llevan desde 2023 «en la cuerda floja» y consideran que desde el Gobierno de España se ha retrasado y se han puesto trabas para el cumplimiento del pacto alcanzado. Por ese motivo, los agricultores reclamaron a la Junta de Andalucía que muestre «su apoyo» a los agricultores afectados y que los grupos parlamentarios PP y Vox activen la Proposición de Ley (PPL) «que permitiría modificar el Plan Especial de la Corona Norte Forestal de Doñana, tal y como se decidió por unanimidad en la última asamblea general de socios». La iniciativa legislativa nunca se retiró, Vox anunció el martes que volverá a presentar su texto, pero el PP, de momento, prefiere esperar y satisfacer las peticiones de los agricultores sin romper el pacto.

De momento, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) anunció ayer que había transferido ya el segundo pago de 35 millones de euros de las subvenciones directas a los municipios del entorno de Doñana. Unas ayudas para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural. Falta que cumpla con los agricultores y, para ello, tiene este mes de julio.