Consejo de Gobierno

Castilla y León anula las 39.600 multas del segundo estado de Alarma

En los próximos días se procederá a la devolución de los expedientes cobrados y se paraliza el resto de procedimientos, que ascendían en total a 11,8 millones de euros

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de GobiernoRubén Cacho/IcalAgencia ICAL

La Junta de Castilla y León procederá a devolver en próximas fechas las multas cobradas por el incumplimiento de las normativas ligadas al Estado de Alarma, y realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021, y que afecta a un total de 39.600 expedientes sancionadores, que ahora quedan sin efecto, según ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero portavoz ha declarado se devolverán las cantidades cobradas hasta la fecha, sin determinar el montante total, y que se van a paralizar el resto de procedimientos. Fernández Carriedo ha estimado que la cifra global de multas asciende hasta los 11,8 millones de euros y que las multas aplicadas en esos ocho meses por incumplir las medidas restrictivas implantadas de horarios, movilidad y aforos, tras su declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.

A lo largo de ese periodo se impusieron un total de 26.120 multas por infringir el toque de queda; 10.540 por no respetar los límites perimetrales entre autonomías españolas; 2.948 por nos respetar el número máximo de reuniones de grupos o personas y otras dos, por reuniones de culto.

“No hemos querido esperar y en los próximos días procederemos a devolver los importes pagados”, ha explicado Fernández Carriedo, quien ha indicado que Castilla y León ha sido de las primeras comunidades autónomas de España, junto al País Vasco, a realizar estas devoluciones “inconstitucionales”.