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CO2, el bajo precio por contaminar dispara las emisiones industriales

Este mes se concentra la compra-venta de derechos de emisión anual en la UE. El precio de la tonelada de CO2 ha subido en 2018 hasta los 13 euros, aunque esta cantidad todavía está lejos de considerarse un incentivo para apostar por energías limpias

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16 de abril de 2018. 17:21h

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Eva Martínez Rull 16/4/2018

Hace días los analistas del «think thak» Sandbarg publicaban un informe en el que, siguiendo datos de la Comisión Europea, «las emisiones totales del Sistema de Mercado de Emisiones han subido un 0,3% en 2017, pasando de las 1.750 millones de toneladas de 2016 a las 1.756 en 2017. Eso significa la primera subida desde 2010. En 2010 las emisiones bajaron un 11% en 2009, se recuperaron en 2010 y han estado bajando un promedio de 2,7% anual hasta 2016», explican en su informe. «Se han publicado varios artículos que analizan cómo las emisiones de CO2 han aumentado en Europa (Alemania sustituye la energía nuclear, etc). Esto, junto con las reformas y los rumores de hacer el mercado más corto por parte de la oferta, explican la subida», opina Mayte Costa, de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona.

El Sistema de Mercado de Emisiones (ETS) controla 11.000 instalaciones industriales de 28 países miembros, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega (en torno a un 45% de las emisiones que afectan a la UE). Entre las instalaciones que controlan se encuentran las centrales de producción eléctrica, la industria cementera, la siderúrgica, las refinerías y el sector de la aviación por los vuelos que lleguen o salgan de la UE. «El sector energético supone un 70% de las emisiones y el resto se lo reparten, en partes más o menos equitativas, el cemento, el acero y la refinería. En España los porcentajes varían y más o menos quedan en un 50% para la producción eléctrica y la mitad para los otros tres sectores», explica Pedro Linares, profesor de Comillas ICAI y coordinador de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade.

El sistema funciona, como cualquier otro mercado, por la ley de oferta y demanda. En el de emisiones hay una oferta fija de derechos y la demanda se rige a base de subastar permisos que las empresas solicitan para emitir con un coste por tonelada (si sobran o falta adquirir toneladas en función de la actividad, las empresas propietarias de las instalaciones pueden acudir a un mercado secundario donde se vuelven a comprar o vender toneladas de CO2 entre ellas). «Si la demanda sube, el precio también, lo cual no explica que las emisiones suban en principio, aunque hay que tener en cuenta que éstas se ofertan por periodos de varios años. Son las empresas las que deciden cuándo usar esos permisos o si quieren guardarlos para otro momento. El hecho de que hayan subido ahora las emisiones industriales es reflejo de que se está cerrando uno de estos periodos. Por otro lado, también es indicativo de que la actividad industrial está recuperándose tras la crisis», continúa Linares. Eso también explica el que en estos primeros meses de 2018 haya subido el precio hasta un 60% y que ahora mismo se sitúe en los 13 euros (en 2016 bajó a 4).

Para Luis del Barrio, senior manager de Monitor Deloitte, los datos ofrecidos por Sandbarg no son del todo correctos, aunque según sus estudios sí están aumentando las emisiones en el sector de la construcción y la rehabilitación energética de los edificios. «Siguiendo las verificaciones de emisiones de la UE, vemos una caída del 5% en los últimos tiempos. Es cierto que han cambiado las industrias del mercado de emisiones lo cual puede explicar las diferencias de datos. Lo que sí podemos verificar es que están aumentando las emisiones de la industria manufacturera de lana mineral (se usa como aislante); también están subiendo las emisiones de del cemento, los cristales, la escayola y la cerámica. Eso significa que se recuperan el sector de infraestructuras y rehabilitación de edificios».

Es en estos meses de marzo y abril cuando el mercado se encuentra en su momento álgido ya que es «cuando Europa publica la auditoría de cuánto ha comprado cada industria durante el año anterior y se hacen los ajustes entre las emisiones y la entrega de derechos; cuando cada empresa ve si ha comprado de más o de menos y, por tanto, cuando se concentra la demanda», explica Del Barrio. «El aumento del precio responde a unas expectativas de mayor exigencia regulatoria en la política europea y a otros factores como el aumento de la demanda de energía, y por tanto de emisiones y compras de ETS para cumplir con el ejercicio final», afirma Costa.

Lo cierto es que el sistema puesto en marcha por la UE para descarbonizar la economía tras el acuerdo de Kyoto no está dando los frutos que se deseaban cuando se implantó allá por 2005, no porque el sistema no funcione, sino porque el precio ha estado en caída libre durante los años de la crisis, entre otras cosas porque sobraba oferta (y faltaba producción industrial). «Es cierto que el mecanismo del mercado ha funcionado durante la crisis; la menor actividad ha hecho que se redujeran las emisiones un 1,7% anual, pero en la fase que entramos vuelve ser necesario un mecanismo eficaz puesto que se espera que el PIB europeo crezca hasta un 2%», explica Del Barrio. De hecho, en Europa llevan años planteándose cambiar el sistema de forma que el precio de la tonelada suba y, efectivamente, salga más rentable invertir en tecnologías renovables. «Se cree que cuando el precio esté entre 20-30 euros por tonelada, las tecnologías limpias serán competitivas. Ya ahora con un precio de 13 euros empieza a ser interesante hacer cambios industriales. Sin embargo, no hay que olvidar nunca otro factor importante: el precio de la materia prima; si el coste del carbón es menor que el del gas natural es imposible que se incentive una producción eléctrica con ciclos combinados en lugar de con carbón», dice Del Barrio.

Quitar permisos

Lo primero que quiere hacer Europa es retirar el exceso de oferta, es decir, otorgar menos derechos de emisión (en los años de crisis no había demanda porque la producción era menor). Para ello proponen que los límites se vayan reduciendo con una progresión lineal del 2,2% anual en los permisos. Otro de los problemas que tiene el sistema es que algunos de los derechos de emisión son gratuitos para evitar que ciertas empresas se lleven sus fábricas a otros lugares. «Para casi todos los sectores menos el eléctrico el CO2 es gratis. La competitividad es un tema delicado porque hay industrias que están protegidas para que no se lleven su producción fuera de la UE (de hecho, en la propuesta de cambio se reservará para ese tipo de empresas el 57% de los permisos de dióxido de carbono subastados). Si se siguen regalando permisos nos va a dar igual. Se han planteado alternativas como poner impuestos a los materiales que lleguen de fuera de la UE, como el acero, de forma que el sector siderúrgico europeo juegue en igualdad de condiciones económicas. Sin embargo, esto supone unos cambios en la fiscalidad que se tendrían que aprobar por unanimidad en todos los países. Algo complicado», dice Linares. «La tendencia es que el 100% de los derechos se subasten. También se planifica quitar ya en 2019 entre un 12-30% de los derechos de emisión del mercado de manera que no haya un excedente de oferta que incida en el precio», explica Del Barrio.

Hacer previsiones sobre lo que va a ocurrir tanto con el precio como con las emisiones es complicado. Sin embargo, «los analistas coincidimos en que cuando los derechos de emisión caigan en torno al 2% anual, se dejará de tener un exceso de oferta. Esto será entre 2022-2023. Los precios por tonelada estarán entonces entre 15-20 euros y a partir de 2025 subirán a 20-30 euros», opina del Barrio.

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LA LUCHA CONTRA EL DIÉSEL MULTIPLICA LA VENTA DE COCHES DE GASOLINA

La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética recomendaba hace unos días encarecer el diésel hasta casi un 29%; una medida que no es del agrado de muchos sectores y que de implantarse vendría a complicar todavía más la situación a este tipo de vehículos, ya sometidos a fuertes restricciones. Estas medidas de desincentivación están consiguiendo frenar la venta de coches diésel y que crezca la venta de modelos de gasolina y con ellos que estén aumentando las emisiones de CO2. Así lo afirma un análisis de la firma Jato Dynamics que estudia 23 mercados europeos para concluir que la media de emisiones de 2017 se coloca en 118,1 gamos de CO2 por kilómetro, tres décimas más que el año anterior. Las ventas de SUV o todocaminos, más potentes y de más consumo, también están contribuyendo.

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