Ferrer y Tur se niegan a declarar por amañar presuntamente las oposiciones de bomberos en Formentera

El juicio contra el expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y la exconsellera insular de Medio Ambiente, Sílvia Tur, ha quedado este martes visto para sentencia tras una única sesión, a pesar de que se habían previsto tres jornadas.

Ambos están acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa por supuestamente haber amañado un proceso selectivo del cuerpo de bomberos en 2012.

Ferrer y Tur se han acogido a su derecho a no declarar, ni siquiera ante sus propias defensas, ejercidas por los letrados Fernando Mateas y Ascensión Joaniquet. El juicio, que debía arrancar el lunes, se aplazó a este martes por la necesidad de consultar un expediente en papel.

En el trámite de cuestiones previas, las defensas solicitaron la nulidad de las actuaciones desde diciembre de 2017 —seis meses después de la incoación de diligencias— por supuesta vulneración de plazos. La Sala, sin embargo, ha considerado que los plazos se han respetado.

Declaración de un bombero afectado

Durante la vista, ha declarado el bombero que se considera perjudicado por el proceso. Años después, un Tribunal Contencioso-Administrativo le dio la razón, anuló los nombramientos y lo reconoció como bombero colaborador.

El testigo ha explicado que, tras el proceso, se enteró por filtraciones de compañeros de que se había nombrado a dos personas sin los requisitos exigidos. Según ha relatado, él quedó en séptima posición y, dado que se ofertaban cinco plazas, una persona renunció y otras dos no cumplían con las condiciones, él debía haber accedido al puesto.

Además, han comparecido como testigos los dos bomberos supuestamente beneficiados. El primero ha reconocido que, cuando se presentó, tenía 19 años y no contaba con el permiso de conducir tipo C, necesario para conducir camiones.

Obtuvo dicho carné en 2014, con 21 años, cuando fue llamado a incorporarse. El segundo testigo ha admitido también que no tenía el permiso en el momento de la inscripción. Ambos han negado cualquier vínculo de influencia con los acusados y han sostenido que la falta del carné C no implicaba la expulsión del proceso, sino que podía ser valorada.

La petición de la Fiscalía: 12 años de inhabilitación

La Fiscalía mantiene la petición de 12 años de inhabilitación para cargo o empleo público para Ferrer y Tur. Considera que ha quedado acreditado que ambos realizaron una interpretación arbitraria de las bases del proceso para beneficiar a personas concretas.

Según el Ministerio Público, dictaron resoluciones injustificadas y omitieron actos deliberadamente, ignorando los criterios de selección publicados en el BOIB.

Por su parte, las defensas han reconocido que el proceso pudo estar mal gestionado, pero niegan la existencia de dolo o intencionalidad, requisitos necesarios para que exista delito de prevaricación. Solicitan la nulidad de parte del procedimiento y la absolución de los acusados.

La Fiscalía no ejerce acusación contra la exvicepresidenta del Consell, Sonia Cardona, ni contra el exgerente Isidor Torres, a quienes descarga de responsabilidad.