Casi la mitad de las empresas registradas en Canarias no tiene actividad: es la mayor tasa de toda España

El 45% de las empresas en España consideradas activas por los registros oficiales no realizan ninguna actividad. Así lo ha arrojado un estudio elaborado por Iberinform, la filial de Crédito y Caución. Además, se indica que 1.832.000 empresas registradas en España no han publicado actos ni presentado cuentas en los registros oficiales en los últimos años.

Una situación que no mejora si ponemos el foco sobre las islas. Y es que Canarias es la comunidad autónoma con la mayor tasa de inactividad entre sus empresas registradas, alcanzando un 49% y superando así esa media nacional del 45%, según el mismo estudio.

Cifras por regiones

En cuanto a los datos por comunidades autónomas, más allá de Canarias que se posiciona en el pódium respecto a dicha tasa de inactividad, le sigue muy de cerca Andalucía(48%), así como Ceuta y Melilla (47%), Comunidad Valenciana (46%) y Murcia (46%).

En cambio, en el lado opuesto del ranking hallamos a La Rioja (28%) como la comunidad autónoma con el menor porcentaje de inactividad entre las empresas registradas, seguida de Navarra (32%), País Vasco (34%), Aragón (35%), Castilla y León (36%), Extremadura (36%), Galicia (39%), Cantabria (39%), Baleares (40%), Asturias (41%), Cataluña (41%), Castilla-La Mancha (42%) y Madrid (43%).

No presentar las cuentas

Al analizar el número de empresas que han presentado sus cuentas anuales de 2022 en el Registro Mercantil, el último año completo, se observa una disminución del 5,9% en comparación con el récord histórico alcanzado en 2020.

El incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas puede acarrear graves consecuencias para la empresa, como el cierre provisional de su registro.

Esto impide que se inscriban documentos en el Registro Mercantil, salvo en casos excepcionales, como el cese o dimisión de los administradores, la justificación para declarar un concurso de acreedores como culpable, la posibilidad de que la empresa, sus socios o acreedores demanden a los administradores por los daños ocasionados por el incumplimiento del depósito, o la imposición de sanciones económicas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).