Farmacia: La liberalización, un peligro para la salud

El sector se une en su rechazo a las propuestas de la CNMC por sus tintes economicistas y por poner en riesgo la salud de los españoles

Los días pasan, pero la lectura de las 152 páginas del informe publicado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) que insta a liberalizar el sector farmacéutico, sigue generando perplejidad, pues dista mucho de ser un análisis coherente y profundo, dicen, de lo que es verdaderamente una farmacia española, un modelo que ha sido refrendado por el Tribunal de Justicia Europea en diversas sentencias por razones de interés general y salud pública. ¿Por qué desmantelarlo? Los intereses son numerosos desde hace tiempo, sobre todo para los laboratorios, que incrementarían su volumen de negocio y para franquicias de Europa que entrarían en el mercado español. «Creemos que quien propone un cambio radical de un sistema que funciona y cuyo resultado respecto a la sociedad es satisfactorio, es quien debe explicar los supuestos beneficios. Y no que quien tenga que justificarse sea quien ejerce un modelo que no genera demanda social y que está valorado como un servicio excelente», explica Francesc Pla, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, que añade que «¿cuál es la razón de su propuesta, que existe una demanda social? No existe tal demanda, debe ser un interés económico de entrar en algún sector, porque si no, no se entiende».

Entre las más llamativas e irrisorias se lee la propuesta de abrir la dispensación de medicamentos a comercios ajenos a la farmacia. Es decir, la posibilidad de que cualquier establecimiento (supermercados, gasolineras...) pueda dispensar medicamentos que no necesitan receta. Si desde el Ministerio de Sanidad la respuesta no se hizo esperar, y consideran que estas prácticas pondrían en riesgo la salud de los ciudadanos al no estar garantizada la asistencia profesional, además de fomentar prácticas fraudulentas, en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, su presidente Jaime Giner sostiene que «en ninguno de estos establecimientos cuentan con una ficha del paciente. Con la liberalización nos encontramos ante un problema de salud pública, pudiendo tener que hacer frente a interacciones medicamentosas, posibles problemas de trazabilidad, de falsificaciones y todo ello, unido al aumento de ingresos hospitalarios y de urgencias».

Y es que los medicamentos que recomiendan sacar de la farmacia, no dejan de ser eso, medicamentos, y pueden tener efectos secundarios, reacciones adversas o interacciones con otros. «Es cierto que no todos tienen el mismo nivel de riesgo o necesidad de vigilancia, pero es que no es sólo el fármaco, sino el paciente y su tratamiento global. Que el paciente acceda a un establecimiento sanitario con un profesional que tenga facilidad de que le pueda preguntar es una garantía. Imagine un hipertenso que pide un antigripal con efedrina... ¿Quién le va a orientar y a ayudar? El diálogo se pierde».

En la farmacia sí hay un profesional que custodia, controla y dispensa o en su caso niega esos medicamentos cuando no son necesarios. Desde la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac), su presidente, Jesús Gómez, considera que el informe «se carga tres pilares básicos, puesto que no tiene en cuenta ni las personas, ni la salud ni la sostenibilidad».

Accesibilidad

No obstante, por parte de la CNMC insisten en sus buenas intenciones de aumentar el acceso a los medicamentos. Según destacan, se imponen restricciones de acceso y de ejercicio de la actividad de la distribución minorista de medicamentos. «Estas restricciones tienen impacto negativo sobre la competencia y, en consecuencia, perjudican a los pacientes como consumidores de estos productos, incrementan el coste de aprovisionamiento del sector público y reducen el bienestar general», advierte el informe.

Pero desde el MICOF señalan que un reciente estudio de la OCDE ha comprobado que en los países donde se ha dado esta liberalización no se ha visto que la accesibilidad en áreas como las rurales haya mejorado, dado que las nuevas farmacias habitualmente se concentran en áreas urbanas, dejando desprotegidos a los ciudadanos que viven en zonas rurales. Francesc Pla argumenta que «las oficinas de farmacia están distribuidas de forma homogénea, el sistema de suministros es rapidísimo». Pla se pregunta si realmente «¿va a haber una mejora de accesibilidad con una propuesta desregularizadora? Ha de mirarse por el objetivo final. ¿Cuántas bolsas de la geografía española existen donde no haya una farmacia accesible? Ninguna».

En cambio, en países como Reino Unido no se puede decir lo mismo. Hay amplias zonas sin acceso directo al medicamento. En Dinamarca «tocan» a una farmacia cada 17.000 habitantes, En Suecia, una por cada 10.000, mientras que en nuestro país hay una por cada 2.200 personas. Desde la organización Facua recuerdan que «si la apertura de nuevos centros farmacéuticos sólo sigue patrones economicistas, pensados en el beneficio sin considerar el bien público, pueden darse situaciones en las que parte de la población quede desatendida por no ser rentable un negocio en determinadas zonas».

Titularidad

En la actualidad, la mayoría de los países de la Unión Europea (Alemania, Francia, Finlandia, Austria, Italia...) contempla la propiedad-titularidad de la Farmacia por un farmacéutico independiente. Pero esto tampoco parece verlo con buenos ojos la CNMC, que propone eliminar el requisito de que los propietarios y titulares de oficina de farmacia sean farmacéuticos colegiados, y recomienda permitir la propiedad de más de una oficina de farmacia. Todos los organismos vinculados al sector no pueden creer dicho comentario, pues el farmacéutico es una garantía sanitaria, «el único profesional con los conocimientos necesarios para poder aconsejar a los usuarios sobre el uso de los fármacos», argumentan en Facua.

Fernando Redondo, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) no ha dudado en declarar que «Competencia ha demostrado una vez más su inquina, incomprensible, hacia la Farmacia, y defiende un modelo desregularizado que eleva los costes y perjudica la atención sanitaria al ciudadano».