En la época reciente del PSOE, hay dos casos de corrupción muy significativos: el de los ERE y el que se investiga en la actualidad que se articula, de momento, en torno a las presuntas mordidas por contratos de obra pública que cobraron Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Atrás quedan otros como el caso Filesa cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español o el denominado "terrorismo de Estado" con la creación de los GAL.

Tanto el caso de los ERE como el actual tienen un nexo en común poco original: los esfuerzos de los socialistas por circunscribir las corruptelas a un grupo reducido de personas, unas "manzanas podridas" que actuaron al margen del partido y de las administraciones, en este caso la Junta de Andalucía y el Gobierno de España respectivamente.

De hecho, en el caso de los ERE, el PSOE siempre argumentó en Andalucía que era un caso provocado por "cuatro golfos", localizados en la Consejería de Empleo que distribuía las ayudas. Fue ese el principal argumento utilizado durante una década, aunque llegó un momento que el ex presidente andaluz José Antonio Griñán tuvo que reconocer que fue "un gran fraude".

Algo parecido ocurre ahora, cuando los esfuerzos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los dirigentes socialistas que lo apoyan, se centran en limitar las actuaciones a "tres sinvergüenzas", señalando a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Se da la circunstancia que ni en los ERE ni en el cobro de mordidas, los principales implicados pudieron actuar solos porque necesitaban el concurso de la administración que financiaba o bien los expedientes de regulación de empleo o las obras para que las constructoras pagaran la comisión correspondiente.

El desenlace del caso de los ERE es conocido: el 19 de noviembre de 2019 la Audiencia de Sevilla condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes socialistas del Gobierno andaluz José Antonio Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y a seis consejeros por la pieza política de la macrocausa de los ERE fraudulentos. En concreto, condenó a diez de los altos cargos a penas de entre seis y ocho años de prisión, uno de ellos Griñán (seis años y dos días), y al resto solo a inhabilitación.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional ha ordenado revisar esas sentencias y la decisión puede acabar en la justicia europea.

En el caso "Cerdán", aún en fase de instrucción, ni el propio PSOE ni el Gobierno de España puede asegurar cómo va a acabar ni si van a aparecer más implicados. Aunque Sánchez haya dicho hoy en la sesión de control al Gobierno que es una "anécdota", el asunto apunta mucho más alto.

Recordando las palabras de Mercedes Alaya, la primera jueza instructora de los ERE, la investigación se centró en buscar quiénes estaban en la cúspide de la pirámide en Andalucía. Ahora, será la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente los que tendrán que seguir ese camino y discernir si es un caso de "tres sinvergüenzas" o hay más implicados.