Los vecinos podrán vetar las viviendas turísticas en sus edificios en Andalucía

Los vecinos, por una mayoría de 3/5, podrán vetar las viviendas turísticas en sus edificios. Es uno de los aspectos que contempla la modificación del decreto que regula este fenómeno y que desgranó el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en el Pleno del Parlamento andaluz, una actividad que, a su juicio, «ha distorsionado nuestro modelo turístico tradicional». La proliferación de viviendas turísticas ha generado tensiones en los cascos históricos de las ciudades, puesto que reducen la oferta de alquiler de larga duración y provocan conflictos con los vecinos en las comunidades de propietarios. La modificación de esta norma, cuyo periodo de exposición pública termina el próximo día 23, contempla acuerdos para limitar esta proliferación en los edificios de viviendas residenciales, siempre que lo decida una mayoría de propietarios. No obstante, estos acuerdos no tendrán efecto retroactivo para los pisos reglados actualmente inscritos en el Registro de Turismo.

A juicio de Bernal, esta regulación «había que abordarla de manera urgente e imprescindible para dar respuesta a este fenómeno novedoso y de crecimiento exponencial en algunas zonas de nuestra comunidad, y que cuenta con el consenso del sector turístico». La Junta, de esta manera, habilita a los ayuntamientos para que limiten o potencien estas viviendas, incluso por sectores o edificios, teniendo en cuenta «objetivos de diversidad social y de no agravar la falta de oferta de vivienda».

El decreto también profesionaliza la gestión e introduce la figura de la empresa gestora/explotadora para que exista una persona –física o jurídica– responsable ante el turista, la comunidad de propietarios o la Administración ante cualquier incidencia. El objetivo, subrayó el consejero, es «evitar el potencial fraude de la situación de alegalidad de esta actividad y la inclusión de los trabajadores en los convenios colectivos provinciales de hostelería o turismo para mejorar sus condiciones laborales».

Junto a ello, se especifican estándares de calidad que deberán cumplir los alojamientos. De esta manera, se establece una superficie útil mínima de 25 metros cuadrados y la superficie de un piso turístico por persona no será inferior a 14 metros cuadrados.

La oposición, por su parte, coincidió en que la Junta no aborda el problema, trasladándolo a los ayuntamientos. La portavoz de Por Andalucía, Esperanza Gómez, denunció que la vivienda residencial «es la principal damnificada de esta actividad» y alertó de que esta norma no tiene en cuenta la ley andaluza de vivienda de 2010. «Esto no es sólo una cuestión de ruidos o de llegadas a horas intempestivas, estamos perdiendo población en zonas donde hay muchos pisos turísticos», subrayó.

Ricardo López, de Vox, criticó que la Junta ha modificado un decreto «y luego se ha lavado las manos como Pilatos» y comparó la delegación de competencias en los ayuntamientos con el conflicto de los VTC con los taxistas. «Se trata de una actividad que entra en competencia con otra legal como es la hotelería», remarcó, no sin antes advertir de que este fenómeno debe respetar la Ley de Propiedad Horizontal.

La portavoz del PSOE, Isabel Gamero, señaló que «es apremiante que la Junta ejerza sus competencias en materia de turismo» y criticó que esta regulación no es «ex novo». «Siguen mirando los toros desde la barrera», denunció, no sin antes advertir de que este decreto «no regula ni planifica».