El agua de la solidaridad

La solidaridad interterritorial es un seña de identidad de un proyecto nacional y España ha dado muestras fehacientes de esa colaboración entre las diferentes autonomías a lo largo de las últimas décadas. Nadie puede evitar que unos territorios tengan un nivel pluviométrico superior a otros, o que sean más soleados, ni que tengan tierras más fértiles que en otras latitudes o que haya vastas extensiones pobladas y otras sin apenas habitantes.

Compensar los desequilibrios de cualquier índole está en el espíritu de la Constitución y los españoles sabemos ayudar a quien lo necesita. Vivimos tiempos en los que ese compañerismo, esa camaradería entre compatriotas no cotiza al alza, más bien parecen conceptos arrinconados fundamentalmente por los nacionalistas, pero no son los únicos porque ese virus se contagia con rapidez.

Resulta de todo punto inútil intentar explicar que no es productivo para un país, en este caso España, poner barreras a las riquezas de cada Autonomía y todas deben aprovechar las sinergias de las restantes para conformar una red potente que compita en el difícil mundo globalizado que nos ha tocado ir asimilando en los últimos años.

No entendemos que en una cuestión tan básica como es la de la suficiencia hídrica exista una polémica que enfrenta a unos territorios con otros. El Partido Popular siempre ha abogado por un Plan Hidrológico Nacional que permita llevar el agua de las cuencas excedentarias a las deficitarias —garantizando los recursos suficientes a las primeras y cubriendo las carencias de las segundas—.

Los valencianos estamos entre los que padecen una sequía estructural que coyunturalmente puede mejorar pero que requiere de un aporte extra de otras cuencas para cubrir sus necesidades. La agricultura de la Comunidad Valenciana es también un ejemplo de solidaridad que permite llegar al resto del país un sinfín de productos que por el clima privilegiado obtienen un mejor rendimiento.

Es por ello que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, aunque no cuestiona la configuración legal del trasvase Tajo-Segura ni su existencia, ha generado cierta incertidumbre en cuanto a su viabilidad futura y son los trasvases una expresión máxima de solidaridad interterritorial de la que no podemos prescindir.

El PP lo tiene claro al contrario que otras formaciones políticas como el PSOE que no pone de acuerdo a sus dirigentes a este respecto como es el caso del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien pide la supresión del Tajo-Segura.

Y para que esa defensa de los trasvases sea unánime hemos pedido a las Cortes Valencianas la reunión de la Diputación permanente para que las fuerzas parlamentarias expresen su apuesta por la permanencia de esta transferencia.

El Tajo-Segura es esencial no sólo para la agricultura alicantina, pues abarca más del 60% del regadío provincial, sino también para el abastecimiento urbano a 35 municipios de la provincia, algunos de ellos tan importantes en número de habitantes como Alicante, Elche, Orihuela o Torrevieja.

Esta infraestructura es estratégica para el conjunto de España, ya que conecta demarcaciones como la del Tajo, el Guadiana, el Júcar, el Segura y las cuencas mediterráneas andaluzas. Los aportes hídricos de esta conducción no pueden ser sustituidos por ningún otro recurso y el Gobierno de España debe garantizar su permanencia.

Y es ahí donde las elecciones del próximo 28 de abril cobran una especial relevancia. El proyecto del Partido Popular que encabeza Pablo Casado garantiza esa solidaridad y tiene redactado un pacto nacional por el agua que no enfrenta a los territorios y en el que los diferentes líderes del partido en Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha están de acuerdo.

El agua como recurso básico no puede ser fuente de conflicto y sí un derecho al que todos los españoles deben acceder. La oposición del PSOE a que lleváramos este documento al Congreso frenó su aplicación pero si ahora llegamos al Gobierno de España se planteará al resto de formaciones políticas que en unos territorios hablan de solidaridad hídrica pero que cuando llegan a la Comunidad Valenciana se les olvida reivindicar.

Cada vez que los socialistas gobiernan se cercenan derechos de los españoles y el agua es uno de ellos. Ya sucedió cuando por orden de ERC se derogó el trasvase del Ebro. Ahora, la bota de los nacionalistas sigue apretando para que esa conducción no se ejecute en un futuro y, como hemos analizado, los socialistas también ponen en peligro las que ya están en uso y son una parte fundamental de la economía y la sostenibilidad en la provincia de Alicante y, por ende, de España.

El PP va a mantener su discurso de una forma seria y coherente en materia hídrica, como lo tiene en infraestructuras básicas, sanidad, educación, fiscalidad o medidas de impulso económico. Todo suma en favor de los ciudadanos y hemos de evitar que quienes quieren poner freno al carácter solidario de los españoles sigan al frente de las instituciones. Es un cuestión de justicia social.