Aragón podría perder más de 400 millones anuales con el ajuste en la financiación autonómica

El Gobierno de Aragón ha recibido un duro golpe con la nueva propuesta de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda. Según las últimas estimaciones, la Comunidad podría perder hasta 422 millones de euros anuales, una cifra que pone en jaque las cuentas públicas y la prestación de servicios esenciales. El problema radica en la eliminación de dos factores que hasta ahora formaban parte del reparto de fondos: la despoblación y la orografía.

Desde 2021, se había establecido que Aragón recibiría una compensación económica en función de su baja densidad de población y su complicada geografía, que encarece la prestación de servicios. Sin embargo, el nuevo sistema descarta estos criterios, lo que significa una pérdida directa de 101 millones por despoblación y 320,9 millones por orografía. En total, el recorte podría superar con creces la cantidad que el Gobierno de Aragón había solicitado en su propuesta de Fondo de Compensación, estimada en 87 millones.

Cambios previstos a raíz del nuevo modelo de financiación

El impacto de este cambio no se limita únicamente a la cantidad de dinero que Aragón dejará de recibir, sino que también introduce incertidumbre en áreas como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Por ejemplo, el cálculo de la población ajustada (criterio que determina el gasto necesario por Comunidad Autónoma) podría ampliarse para incluir la educación universitaria y la Formación Profesional de grado superior, o bien considerar el número de alumnos matriculados que provienen de otras comunidades.

En el caso de los servicios sociales, el nuevo modelo propone dividir la población mayor de 65 años en dos subgrupos: de 65 a 79 años y de 80 en adelante, aplicando tasas de dependencia diferentes. Aragón, junto a otras comunidades con población envejecida, defiende la necesidad de un sistema más detallado que refleje mejor la realidad de su territorio. A su vez, se plantea la inclusión de un indicador de pobreza y exclusión social, basado en el número de personas desempleadas que no reciben prestación, lo que podría generar nuevos desajustes en la asignación de fondos.

En sanidad, el criterio vigente se basa en la población protegida equivalente, ajustada por franjas de edad. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda estudia ampliar estos tramos de 7 a 20 categorías distintas, lo que podría modificar de manera significativa la cantidad de recursos asignados a cada comunidad.

¿Qué significa la eliminación de variantes correctivas?

Uno de los cambios más criticados es la eliminación de las variables correctivas, entre las que se encontraban la superficie, la dispersión territorial y la orografía, fundamentales para territorios con alta ruralidad como Aragón. Estas variables representaban un alivio económico para comunidades con grandes extensiones de terreno y una baja densidad de población, ya que los costes de infraestructuras y servicios públicos en estos entornos son significativamente mayores que en otras regiones más urbanizadas.

Sin embargo, el Gobierno central ha indicado que esta supresión no está sujeta a debate, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de Aragón y otras comunidades afectadas. A pesar de ello, el modelo propuesto sigue contemplando un ajuste basado en la población ajustada, con una ponderación del 40% al 55% para sanidad, 25% a 30% para educación, 6% al 10% para servicios sociales y entre el 3% y el 4% para criterios correctivos.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado la situación como "extraordinariamente preocupante" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de beneficiar a sus socios independentistas en el reparto de fondos. Según Azcón, la eliminación de la despoblación y la orografía como criterios de financiación responde a una estrategia política para facilitar la condonación de la deuda a Cataluña, a costa de otras comunidades.

El resultado final de este nuevo sistema de financiación aún no está definido, pero la polémica ya está servida. Aragón, junto a comunidades como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y La Rioja, exige que se tengan en cuenta los costes reales de los servicios públicos en territorios con baja densidad de población.

Mientras tanto, el Gobierno central podría flexibilizar la regla del déficit, aumentando el techo de gasto de las comunidades autónomas del 0,3% al 0,5%, lo que supondría una inyección adicional de hasta 100 millones de euros. Sin embargo, para Aragón, este ajuste no compensa la pérdida de los 422 millones anuales que implica el nuevo cálculo.