UGT presenta su proyecto para “repensar el modelo de atención residencial” en Castilla y León

UGT acaba de presentar su plan para la elaboración del proyecto de ley de atención residencial en Castilla y León, con el objetivo de crear un marco regulador que ampare los derechos de las personas mayores y proteja a quienes les cuidan. En este sentido, el secretario general del sindicato en la Comunidad, Faustino Temprano, ha asegurado que las aportaciones del sindicato tienen dos objetivos claros: “debe amparar los derechos de las personas mayores y debe proteger a las personas que las cuidan. El derecho al cuidado debe estar garantizado desde la Junta”.

El sindicato ha ido desgranado cada una de sus propuestas comenzando por la necesidad de “garantizar un único modelo de AICP para todos los centros residenciales con criterios claros de aplicación”. Para conseguirlo, en primer lugar, consideran imprescindible apostar por la “profesionalidad de las personas que trabajan en los centros residenciales”, en palabras de Fonsi Bonafonte, Secretaria de Servicios Sociosanitarios.

En el mismo sentido, desde el sindicato abogan por una atención integrada y holística. En segundo lugar, la organización sindical ha explicado la necesidad de “establecer unos ratios de personal y recursos que no discrimen ni a los usuarios ni a sus profesionales”, estableciendo, eso sí, diferencias entre lo público y lo privado. El modelo de ACP obliga a elaborar un plan de atención individualizado en sintonía con las necesidades cambiantes de las personas, con nuevos elementos de compensación y de reafirmación a medida que las discapacidades cognitivas aumentan.

Por eso, en UGT defienden la necesidad de implementar ratios por diferentes categorías profesionales (personal técnico, atención directa y servicios generales) que se establezcan por jornadas y presencia. Para conseguirlo, consideran imprescindible no reducir plantillas en fines de semana ni festivos y disponer de una persona, al menos, por cada 30 usuarios en las jornadas de trabajo nocturnas.

Además, se han referido a la necesidad de atraer y retener a las trabajadoras y trabajadores del sector de acuerdo al cumplimiento de la legislación vigente en la contratación y la disposición de planes de formación profesionales, así como al establecimiento de una política de prevención en los centros residenciales con perspectiva de género.

En la misma línea, propugnan como otra de las particularidades del sector, la necesidad de apoyo psicológico para usuarios, familiares y personas trabajadoras con el fin de afrontar el óbito. También, en este sector resulta imprescindible la coordinación sociosanitaria.

Asimismo, UGT aboga por la creación de las Unidades Geriátricas en las aéreas de salud, el establecimiento del carácter obligatorio de los Consejos de centros residenciales (con participación de residentes, familiares, trabajadores y directores), inspecciones periódicas con la aplicación del modelo AICP, y el establecimiento de los mismos criterios de acceso y compensación económica a los usuarios, si no existen suficientes plazas públicas, en los centros de gestión privada.

Para desarrollar todas las propuestas presentadas, desde UGT CyL han defendido la necesidad de un presupuesto y financiación suficiente para aplicar reformas que acabe con la inseguridad laboral y la baja calidad del trabajo en las residencias.

En definitiva, tal y como ha sentenciado Tomás Pérez, Secretario Regional de la FESP para concluir: “esta pandemia que estamos sufriendo ha puesto en evidencia muchas cosas. Al principio, se puso el foco mediático en el personal sanitario que fue el baluarte que demostró que vivimos en un estado de bienestar, pero esos aplausos se convirtieron en desprecio público desde la Consejería de Sanidad. La Consejería de Sanidad debe dejar de ver un negocio en las Residencias de Mayores. Asistir y cuidar debe ser un derecho y no deberse a réditos económicos”