Fiscalización

Las recomendaciones del Consejo de Cuentas se tienen cada vez en más estima

Los entes fiscalizados aceptan ocho de cada diez consejos de esta institución propia de la Comunidad, el mejor porcentaje de la serie histórica

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amiliviamir_icalAgencia ICAL

Ocho de cada diez recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en 2020 han sido aceptadas por las entidades sometidas a fiscalización, lo que supone el mejor porcentaje de la serie histórica, especialmente entre las entidades locales. De hecho, solo un año antes, en el 2019, el porcentaje de aceptación fue del 69 por ciento.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes esta institución propia de la Comunidad presidida por Mario Amilivia, tras hacer entrega este lunes en el Parlamento autonómico del Informe de Seguimiento de las Recomendaciones, ejercicio 2020, el octavo de este tipo, que se aplica sobre las auditorías realizadas en el año natural precedente. Así, durante el año 2020 el Consejo de Cuentas aprobó trece informes que contenían un total de 200 recomendaciones, según informan fuentes del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Además, en este informe se han analizado 186 contenidos en nueve fiscalizaciones, ya que catorce no se analizan por ser de carácter legislativo, por haber perdido validez como consecuencia de reformas legislativas posteriores a su aprobación o por carecer de destinatario específico.

El grado de aceptación por administraciones se sitúa en un 94 por ciento para los municipios, un 68 por ciento para las diputaciones, un 76 por ciento para la Junta de Castilla y León y un 48 por ciento para las Universidades de Valladolid y Salamanca, que han sido las que sometieron a la fiscalización de sus cuentas.

En cuanto al cumplimiento, cabe señalar que han sido aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 101 de las 186 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 55 por ciento, por lo que se mantiene un porcentaje similar al obtenido en el informe del ejercicio 2019, un 56 por ciento (131 de 232), por encima de los “pobres” datos de 2018, que alcanzó un 42 por ciento, o el de 2015, que fue de un 34 por ciento, el más bajo de la serie histórica.

En términos absolutos, en el acumulado de los ocho años en los que se lleva realizando este Informe, han sido aplicadas, total o parcialmente un total de 668 recomendaciones de las 1.440 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 46 por ciento para todo el periodo 2013-2020.

Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del Informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones este año no varía sustancialmente. En los informes legales han sido aplicadas total o parcialmente el 50 por ciento (14 de 28) de las recomendaciones analizadas, mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanza el 55 por ciento (87 de 158).

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, registra el segundo mejor porcentaje de la serie histórica (48 por ciento), tras el máximo alcanzado en 2019 (60 por ciento).

El Consejo de Cuentas considera destaca también el porcentaje de recomendaciones (26 por ciento) que, no habiendo sido todavía aplicadas a la fecha de realización del informe, el ente fiscalizado ha tomado en consideración por estar de acuerdo con su contenido. Debe tenerse en cuenta que, según cada caso, los trámites a seguir para poder cumplir una recomendación pueden requerir plazos más amplios.

Para finalizar, desde esta entidad se insta a la puesta en práctica de las recomendaciones no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.

Al no ser vinculantes, su cumplimiento revela por parte de los entes auditados una voluntad de mejora de la gestión de los recursos públicos.

Además, tal como expresan las normas internacionales de auditoría, el seguimiento de las recomendaciones constituye la fase última del ciclo de fiscalización que realizan las instituciones de control externo. Finalmente, con su remisión a las Cortes y la posterior comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas en relación con su contenido, se proporciona una herramienta de transparencia para el ejercicio del control parlamentario que corresponde a la cámara representativa de los castellanos y leoneses.