Salamanca

Salamanca no dejará a nadie atrás

El Ayuntamiento destina 5,6 millones en ayudas económicas y sociales para paliar la crisis del coronavirus que beneficiarán a más de seis mil familias

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo
El alcalde de Salamanca, Carlos García CarbayoAyto. SalamancaLa Razón

Salamanca no quiere que nadie se quede atrás en esta crisis económica y social que se avecina derivada del coronavirus, a la que quiere parar los pies cuanto antes. Así, y una vez aprobado el Plan de Reconstrucción por unanimidad de todos los grupos en el Consistorio, el Ayuntamiento ha presentado este viernes las ayudas económicas y sociales que se van a destinar para tal fin entre los salmantinos que lo necesiten.

Un paquete de medidas para las cuales se ha reservado una partida de 5,6 millones de euros de los que se podrán beneficiar alrededor de seis mil familias, según calcula el equipo de Gobierno que preside Carlos García Carbayo. Acompañado de la primera teniente de alcalde, Ana Suárez, el primer edil salmantino explicaba que de esta cantidad, 3,6 millones se distribuirán en cuatro líneas dirigidas a aportar liquidez a los autónomos y a las pequeñas empresas de la ciudad, así como a facilitar la modernización y digitalización de sus negocios, colaborar con la instalación de elementos de seguridad sanitaria y favorecer el relanzamiento empresarial de trabajadores por cuenta propia y desempleados.

“Nuestra prioridad es salvar el tejido empresarial y productivo”, aseguraba García-Carbayo, al apuntar que estas ayudas a pymes y autónomos serán “compatibles" con otras siempre y cuando la suma de los importes no exceda los 5.000 euros por actividad empresarial”, y el máximo subvencionable por empresa será de 3.000 euros “salvo lo referido a las ayudas para el impulso de las medidas sanitarias de protección”, que alcanzan un máximo de 600 euros por solicitud.

En el caso ayudas dirigidas a bonificar los intereses y otros gastos vinculados a operaciones de préstamos, dotadas con 2 millones de euros, el objetivo del consistorio es favorecer la liquidez de al menos unas 1.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos salmantinos, ha detallado.

Por otra parte, explicaba que a través de las ayudas de segunda oportunidad para autónomos y para desempleados que apuesten por el autoempleo, y que cuentan con un presupuesto de 270.000 euros, el ayuntamiento espera beneficiar al menos a casi un centenar de personas.

Además, a través de la línea de apoyo a la modernización y consolidación digital, que dispone de un presupuesto de 150.000 euros, se prevé favorecer al menos a medio centenar de empresas y autónomos de nuestra ciudad. Mientras que con las ayudas para la adopción de medidas preventivas frente al coronavirus, que están dotadas con 1,2 millones de euros, se calcula llegar, al menos, a casi 2.100 pymes y autónomos.

A estas medidas se une la reducción del 99 por ciento de la tasa de ocupación de la vía pública para terrazas aprobada este viernes, 5 de junio, por el pleno del Ayuntamiento de Salamanca. Una “medida de justicia, dado el momento en el que nos encontramos”, que busca apoyar a la hostelería y al turismo como “sectores que aportan un altísimo valor añadido” para la ciudad charra y que, según el alcalde, son “pilar fundamental, junto al comercio, de la economía local y familiar de miles de salmantinos”.

Esta medid, que beneficia a aquellos que han recibido una autorización para la colocación de mesas y sillas en ciertos espacios de la ciudad y para los vendedores del Rastro, supondrá una reducción de los ingresos municipales de 700.000 euros este año.

Durante su intervención, el alcalde de Salamanca destacaba que tanto esta inversión como la pérdida de ingresos suponen un “desafío importante” para las arcas municipales, pero que el consistorio asume “desde el más firme compromiso con los salmantinos, consciente de que en estos momentos de dificultad miran hacia su ayuntamiento como punto de referencia para la reconstrucción económica y social”.

Carbago aprovechaba su intervención para reivindicar asimismo la creación de un Fondo Estatal para las entidades sociales, el pago del IVA y la flexibilización de la regla de gasto y de déficit. "De este modo -decía- podremos llegar aún más lejos de lo que nos permite nuestra propia capacidad, que estamos explotando al límite de nuestras posibilidades”.

Alquiler del hogar, alimentos y material de protección

Los dos millones de euros restantes de este paquete de ayudas irán a las personas y a las familias cuya situación económica se ha visto mermada como consecuencia de la crisis económica, ampliable en función de las solicitudes y están dirigidas a facilitar los gastos propios de la vivienda, tales como los suministros básicos o el pago del alquiler y de las cuotas hipotecas; así como alimentación y compra de elementos de protección, como mascarillas y gel hidroalcohólico.

La primera teniente de alcalde, por su parte, explicaba que para ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes deberán estar en situación de desempleo a partir del 14 de marzo, o estar sujetos a un ERTE, a una reducción de la jornada laboral o haber cesado su actividad por cuenta propia desde esa fecha.

La cuantía concedida será la diferencia entre los ingresos mensuales netos de la unidad familiar, y un límite considerado como referencia, que oscilará entre los 1.098,09 euros y los 1.411,83 euros, en función del número de miembros de la unidad familiar, Para la concesión de estas ayudas se tendrá en cuenta la pérdida sustancial de poder adquisitivo de la unidad familiar, definida a partir de unos ingresos que antes del 14 de marzo no superaran el límite de cuatro veces el Iprem, es decir, los 2.151,36 euros con carácter general y posteriormente a esta fecha sean inferiores a 1.098,09 euros.

La cantidad se incrementará en 0,1 veces el Iprem por cada hijo o persona mayor de 65 años a cargo, siendo el incremento de 0,15 veces en el caso de familias monoparentales. Igualmente, esa cuantía se incrementará en 5 veces el Iprem si algún miembro tiene declarada una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o si tiene reconocida una situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para la actividad laboral.