El Consejo de Ministros aprueba la reducción de la jornada laboral: cuándo entrará en vigor y quién se ve beneficiado

Tras varias demoras, el Consejo de Ministros ha aprobado en el día de hoy de manera definitiva el anteproyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima en España hasta las 37,5 horas, todo ello sin ver afectado el salario de los trabajadores.

Sin duda se trata de una de las reformas clave en el Gobierno, que ha trabajado durante varios meses hasta conseguir que las 37,5 horas semanales de trabajo sean una realidad. Tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos de UGT y CC.OO han sido los protagonistas de esta reducción laboral, puesto que las negociaciones se han llevado a cabo entre ambas partes. Todo ello después de que la patronal de desvinculase de las negociaciones debido a las disconformidades en la negociación.

Los movimientos para poner en marcha esta norma comenzaron el 25 de enero de 2024. A partir de ese momento, Trabajo, sindicatos y patronal han estado negociando para llegar a un acuerdo y aprobar la reducción de jornada a las 37,5 horas. Posteriormente, el texto fue aprobado en diciembre gracias a la participación de sindicatos -UGT y CC.OO- y Trabajo, que fueron los que acabaron llegando a un acuerdo.

Finalmente, tras varias discusiones entre Economía y Trabajo, el anteproyecto de ley se aprobó en Consejo de Ministros en primera ronda el 4 de febrero, a falta de esta segunda aprobación.

Una medida que ha sufrido varios retrasos

Ante la falta de acuerdo entre Trabajo y los sindicatos, la medida se ha ido demorando con el paso del tiempo. Sin embargo, la semana pasada era la fecha elegida para llevar adelante la aprobación del proyecto de ley, pero no pudo realizarse debido al apagón a nivel nacional.

El Gobierno centró todos sus esfuerzos en resolver el problema causado recientemente, por lo que el asunto quedo pospuesto a esta semana, donde la reforma ha sido aprobada y pasará al Congreso de los Diputados.

¿Cuándo entraría en vigor?

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros hoy, la medida tendrá que dirigirse al Congreso de los Diputados, donde los diferentes grupos parlamentarios tendrán que decidir. En este caso, serán los propios partidos políticos los que tendrán que votar si están a favor o en contra de la medida, y si existe mayoría, el proyecto de ley quedaría aprobado. No obstante, se abre la posibilidad a que se produzcan posibles enmiendas que retrasen su entrada en vigor.

Por ello, teniendo en cuenta estos posibles retrasos, el plan de Gobierno es poder aplicar esta reducción de jornada antes de que termine el verano de 2025. En este sentido, es necesario que esta medida entre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), puesto que será a partir de ese momento cuando las empresas estarán obligadas a cumplir con la nueva jornada.

¿Qué personas se beneficiarán?

La nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales beneficiará a dos grandes colectivos: los trabajadores que no están amparados por convenios colectivos que ya establezcan jornadas inferiores y aquellos empleados de empresas cuya jornada media anual supere actualmente las 37,5 horas semanales.

Sin embargo, las empresas tendrán tiempo para adaptarse a este cambio. Tal y como se ha señalado desde el Ministerio de Trabajo, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva jornada máxima permitida.

Por otro lado, dos grandes colectivos del país verán como sus jornadas laborales se mantienen igual que hasta ahora, lo que implica que no serán beneficiarios de la nueva medida implementada por el Gobierno. Estos son los autónomos y los cargos públicos, lo que supone que más de 6,3 millones de españoles quedarán fuera de la nueva medida.

Los autónomos, al ser trabajadores por cuenta propia, no tienen una jornada determinada por ley, pero sí les afecta de manera negativa. Y es que muchos autónomos cuentan con trabajadores contratados, por lo que deberán adaptarse a las nuevas condiciones, asumiendo posibles aumentos de coste laboral si necesitan contratar más personal.

En el caso de los empleados públicos, su jornada laboral está regulada por normativas específicas, por lo que esta nueva reforman no tiene validez. Muchos funcionarios ya trabajan 35 horas semanales o tienen convenios que establecen jornadas inferiores. Aún así, algunos sectores del funcionariado consideran que habría sido una buena oportunidad para homologar todas las condiciones laborales del país bajo un mismo paraguas normativo.