El balance triunfalista del Gobierno choca con la realidad de los damnificados por la erupción de La Palma

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, eligió el cuarto aniversario de la erupción del volcán de Cumbre Vieja para lanzar un mensaje triunfalista: “Hay más empresas, más afiliados, menos paro y más población” en La Palma que antes de la catástrofe. El Ejecutivo asegura haber movilizado más de 1.100 millones de euros para la reconstrucción y presume de que prácticamente se han ejecutado en su totalidad. Pero, mientras las estadísticas brillan, muchos damnificados recuerdan que la reconstrucción verdadera, la de las viviendas, la del territorio y la de la vida cotidiana, sigue pendiente.

Torres, que entonces era presidente de Canarias y ahora gestiona la política territorial desde Madrid, subraya que los principales indicadores “demuestran un cambio de tendencia claro”. Y es cierto que los números, sobre el papel, lo avalan. El Producto Interior Bruto de la isla ha crecido de media un 5% anual, la población ha aumentado un 3% desde 2021 y hoy viven en La Palma 86.549 personas. También se contabilizan 100 empresas más que antes de la erupción, con un total de 2.580 registradas, y la afiliación a la Seguridad Social alcanza un récord histórico de 27.020 cotizantes, 5.000 más que hace cuatro años. Incluso el paro ha caído con fuerza, del 20,16% al 12% en apenas un lustro.

El relato gubernamental incluye, además, la construcción de la llamada Carretera de la Costa sobre la lava aún caliente, los 135 millones destinados a cuatro planes de empleo específicos para la isla, los pagos de alquileres durante cuatro años, los 240 millones abonados por el Consorcio de Seguros para compensar la pérdida de primeras viviendas y el uso de los ERTE como “escudo social” en los meses más críticos. Todo ello se envuelve en una narrativa épica. Ningún fallecido durante los 85 días de erupción, ni en los años posteriores en Puerto Naos y La Bombilla a pesar de las emisiones de gases, lo que el ministro atribuye a la “responsabilidad y resistencia ejemplar” de la sociedad palmera.

Sin embargo, el optimismo de las cifras contrasta con la percepción de buena parte de los vecinos afectados, que reclaman menos propaganda y más certezas. Cuatro años después, miles de personas siguen sin vivienda definitiva y la reposición estructural avanza a un ritmo lento, atrapada en la burocracia, la falta de suelo y la ausencia de un planeamiento ágil. La Palma exhibe más afiliados, pero su tejido empresarial continúa fuertemente dependiente de la obra pública y de las subvenciones estatales, con escasa diversificación real. Y mientras el Gobierno habla de récords, muchos afectados aún peregrinan entre oficinas para tramitar expedientes sin un calendario claro ni una oficina única que simplifique el proceso.

El discurso oficial insiste en que la reconstrucción ha sido un "éxito" gracias al esfuerzo de las administraciones. Pero la gran deuda pendiente sigue siendo la vivienda, junto con la recuperación plena de zonas como Puerto Naos o La Bombilla, donde los gases continúan condicionando la normalidad. Los damnificados lo repiten: "Las ayudas han sido vitales, pero no sustituyen la certeza de un hogar estable ni un plan económico sostenible para el futuro de la isla".