Fernández Carriedo: “Las vacunas la paga la UE, las ponen las comunidades y Pedro Sánchez se cuelga las medallas”

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió la gestión de los fondos COVID que la Junta ha recibido del Gobierno y criticó que el PSOE se quiera atribuir logros como la campaña de vacunación. “Las vacunas las paga la Unión Europea, la ponen las comunidades y Pedro Sánchez se cuelga las medallas”.

Fernández Carriedo, en respuesta a una pregunta de la procuradora socialista Rosa Rubio sobre el destino del próximo fondo COVID que aprobará el Gobierno y del que Castilla y León recibirá 741 millones de euros, indicó que este dinero se destinará para reforzar el sistema sanitario, mantener la campaña de vacunación, sostener los servicios sociales y garantizar la presencialidad de la educación con la contratación de más profesores, dado que el coronavirus y sus efectos se mantendrán más allá del 31 de diciembre.

Asimismo, defendió que los proyectos de la Junta de Castilla y León a incluir en el plan nacional para conseguir fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia siguen los criterios de “transparencia y participación”.

Por su parte, Rubio acusó a la Junta de no haber justificado todavía 66 millones de euros de los 544 recibidos en materia de Sanidad y lamentó que mientras que en 2019 la Junta cerró su presupuesto con un déficit de 433 millones, en 2020, en el año de pandemia, se cierra con un superávit de 24 millones.

Ley de Pandemias

Por otra parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha remarcado este lunes ante el Parlamento autonómico que es partidaria de contar con una ley de pandemias nacional que ampare, entre otras medidas, poder obligar a los trabajadores de residencias a ser vacunados y a hacerles pruebas diagnósticas de covid.

Blanco respondió así a la procuradora socialista Nuria Rubio, quien ha atribuido los nuevos casos y muertes en las residencias de mayores de la Comunidad a la “desidia” y “nefasta gestión que clama a los cielos” por parte de la consejera, a la que ve únicamente pendiente de “autoinvitarse” a inauguraciones y visitas y de las “fotos”.

La procuradora socialista consideró que lo “más bochornoso” fue la afirmación del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, sobre la conveniencia o no de tomar medidas y descartarlo por las cifras de mortalidad existentes, ya que “son más de 70 entre julio y agosto” en las residencias: “¿No le parecen suficientes?”, tras lo que ha pedido “humanidad y empatía”.

En su réplica, la consejera acusó a la procuradora socialista de “trabajar poquito”, al mantener “el mismo discurso desde el 13 de marzo de 2020”, a pesar de que en su opinión la situación “ha cambiado” con nuevas medidas, una ley y con una mortalidad del “0,18%” en este verano en las residencias de la Comunidad.

Incendio de Navalacruz

Otra de las preguntas de la oposición fue al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Al respecto, el representante del Ejecutivo autonómico defendió la “diligencia y eficacia” del operativo para la extinción del incendio que se inició este verano en la localidad abulense de Navalacruz, y que quemó más de 22.000 hectáreas de la Sierra de la Paramera, porque “no se podía haber hecho técnicamente mejor con los medios disponibles”.

En respuesta a la pregunta formulada por el procurador socialista, Miguel Hernández, en relación a la posibilidad de que los daños causados por el incendio hubiesen sido menores con “una actuación diferente y un uso mejor de los medios disponibles”, Suárez-Quiñones contestó que no, y mantuvo su confianza en “las decisiones tomadas por la dirección técnica del incendio, cumpliendo con los protocolos y los planes establecidos”.

Hizo por ello una defensa el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la actuación del operativo “para apagar el incendio y evitar al máximo los daños”, que recordó “no causó pérdidas humanas y no se quemó ninguna casa” gracias a la coordinación, desde el puesto de mando avanzado y los puestos de mando provincial, de la Junta, el MITECO, la UME, la Guardia Civil, la Diputación y los ayuntamientos para “dirigir a más de 1.200 personas y 40 medios aéreos”.

“Mentir a la población”

Por último, el grupo socialista en las Cortes de Castilla y León acusó al Gobierno regional de “deslealtad” con otras instituciones y de “déficit democrático”, lo que ha negado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien ha reprochado a los socialistas “mentir a la población”.

La procuradora del PSOE Patricia Gómez Urban calificó al Ejecutivo de PP y Cs como el de “los incumplimientos” por no cumplir lo que pactan, lo que se firma o lo que se aprueba en el propio parlamento.

En este sentido, enumeró entre las críticas a la Junta la “deslealtad al Gobierno de España”, por destinar este 1.015 millones de euros a Castilla y León que la socialista ha cuestionado para qué se han destinado, pues “han llegado cero euros a los empresarios, comerciantes y autónomos”.

Igea afirmó que no hay ningún caso de corrupción en los miembros del gobierno mientras “en otros sitios los veranos pasados fueron a toda vela y estos han sido a todo gas”, en referencia a las polémicas vacaciones del alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente.

Asimismo, acusó al PSOE de mentir este verano, y ha puesto como ejemplo la PNL en materia de Sanidad que presentan los socialistas a este pleno pidiendo que se aplique el decreto de frecuentación, propuesta que presentó el secretario autonómico y portavoz socialista, Luis Tudanca.

Nuevo procurador

La primera sesión plenaria tras el verano arrancó con el salmantino Raúl Hernández López tomando posesión como nuevo procurador de las Cortes de Castilla y León en sustitución de Salvador Cruz, que abandonó su escaño por incompatibilidad con su nuevo puesto dentro del sector privado.

Hernández López, nuevo procurador del Grupo Parlamentario Popular, juró su cargo y, con él, acatar el Estatuto de Castilla y León, tras lo que recibió su medalla como procurador autonómico en el centro del hemiciclo, en el pleno de apertura del curso político en la Comunidad.