El Sistema de Devolución, Depósito y Retorno es más caro y no beneficia al medio ambiente

Un estudio realizado por cinco universidades españolas revela que este sistema penalizaría a pequeños comercios y usuarios, aumentaría las emisiones y los costes, además de dificultar la tarea de tirar la basura

Desde hace unos meses, ha surgido un debate en torno a la posibilidad de implantar un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) que ahora parece haber centrado el interés del gobierno de la Comunidad Valenciana, al igual que antes lo hiciera en Baleares o Canarias. A pesar de la consideración, ninguna comunidad ha implantado este sistema de recogida de envases, que funcionaría de forma paralela al actual, el Sistema Integrado de Gestión (SIG), con el consecuente aumento de costes. La posibilidad de esta convivencia genera inquietud en el sector de la gestión de residuos, debido a la escasez de ventajas del SDDR. El actual SIG es de carácter nacional y se basa en la colaboración público privada. La recogida y recuperación de residuos es igual en todo el territorio y admite cualquier tipo de envase doméstico, desde botellas de agua y de aceite a productos de higiene o bandejas de plásticos. Por otro lado, guiadas por el principio de que «quien contamina paga», son las empresas que ponen envases en el mercado las que financian su posterior reciclaje. Esta actividad se gestiona en España desde finales de los 90, y en previsión de la Ley de Envases y Residuos de Envases, a través de dos entidades, Ecoembes y Ecovidrio. «Desde entonces la tasa de reciclado de los envases de plástico, latas y briks –que se depositan en el contenedor amarillo– y de los envases de papel y cartón –que van en el azul– ha pasado de un 4,8 por ciento a un 74,8 en 2015», explica Nieves Rey, directora de comunicación y marketing de Ecoembes. Para ello, en todo el territorio nacional existen unos 570.000 contenedores azules y amarillos operativos 365 días y 24 horas. «Es más, en Europa, un 95 por ciento de los envases se recogen a través de este sistema», prosigue Rey.

Por su parte, el SDDR se basa en el recargo de una fianza sobre el precio de un envase o embalaje cuando se compra y su reembolso cuando se devuelve. Al contrario de lo que los defensores de este sistema argumentan, estos envases no se reutilizan, sino que se incorporan a los canales habituales para su reciclado. La propuesta de añadir este sistema paralelo en algunas Comunidades Autónomas ha levantado una serie de críticas por parte de distintos sectores, que alegan, en primer lugar, que este sistema sólo es válido para botellas de plástico y latas de acero y aluminio, con volúmenes entre los 0,1 y 3 litros y, en algunas ocasiones, para envases de vidrio. Es decir, que sólo es válido para un porcentaje del total de envases. Por ejemplo, una lata de cerveza sería admitida en este sistema, pero una lata de tomate seguiría siendo reciclada a través del actual contenedor amarillo. Lo mismo pasa con el agua: una botella de 1,5 litros sería admisible por el SDDR, pero no así un bidón de cinco litros. Además de ser selectivo, este sistema supone una dificultad añadida para los consumidores, que deberían instalar otro cubo en sus hogares para almacenar los envases gestionados con el SDDR. Asimismo, este tipo de envases se devolvería en los comercios, por lo que se restringe el reciclaje al horario comercial.

Lo que hay detrás parece sólo un interés comercial de la marca productora de las máquinas. Se calcula que en España se necesitarían unos 20.000 puntos de recogida, lo que supone un volumen de negocio de 470 millones de euros. «Se está confundiendo a los ciudadanos con la falsa promesa de que se vuelve al antiguo sistema de cascos o de pago por reciclaje. Se paga por adelantado, lo que supone que productos como el agua embotellada costarán hasta un 40 por ciento más», opina Rey.

Sin mejoras

La Plataforma Envase y Sociedad acaba de presentar un estudio realizado con la intención de ver si la implantación del SDDR podría suponer alguna mejora en la recogida de residuos en España. El informe, elaborado por cinco universidades públicas, analiza los casos de los dos países donde dicho sistema de devolución funciona, Alemania y Noruega, y los compara con la realidad comercial de cuatro comunidades autónomas españolas. Como explica Juan Quintana, secretario general de dicha Plataforma, la conclusión es que «no aporta mejorías sustanciales de las tasas de reciclado. En Alemania se ha verificado un aumento escaso de entre un 2,4-2,5 por ciento. Tal y como está planteado es inviable. Sería mucho más complejo para los ciudadanos». Los resultados en cuanto a volumen de reciclado son escasos, pero es que también el coste del sistema se multiplica por ocho. Un sobrecoste que pagan por adelantado los consumidores al adquirir el envase y que sólo pueden recuperar si reciclan en las máquinas y en determinados comercios. El reciclado se convierte en una obligación cara y no un acto voluntario de concienciación ciudadana, y en un nuevo sistema que se tendría que aprender.

Además, la implementación detraería unos 63 millones de euros a las arcas municipales, según ha declarado la Federación española de Municipios y Provincias a Europa Press. Las organizaciones del pequeño y gran comercio tampoco están convencidos de las bondades del SDDR, entre otras cosas porque la instalación de la máquina cuesta más de 20.000 euros. En el caso de los comercios de barrio tendrían que destinar parte de la actividad de su personal a gestionar manualmente el volumen de residuos. Esto supondría que pequeños empresarios se conviertan en gestores improvisados de residuos, ya que sólo los grandes podrán permitirse pagar el precio de estas máquinas de recogida. «El actual sistema funciona. Si lo que queremos es un sistema dual, la implantación del SDDR ahora mismo plantea dudas en cuanto a viabilidad económica y técnica. En el caso valenciano, esperamos informes de la Generalitat en este sentido, aunque creemos que antes de tomar una decisión política hay que realizar los estudios previos y hacer las consultas», opina Pedro Roig, director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana.

Tampoco parece que el medio ambiente vaya a salir favorecido, ya que «se duplica la necesidad del transporte, porque no es un sistema complementario sino paralelo. A la recogida de los contenedores, que no puede desaparecer, habría que sumar decenas de furgonetas recogiendo en los comercios los residuos», explica Rey. Además, «existe el peligro de que el ciudadano empiece a reciclar solo aquellos productos por los que le van a devolver dinero», opinan en la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios.

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios espera información adicional antes de apoyar o no la introducción de este nuevo sistema: «Todavía no nos han confirmado nada; nos ha prometido informes acreditativos sobre el SDDR. Nosotros sólo apoyaremos un sistema del que se tengan información ambiental y económica favorable y que genere consenso», opina Fernando Moner, portavoz de dicha Asociación.