Tres de cada cuatro informes al Consejo Consultivo son por asuntos de responsabilidad patrimonial

Hasta diciembre, esta institución propia de castilla y León ha aprobado casi medio millar de dictámenes

El presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Agustín Sánchez de Vega
El presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Agustín Sánchez de Vega FOTO: David Arranz www.davidarranz.com

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado 497 dictámenes de enero a 30 de noviembre de este año. Valladolid, con 85 dictámenes, León, con 80, y Burgos con 77 son las provincias de las que proceden más solicitudes de dictámenes. A continuación se sitúa Salamanca, con 56, Zamora, con 44, Palencia, con 36, Segovia, con 26, Ávila, con 24 y Soria, con 12. Además, hay otros 57 expedientes cuyo ámbito territorial abarca varias provincias.

Respecto al organismo consultante, 275 consultas proceden de la administración local, 221 de la administración autonómica y una de la universidad.

Los asuntos de responsabilidad patrimonial, según se informa desde el propio Consejo Consultivo, han originado la mayor parte de las consultas, alcanzando la cifra de 334 dictámenes, tres de cada cuatro. De ellos, la mayor parte está relacionado con el funcionamiento de los servicios públicos y con el ámbito sanitario. Así, se contabilizaron 103 dictámenes por mobiliario urbano, 77 en el ámbito sanitario, 33 por accidentes provocados por el mal estado de la calzada y ocho por siniestros de tráfico motivados por animales.

El Consejo Consultivo, que se encarga de velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, una configuración particular en el conjunto de España.

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, destaca la labor de la institución como garante de la legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos a la vez que destaca la labor de apoyo de la institución a las administraciones.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 170 recursos en lo que va de año sobre contratos que ascienden a casi mil millones de euros.