El marido de María Gámez: de la condecoración de Zapatero al "lucro injusto" en Andalucía

El PSOE perdió la Junta de Andalucía un 2 de diciembre de 2018 pero el principio del fin puede enmarcarse el 31 de marzo de 2009: el día en que sale a la luz el «caso Mercasevilla». El vórtice y vértice de la causa, el fallecido durante el proceso Francisco Javier Guerrero, quien fuera durante una década director general de Trabajo de la Junta, señaló en sus primeras declaraciones, las más espontáneas si cabe, cuando aún el régimen se sentía indestructible e intocable tras tres décadas en el poder, que el germen del «caso ERE» era sólo uno más entre tantos. La Junta de Andalucía había financiado «muchos ERE desde 1999». Así, la Faja Pirítica de Huelva, Cárnicas Molina, Dhul, Yogures de Andalucía, Tragsa, Boliden, Egmasa o Santana Motor. Los sindicatos de esas empresas tenían una fuerte capacidad de movilización. Casi tres lustros después de aquellas palabras, la que era la directora general de la Guardia Civil hasta este año, María Gámez, ha dimitido (además de por la situación derivada del ‘caso cuarteles’ y ‘Mediador’) por la relación de su marido y de su cuñado con el expediente de regulación de empleo de la factoría jiennense.

Los pormenores de los atestados conducen de nuevo a las palabras de Guerrero sobre los ERE: «Es un tema absolutamente no regulado». Después de ocho borradores de decretos y diez de órdenes, se atendió a lo urgente sobre lo importante: apagar «crisis muy particularizadas en el territorio». La regulación cuando llegó resultó ser ilegal, como han condenado todas las instancias judiciales españolas de la Audiencia al Supremo -con un par de votos particulares en contra- en la rama del procedimiento específico de los ERE que ha acabado con parte de dos décadas de consejos de Gobierno de Andalucía en prisión, y con un ex presidente –José Antonio Griñán– pendiente de la entrada en la cárcel en función de los informes médicos sobre el cáncer que padece.

La conexión de los ERE, Santana, Gámez y Griñán va más allá. Fue Griñán quien designó en 2010 a María Gámez, que era delegada provincial de la Junta como candidata a la Alcaldía de Málaga. El primer histórico socialista que dio un paso al frente ante la situación procesal de Griñán fue Felipe González, quien a su vez, junto al ex presidente andaluz, hizo de padrino en la puesta de largo de Gámez como candidata. Gámez perdió las elecciones locales en 2011 y 2015 frente al incombustible Paco de la Torre y se retiró a su puesto de funcionaria hasta que Pedro Sánchez la rescató al frente de la Guardia Civil.

La elección de Gámez a dedo, sin primarias, en 2010 dividió al PSOE de Málaga. Parte de los socialistas de la provincia criticaron que no se contara con las bases ni se informara del "dedazo". La decisión final nació de un acuerdo entre el entonces secretario general del PSOE-A , José Antonio Griñán, y su homólogo en Málaga, Miguel Ángel Heredia.

A Juan Carlos Martínez, aficionado al Carnaval, se le conoce en La Carolina (Jaén) como «el negro» y su esposa María Gámez se presentaba en los perfiles como «la hija del farero». El marido de la ex directora de la Guardia Civil también fue asesor del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo –en prisión por los ERE–, del ex ministro Bernat Soria –procesado por alzamiento de bienes– y del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías –inhabilitado por los ERE–. En 2009 fue condecorado con la Orden Civil de Sanidad por el Gobierno de Zapatero. Un atestado del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta al “lucro injusto” que Juan Carlos Martínez habría tenido en una empresa gestionada junto a sus hermanos. Entre los proveedores de Santana se detectó la presencia como beneficiario de la sociedad Experience Management Group, que tenía como administrador único a Bienvenido Martínez, hermano del marido de Gámez, y quien ostentó diversos cargos en organismos relacionados con la Junta.

La UDEF pone el foco en cuestiones que ya recoge el diario de sesiones del Parlamento andaluz hace años. "Los cuatro años" han supuesto "1.317.000 euros, para asesorar 11 empresas, que no sabemos ni el número de trabajadores que ha creado y si se han radicado en Andalucía". "Los datos que tenemos son que en el año 2010 se ha asesorado a cero empresas, v que tenemos un coste, del año 2010, de 308.000 euros...” y que " el 1 de noviembre del año 2009 se adjudicaron los trabajos de consultoría y de asesoramiento a la empresa Experience Management Group. Se le adjudicó sin concurso, sin méritos, y recibe al año 159.948 euros para asesorar, como hay que recordar, en el año 2010, a cero empresas, y el año anterior a 13 empresas, que es que le estamos regalando literalmente el dinero. Y hay que averiguar, pues quién está detrás de esta empresa, de Experience Management Group, y nos encontramos que esta sociedad se constituyó el 4 de septiembre del año 2009, se inscribe el 25 de septiembre de 2009, y, es decir, que dos meses después se le adjudica este contrato por importe de 159.948 euros". Detrás de estas empresas estarían el cuñado y el marido de Gámez.

La Policía señala además el “aumento patrimonial” del marido de Gámez entre 2009 y 2012, cuando éste adquiere propiedades por “más de un millón de euros”. "Este patrimonio ha sido detectado al tiempo de investigar la creación de la sociedad que gestiona", señala el informe al que accedió LA RAZÓN.

Juan Carlos Martínez era un hombre fuerte del PSOE de Jaén, natural de La Carolina. Era alto cargo y asesor, en puestos relevantes con Vallejo, quien estuvo entre los posibles sustitutos de Chaves. Juan Carlos Martínez alegó hace un año, en el marco del «caso Santana», que “nunca” participó en la empresa ni en las ayudas indagadas y que no era «cargo público relevante». El marido de Gámez ocupó tres cargos a dedo en la agencia que repartía las ayudas ilegales de los ERE. La UDEF apunta incluso que uno de los contratos que Juan Carlos Martínez recibió de la Junta fue falsificado porque su firma parece “imitada”.

De su lado, el marido de Gámez ha denunciado ante el juez los "enormes errores" de la UDEF en la investigación y admite la compra de tres viviendas por importe de más de 645.000 euros durante tres años, pero alega que el 90% depende de una hipoteca.