Castilla y León se suma a la declaración institucional “De la crisis se sale cooperando”

La Junta de Castilla y León, que concentra sus competencias de Cooperación para el Desarrollo en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, reitera su compromiso con estas políticas públicas y presenta en la Comunidad la declaración “De la crisis se sale cooperando”, enmarcada en la pandemia.

La iniciativa reúne como firmantes a las comunidades y ciudades autónomas y a nueve fondos de cooperación con el objetivo de situar en el centro el bienestar y la vida digna de todas las personas y futuras generaciones con “propuestas imprescindibles para promover el desarrollo sostenible en un mundo complejo, cambiante e interdependiente”.

Castilla y León es una comunidad solidaria y comprometida, y su Ejecutivo autonómico también lo refleja en el ámbito de sus competencias. Con el resto de administraciones públicas y fondos de cooperación, y tal y como refleja el texto de la declaración, la Junta “apuesta por consolidar alianzas y consensos políticos y sociales que permitan a la cooperación continuar invirtiendo y contribuyendo a garantizar un presente y un futuro sin dejar nadie atrás”.

Ante los impactos ocasionados por la covid-19 en las distintas sociedades, que “acelerarán sin duda una transformación global tanto a nivel económico como social y político”, desde la cooperación descentralizada se propone abordar los desafíos existentes desde una perspectiva local-global, que sea coordinada y complementaria.

La crisis ha puesto de manifiesto la interdependencia geográfica y entre los diversos ámbitos del desarrollo: salud, economía, protección social o medio ambiente y, a este respecto, la declaración acentúa el papel que la Agenda 2030 ha de tener también para dar respuesta al contexto actual y también al futuro. Además, en el escrito conjunto se manifiesta que la solidaridad internacional es una responsabilidad compartida e imprescindible para garantizar el futuro del planeta.

Asimismo, se señala la necesidad de equilibrar lo urgente y lo importante; esto es, la gravedad de la situación obliga a priorizar también aspectos a medio y largo plazo, como la revalorización de los bienes públicos globales, las consecuencias del cambio climático, o las causas de las grandes migraciones.

El Gobierno autonómico asume como propios, de igual modo, otros compromisos incluidos en la declaración tales como el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y su participación en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas, ya que desde su cercanía a las poblaciones más vulnerables pueden garantizar la defensa de sus derechos y que nadie se quede atrás.

35.000 euros adicionales para ayuda humanitaria

El conjunto de las comunidades autónomas firmantes de esta declaración han consensuado realizar un gesto conjunto adicional para dar respuesta a dos llamamientos internacionales de ayuda humanitaria que tienen que ver con las poblaciones desplazadas y refugiadas en situación de especial vulnerabilidad, situación que se ha visto agravada por la crisis de la COVID-19.

Se trata de atender las necesidades especiales de los campamentos saharauis de Tinduf y de las personas refugiadas palestinas, apoyadas a través de UnrwaA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). Para estas iniciativas concretas la Dirección General de Acción Exterior ya está tramitando que la Junta de Castilla y León realice una aportación económica de 35.000 euros, una cuantía adicional a las líneas de subvención a proyectos de desarrollo en países empobrecidos que ese ejecutan en el marco de la política de cooperación internacional para el desarrollo.