La Junta pide penas de prisión de hasta 20 años para diez imputados del caso Arroyo-Portillo

La Junta de Castilla y León ha presentado su acusación particular en el caso de compra de los edificios de Arroyo y polígono de Portillo, y los Servicios Jurídicos solicitan para los diez imputados -dos de ellos ex altos cargos del Gobierno regional como son los ex viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, de los que dice que actuaron a título personal-, penas de prisión que suman un total de 20 años, multas por 22,5 millones de euros de euros y una responsabilidad civil de los acusados a pagar a la Administración Autonómica de 16,3 millones de euros.

De esta forma, tras personarse en el caso en mayo de 2016, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia da cumplimiento al auto de febrero de 2019 del Juzgado de apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Valladolid, formulando las conclusiones provisionales de acusación.

Los hechos objeto de investigación abarcan desde mediados de 2005 hasta diciembre de 2011, y básicamente han sido dos, sin conexión en cuanto a la materia u objeto, pero en los que sí parece que han intervenido las mismas personas investigadas, según detalla la Junta en un comunicado.

En primer lugar, señala que se han investigado los hechos de la Agencia de Desarrollo Económico y de la empresa pública Gesturcal en el proceso de compra del Edificio Administrativo de Arroyo de la Encomienda como sede de diversas entidades públicas, y en segundo lugar, los hechos de la misma empresa pública sobre el proceso de compra de parcelas en Portillo para la construcción de un polígono industrial, ambos ubicados en Valladolid.

Sobre estos hechos, el procedimiento judicial penal se inició mediante las Diligencias Previas 5035/2013 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid, por denuncia de la Fiscalía Provincial de Valladolid, sobre si determinados cargos de una concreta empresa pública (Gesturcal) del sector público de la Comunidad habían podido propiciar, con provecho propio, un trato privilegiado y de beneficio a determinados empresarios privados, en el caso conocido como “Arroyo y Portillo”.

El director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, explica que el interés que persigue la Junta de Castilla y León en este proceso es el esclarecimiento de los hechos, la protección de los derechos e intereses de la Administración Autonómica, exigiendo la responsabilidad penal de las personas físicas que los hubieran podido cometer, y también la civil, de éstas y de las empresas privadas beneficiarias de las actuaciones, y recuperar aquellos daños y perjuicios que haya podido tener la Hacienda Pública de Castilla y León, como titular del 100 por ciento del accionariado de la empresa pública.

González Gago remarca que los Servicios Jurídicos en su acusación han hecho hincapié en que, en este caso, las presuntas actuaciones ilícitas las han cometido sólo dos personas del sector público, y lo han hecho a título personal, en ningún caso como altos cargos de la Junta de Castilla y León, sino como cargos directivos de una empresa pública, que tiene forma de sociedad anónima, y que actúa normalmente en el mercado sujeta al derecho privado.

Acusación

Respecto al edificio administrativo de Arroyo, los Servicios Jurídicos de la Junta acusan a tres imputados por darse presuntamente entre sí información privilegiada previa para favorecer a la empresa que luego sería la arrendadora, por irregularidades en el previo alquiler que se formalizó, por los costes y repercusión de diversas modificaciones estructurales realizadas en el edificio durante el arrendamiento, y por la asunción por la empresa pública de los gastos financieros previos por préstamos solicitados por la empresa privada contratista para hacer el edifico.

Respecto a los hechos sobre la compra de parcelas en Portillo para la construcción de un polígono industrial, los Servicios Jurídicos de la Junta acusan a siete imputados por irregularidades al crear al menos tres empresas privadas para propiciar presuntamente ventas en cascada de los terrenos con un incremento injustificado y sucesivo de su coste hasta adquirirlos la empresa pública, por gastos de urbanización del polígono que no le correspondía abonar a la empresa pública, por una transferencia efectuada por la empresa pública sin concepto y sin justificar, y por los gastos financieros por prestamos asumidos por la empresa pública para poder realizar toda la operación de compra de terrenos, que nunca debió soportar de haber adquirido de forma directa los mismos.

Por estos hechos, para un cargo de la empresa pública se solicita por el delito continuado de negociación y/o actividad prohibida 4 años y medio de prisión, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años, y por el delito continuado de malversación 7 años de prisión, e inhabilitación absoluta por 18 años. Para otro cargo de la empresa pública, se solicita por el delito de malversación 4 años de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años.

Para un empresario privado, por el delito continuado de tráfico de influencias 11 meses de prisión y multa de 10.000.000 de euros. Y para otros cinco empresarios privados, a cada uno de ellos, por el delito continuado de tráfico de influencias 9 meses de prisión y multa de 2.500.000 de euros.

Además, a todos ellos directamente se les pide la responsabilidad civil frente a la Junta de Castilla y León, a la que deberán satisfacer, en la parte que les corresponda, la cantidad de 16.300.000 de euros, siendo responsables subsidiarias las empresas privadas que dirigían.