La Universidad de Sevilla afronta una cita decisiva. Mañana, lunes 10 de noviembre, se celebra la segunda vuelta de las elecciones a rector, una votación que llega con los dos candidatos prácticamente empatados y con una campaña más tensa de lo habitual. La primera ronda dejó una diferencia mínima: la catedrática Carmen Vargas quedó apenas cuatro puntos por encima de José Luis Gutiérrez, profesor de la US y exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2008 y 2014. Su paso por un cargo de confianza de la Junta, y por tanto ligado a ejecutivos del PSOE, ha marcado buena parte del debate en los últimos días. Vargas sostiene que su candidatura es la única formada «solo por universitarios», sin apoyos de partidos. Lo repite como una línea roja: «No queremos partidos políticos en la Universidad». En su entorno insisten en que la Hispalense debe gobernarse desde dentro, sin tutelas externas ni intereses ajenos al campus. La candidata cree que Gutiérrez representa lo contrario, una candidatura influida por su paso por la administración autonómica, y que la autonomía universitaria no puede mezclarse con la política institucional.

Su programa no se presenta como una ruptura, sino como una continuidad mejorada. Defiende que la US ha logrado avances en los últimos años, pero que aún quedan problemas por resolver. Su idea es cambiar lo necesario, pero sin improvisaciones. «Cambiar por cambiar no siempre es mejorar», repite cada vez que puede. Frente a los mensajes de renovación de su rival, ella insiste en la palabra «transformar»: arreglar lo que falla, reforzar lo que funciona y no dar bandazos.

Uno de los puntos que subraya su equipo es el tiempo. Vargas recuerda que su candidatura está pensada para los seis años que permite la ley, mientras que Gutiérrez se jubilaría a mitad de mandato. «La Universidad no puede estar votando cada tres años», señalan sus colaboradores. Argumentan que cualquier reforma seria necesita continuidad, y que un rectorado a medias dejaría decisiones sin concluir.

Entre las medidas concretas, la lucha contra la burocracia ocupa el primer plano. Quien trabaja en la Universidad conoce el peso de los trámites y la lentitud de muchos procedimientos. Vargas asegura que han estudiado cómo funcionan otras universidades españolas y europeas para diseñar un plan de choque con 129 acciones destinadas a agilizar la gestión. Habla de acelerar la tramitación de proyectos de investigación, de simplificar la contratación de personal asociado a esos proyectos y de acortar procesos económicos o de infraestructuras. El enfoque es sencillo: menos tiempo en papeles, más tiempo para investigar y enseñar.

El profesorado es uno de los colectivos que más sufren esa sobrecarga. La candidata promete una carrera profesional más clara, con convocatorias y criterios transparentes desde las primeras figuras jurídicas hasta la cátedra. También plantea un sistema retributivo igual para todos, independientemente del tipo de contrato: funcionarios, laborales, tiempo completo o parcial. Su propuesta incluye que todos tengan derecho a quinquenios, sexenios y complementos autonómicos. Otro punto es la temporalidad: el 14 % del profesorado es sustituto y vive con contratos inestables. Para ellos, anuncia un plan de estabilización que permita promocionar a ayudante doctor. El personal de administración y servicios, muchas veces invisibilizado, también está presente en su campaña. El plan incluye teletrabajo cuando el puesto lo permita, horarios flexibles, reducción de jornada para mayores de 60 años y una promoción interna más clara. «La universidad no funciona si no funciona toda su plantilla», repite la candidata, que insiste en que la gestión interna es tan importante como la investigación o la docencia.

Los estudiantes ocupan otro bloque clave. Vargas recuerda que uno de cada cuatro procede de familias con dificultades económicas, y que estudiar no debe depender del bolsillo. Por eso quiere reforzar las ayudas propias de la US: aumentar el dinero para comedor y transporte, crear becas para movilidad y para representantes estudiantiles en delegaciones, y abrir una línea específica para quienes necesitan materiales de coste elevado, como sucede en arquitectura, odontología o bellas artes. Además, plantea pedir al Ministerio que deje de cobrar intereses cuando los alumnos deben devolver una beca y que impulse ayudas nuevas para dobles másteres, algo frecuente en titulados que buscan ampliar cualificación.La vivienda es otro de los problemas más comentados por los estudiantes. Su propuesta tiene dos niveles: crear una oficina de vivienda con atención presencial y digital para orientar en la búsqueda de piso o residencia, y un proyecto más ambicioso que imita modelos de otras universidades europeas. La idea es que la US ceda suelo público para construir pisos de alquiler a precios asequibles, mediante convenios con el Instituto de Crédito Oficial. Serían edificios destinados solo a alumnos, con servicios básicos como lavandería, supermercado o zonas comunes. El programa señala dos posibles ubicaciones: una parcela junto al Hospital Virgen del Rocío y otra en Montequinto, aunque no descarta otros terrenos.

En infraestructuras, la candidata asume la continuidad de obras iniciadas en el mandato anterior, como las de Medicina, Farmacia, la futura Escuela Politécnica y la Escuela de Ingeniería Agronómica. Pero su proyecto más destacado está en la isla de la Cartuja. Allí conviven la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Comunicación y varios centros mixtos con el CSIC, pero la zona carece del aspecto de campus real: faltan servicios, transporte cómodo y espacios pensados para la vida universitaria.Quiere transformar el entorno con carriles bici, mejoras de iluminación, zonas verdes y cafeterías o restaurantes, de forma que los estudiantes no tengan un lugar solo de paso, sino un espacio de «trabajo y convivencia».