Más muertos en el tajo por la precariedad

La Fiscalía Superior de Andalucía ha apuntado un aumento en el número de fallecidos en accidentes laborales en 2024, un incremento de víctimas que ha vinculado a un sector agrícola con precariedad laboral y a la reactivación de la construcción.

El ministerio público hace estas consideraciones en la memoria correspondiente al ejercicio 2024 y en la que contabiliza 53 víctimas mortales en centros de trabajo, una cifra que refleja un aumento respecto a 2023 y en el que empeoran especialmente las cifras en Huelva y Almería.

Según la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, en los accidentes laborales mortales tienen especial protagonismo el sector agrícola y el del la construcción.

El trabajo de las fiscalías especializadas vincula la cifra de accidentes en el campo al riesgo que supone que es un trabajo de rotación y «precariedad laboral», a lo que ha sumado incumplimientos en formación e información de riesgos, además del riesgo que conlleva el empleo de maquinaria muchas veces obsoleta.

La Fiscalía valora además que la reactivación del sector de la construcción ha tenido como reflejo un aumento de los accidentes, entre los que destacan las caídas en altura con resultado de muerte desde cubiertas transitables, en operaciones de mantenimiento y reparación.

«Estas tareas implican elevados riesgos. Son trabajos de duración corta, con escasa evaluación y planificación donde están implicados materiales frágiles», detalló la Fiscalía.

Los procedimientos por lesiones abiertos también se han incrementado mientras que descienden las diligencias de investigación preprocesal, un dato por el que la Fiscalía ha destacado el valor del convenio firmado con la Junta para establecer cauces de comunicación y protocolos de actuación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La memoria también refleja que se han presentado más escritos de acusación en Granada, Huelva, Córdoba, Cádiz y Jaén; se han mantenido en Málaga y han descendido en Almería.

Por otra parte, de manera general, se mantienen e incluso mejoran las relaciones existentes entre la Fiscalía y la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, lo que ha permitido incluso que fiscales especializados asistan a comisiones provinciales de prevención de riesgos laborales como observadores.

La Fiscalía andaluza recuerda que la ley exige un especial esfuerzo de control dado que las diligencias de investigación no acordadas en plazo son nulas de pleno derecho y ha advertido de que la disminución de las comunicaciones remitidas por las Delegaciones territoriales de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo relativas a accidentes graves, muy graves y mortales «incide en la actividad de investigación de la Fiscalía».

La Fiscalía recalcó la importancia de la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio Fiscal y la Consejería para el establecimiento de cauces de comunicación y protocolos de actuación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que permitirá profundizar en la coordinación y apoyo técnico entre Fiscalía y Consejería, empresa y trabajo autónomo así como mejorar en la especialización.

Desde el Ministerio Público inciden en que la actividad de investigación del fiscal debe potenciarse, dado que permite que el fiscal especialista determine qué siniestros pueden tener relevancia penal, presentando la oportuna denuncia, solicitando desde este primer momento las diligencias de investigación necesarias, lo cual es de «indudable trascendencia por los plazos de instrucción» que establece la ley.

Un total de 34 trabajadores han fallecido en accidentes laborales registrados durante este periodo estival –los meses de junio, julio y agosto– en Andalucía, lo que supone 15 muertes más en comparación con el año anterior en esta misma fecha, según los datos proporcionados por UGT Andalucía, consultados por Europa Press.

El incremento de las sanciones no ha reducido la siniestralidad laboral. Los datos aportados al Parlamento por la Consejería de Empleo describen la intensidad de la acción sancionadora: de 3.153 sanciones en 2018 se pasó a 3.829 en 2019, escalando hasta 5.531 en 2023 y quedando en 5.265 en 2024. El crecimiento acumulado entre 2018 y 2024 alcanza el 66,98%, mientras que, si se toma 2019 como punto de referencia tras el cambio de gobierno, las sanciones subieron un 37,5% entre 2019 y 2024. Para 2025 la respuesta parlamentaria recoge de momento 457 sanciones.