El CES recuerda la “complementariedad” del Tercer Sector frente a las “obligaciones” de la Junta

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León destacó que el Tercer Sector Social de la Comunidad tiene una función “complementaria” frente a las obligaciones de las administraciones públicas como la Junta. En concreto, precisó que la colaboración “subsidiaria” y “complementaria” del Tercer Sector de Acción Social no puede “diluir” la responsabilidad en este ámbito de las administraciones públicas, ni derivar la defensa de los intereses sociales en una promoción o cooperación “exclusiva” con las entidades sin ánimo de lucro.

Es una de las conclusiones del CES en el informe previo sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León y la modificación del Voluntariado, ya que recomendó “mejorar” la redacción del nuevo texto con el objetivo de definir los “límites” de la actuación de las entidades. No en vano, dejó claro que la prestación de los servicios sociales por parte del Tercer Sector debe ser un “complemento” al modelo público.

En esa línea, el Consejo Económico y Social advierte, según recogió la Agencia Ical, que el anteproyecto analizado tiene un marco “un tanto falto de concreción”, lo que puede llevar a “cierta confusión” a la hora de marcar la participación e interlocución en la ejecución de las políticas sociales. Una crítica que, precisó, ya expuso en la consulta sobre el Proyecto de Decreto de Concierto Social.

Puso el acento en que el texto legislativo resulta “demasiado” generalista y programático en algunos aspectos, lo que puede llevar en ocasiones a una inseguridad jurídica, al no definir con “suficiente claridad” conceptos como de interés general. En cambio, en otros, se “excede” en el detalle, como la definición de los principios rectores, los criterios de actuación y las obligaciones específicas.

El CES reconoció que la anterior crisis financiera y la actual sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid ha supuesto un impulso de la solidaridad general y un cambio a la hora de cubrir las necesidades sociales de la población, por la urgencia de la situación y por la “lentitud” de la reacción de los dispositivos públicos. De ahí, el papel relevante que han jugado las entidades del Tercer Sector y la “necesaria” cooperación entre el sector público y las organizaciones de iniciativa social pero es algo que no puede hacer olvidar la responsabilidad de la administración.

La institución es consciente que la elaboración del anteproyecto sobre el Tercer Sector y la modificación de la Ley del Voluntariado se aborda en un momento de “profundos” cambios en cuanto a la gestión de los servicios sociales a las personas que en algunos ámbitos ha llevado a “replantear” las fronteras entre lo público y lo privado y lo no lucrativo.

Es por ello  que el CES demandó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades más “claridad” para abordar la regulación de un sector que hasta ahora ha presentado contornos regulatorios en cierto modo carentes de definición. En concreto, pone el ejemplo la “confusión” existente en el ámbito de las actividades de intervención, al considerar que existen “dudas” sobre si el nuevo texto abarca todas las políticas públicas de intervención social vinculadas a la consecución del interés general.

Regulación independiente

Pese a reconocer la relación entre las entidades del Tercer Sector Social y el ejercicio de la acción del voluntariado, el CES apostó por una regulación independiente. Significó que las asociaciones desarrollan una labor fundamental en la promoción y la participación del voluntariado – que debe ser una de las “fortalezas” del Tercer Sector Social- pero sin olvidar que las entidades deben contar con una “importante” base de profesionalización. No en vano, son entidades que prestan apoyo en la prestación de servicios sociales como el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, la lucha contra la exclusión social y situaciones de discriminación, la defensa de personas inmigrantes y la lucha en favor de la  inclusión de personas con discapacidad, entre otros.

Por último, el Consejo Económico y Social lamentó que el anteproyecto de ley no mencione al Diálogo Social ni los interlocutores sociales más representativos. Es por ello, que apostó por subsanar ese ausencia. “Este Consejo cree conveniente señalar que la política social que engloba, a su vez, los aspectos relativos al ámbito laboral, forma parte del Diálogo Social en el que se cuenta con unas normas y mecanismos de representación delimitados definidos en el Estatuto de Autonomía y la legislación”, añadió. En todo caso, quiso dejar claro que diálogo civil no puede en ningún caso confundirse ni solaparse con el diálogo social, por lo que es necesaria una distinción entre ambos.

Además, el CES consideró “oportuno” y “del todo precedente” reconocer el Tercer Sector y el voluntariado en una norma con rango legal, tal y como han hecho otras comunidades.