Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han presentado un recurso de alzada contra la autorización administrativa para la explotación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, en el que alegan "ausencia de una concesión minera válida para la empresa promotora, así como deficiencias documentales" que, a juicio de las organizaciones, "deberían haber motivado la inadmisión de la solicitud desde su inicio".

En una nota de prensa, las cuatro entidades remarcan el "incumplimiento de procedimientos esenciales de evaluación ambiental, incluyendo la falta de una Declaración Ambiental Estratégica para el plan especial vinculado a la explotación y la no tramitación de la Autorización Ambiental Integrada de la planta de beneficio". Igualmente, señalan que la autorización de un vertido al estuario del Guadalquivir "no ha sido adecuadamente evaluada ni sometida a la participación pública requerida", lo que podría "vulnerar", a su juicio, la normativa básica estatal en materia de calidad de aguas y de protección de espacios como Doñana.

Las organizaciones recurrentes apuntan además "al uso previsto de la corta de Aznalcóllar como depósito de residuos mineros sin haber realizado un análisis de vulnerabilidad frente a accidentes graves ni disponer de un plan de emergencia exterior, pese a que el lugar ya fue objeto de una catástrofe ambiental en 1998". Por último, alertan del "impacto sobre las masas de agua y los ecosistemas, incluidos impactos sobre la fauna y los espacios protegidos".

Con el recurso se han aportado cuatro informes técnico-científicos elaborados por personal investigador de diversas universidades andaluzas. El último de ellos, fechado el 22 de junio de 2025, analiza episodios recientes de contaminación desde el recinto minero hacia el río Agrio, asociados a las lluvias de marzo, lo que plantea serias dudas sobre el control de emisiones y el cumplimiento de la normativa de aguas incluso antes del inicio de la fase operativa del proyecto.

Las organizaciones recuerdan que el estuario del Guadalquivir es un sistema "frágil" con "alta biodiversidad", y que diversos estudios han señalado ya su "estado de contaminación" por metales pesados, así como la existencia de condiciones físico-químicas que favorecen la acumulación de contaminantes. En este contexto, cualquier nuevo vertido debe ser "evaluado con el máximo rigor y transparencia, siguiendo el principio de precaución".

Por todo ello, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife solicitan a la Junta de Andalucía que suspenda la autorización recurrida, revise el procedimiento completo con garantías y asegure que cualquier decisión sobre el proyecto se adopte conforme a la legalidad y en defensa del interés público y la protección del medio ambiente.