El PP acusa al PSOE de Tudanca de «vender» a los ciudadanos

Hondo malestar en los ayuntamientos de la Comunidad gobernados por el PP a cuenta del acuerdo del Gobierno con la Federación Nacional de Municipios y Provincias (FEMP) por el que el Estado dispondrá de los remanentes de las entidades locales si estas quieren acceder a las ayudas estatales de 5.000 millones de euros para la recuperación.

Tal es así, que en el PP ya han anunciado que no comparten el Real Decreto, que no van ceder su superávit bajo ningún concepto y que tratarán de hacer decaer este acuerdo o modificarlo en la convalidación en el Congreso de los Diputados. Pero, sobre todo, en el caso de Castilla y León, esta indignación se extiende al PSOE de Luis Tudanca, al que acusan de «vender» a los ciudadanos por su defensa de este Real decreto «confiscatorio».

«Comparan a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con Robin Hood cuando se parecen más al sheriff de Nottingham, ya que lo único que quiere el Gobierno de España es rescatarse a si mismo y tener dinero a través de los ahorros que tan duramente han ido realizando los castellanos y leoneses a través de sus entidades locales», denunciaba este martes el vicesecretario regional de Política Municipal, Héctor Palencia.

Por el contrario, recordaba que el PP «siempre» ha defendido que los ahorros de los castellanos y leoneses puedan ser utilizados para las necesidades más urgentes, sobre todo en una situación extrema como esta que necesita medidas urgentes.

Palencia echaba en cara al Gobierno de España su «desgobierno» y aseguraba que lo que los ciudadanos necesitan en estos momentos tan complicados por la pandemia «es un Gobierno que entienda y ayude a las entidades locales, como es el caso de la Junta de Castilla y León que ha puesto en marcha tres fondos extraordinarios por valor de mas de 92 millones de euros»

Por todo ello, el dirigente popular insistía en que el PP no dará la batalla por perdida y avanzaba que intentarán por todos los medios legales que tengan a su alcance cambiar esta situación y sumar el apoyo de todas las fuerzas políticas que defienden el interés local y no comparten este real decreto para hacerlo decaer o modificarlo en la convalidación en las Cortes Generales.