Compromiso con el sistema universitario y su labor docente e investigadora

El Gobierno autonómico da luz verde a otros 101 millones de euros para financiar gastos y personal en las cuatro universidades públicas de la Región, que elevan a 385 millones el total durante todo este año

Coincidiendo con el inicio del curso universitario en Castilla y León, que inaugura hoy en Burgos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, las cuatro universidades públicas de la Comunidad (León, Burgos, salamanca y Valladolid) recibían ayer con satisfacción el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que la Junta aportará más de 101 millones de euros a estas instituciones para que puedan financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Objetivo; que las Universidades puedan contar con aire y oxígeno suficiente para poder mejorar la calidad de la enseñanza que prestan a los alumnos y dar un nuevo impulso a la investigación.

Así, con esta inversión que la Consejería de Educación considera “necesaria”, las Universidades recibirán a lo largo de este año cerca de 385 millones de euros, según fuentes del Gobierno autonómico.

De esta cantidad, 11,4 millones corresponden a la Universidad de Burgos (UBU); 16,7 a la Universidad de León (ULE); 35,8 al Estudio salmantino (USAL) y 37 millones de euros a la Universidad de Valladolid (UVA).

Unas aportaciones que para la Junta “garantizan” la continuidad en la financiación de las universidades públicas de Castilla y León y ponen de manifiesto el “compromiso” del Gobierno de Fernández Mañueco con el sistema universitario público "como fuente de modernización de la sociedad”.

Otros acuerdos

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobaba ayer la formalización de la encomienda a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), para la ejecución y dirección facultativa de las obras de reforma de la estación de autobuses de León y para la gestión de su funcionamiento y explotación hasta 2040, por un importe de 8,5 millones de euros.

Las obras previstas en eta infraestructura de más de 30 años suponen la modernización del conjunto arquitectónico con una nueva redistribución de espacios y adecuación de usos, la tecnificación y digitalización de la infraestructura, la mejora de las condiciones de confortabilidad y calidad del servicio, eficiencia energética y la adaptación del edificio a personas con discapacidad. Junto a ello, se incorpora una nueva señalética e imagen de marca común, junto a la renovación total del aspecto exterior que presenta actualmente el conjunto de la estación, con una propuesta de arquitectura racional.

En materia económica y empresarial, la Junta ha autoreizado una subvención, por importe de 1,92 millones de euros, al Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León para su distribución entre las entidades de la red cameral, que tiene por objeto contribuir a financiar el ejercicio de las funciones público-administrativas que tienen encomendadas por ley.

En Sanidad, se destina otro millón de euros a la contratación del servicio de organización, planificación y traslado al Nuevo Hospital Universitario de Salamanca del Hospital Clínico, Hospital Virgen de la Vega y Centro de especialidades anexo al mismo, el edificio Materno-Infantil y el edificio Industrial-Gestión. Y en materia de igualdad de oportunidades, la Junta ha aprobado la concesión directa de una subvención por valor de 65.769 euros a 68 familias beneficiarias de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con la prestación suspendida por habérseles reconocido el Ingreso Mínimo Vital, pero por un importe inferior al que recibían en concepto de la RGC.

Esta subvención se irá actualizando conforme se vaya incrementando el número de casos y la partida que este jueves se aprueba se suma a los más de 211.000 euros ya destinados a 267 familias de Castilla y León.

El objetivo es compensar o indemnizar económicamente a esas 68 unidades familiares beneficiarias de Renta Garantizada de Ciudadanía por las pérdidas sufridas como consecuencia del reconocimiento de la prestación estatal del Ingreso Mínimo Vital por un importe inferior al que les correspondía.