Los afectados por catástrofes en Castilla y León tendrán más fácil acreditar que tienen una finca y acceder a las ayudas públicas

Castilla y León espera que dentro de tres meses pueda tener ya integrado su sistema de registro con el nacional, lo que daría acceso al portal de emergencias del Colegio de Registros de la Propiedad en caso de que se produzca una catástrofe, como ha ocurrido recientemente con el volcán de La alma, la DANA que ha sacudido varias zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía y especialmente la provincia de Valencia, con algunos de los incendios forestales ocurridos en Castilla y León, como los que asolaron a la sierra de la Culebra zamorana hace dos veranos.

Objetivo: ser más transparentes y, sobre todo, garantizar la seguridad jurídica de ciudadanos y registradores de la propiedad, en palabras del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras firmar un convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (CORPME) en Valladolid.

"Se trata de un tema muy importante y trascendente para el día a día de las personas, ya que el ciudadano podrá acceder de una forma muy fácil desde cualquier ordenador o teléfono inteligente a un sistema de bases gráficas geoposicionadas con identificación cartográfica de dónde está esa finca y donde se puede acceder a toda la información", destacaba el consejero, para quien este sistema "es el mejor del mundo" para conocer toda la información acerca de un inmueble o finca, ya sean datos urbanísticos, ambientales o las limitaciones de dominio público, través de un número registral único, conocido popularmente como el carné de identidad de esa propiedad inmobiliaria.

"Es una ventanilla única que aporta certidumbre y confianza en las transacciones", insistía Suárez-Quiñones, para quien este sistema "beneficia a todos", tanto a los registradores, porque tienen más datos en su sistema registral, como a la Junta de Castilla y León y a los ciudadanos, a quienes se facilita el acceso a esa información desde un solo portal.

El convenio, además, implica la creación de una comisión mixta en la que los técnicos e informáticos del ejecutivo autonómico y de la institución colegial.

Especialmente relevantes son los datos relativos a las afecciones de cualquier tipo que las fincas pudieran tener, como son los medioambientales, montes, culturales, dominios públicos, como vías pecuarias o infraestructuras, que pudieran representar restricciones al régimen ordinario de disposición. “Este intercambio de información aportará mayor seguridad jurídica y mayor transparencia para el ciudadano en el ejercicio de sus derechos”, incidía el consejero.

Además, el órgano colegial también podrá tener acceso a información sobre disciplina urbanística para cumplir con la obligación de comunicar al Registro de Propiedad la incoación de los procedimientos sancionadores de infracción urbanística.

Sistema registral de emergencias

Asimismo, el consejero destacaba que con este sistema se podrá acceder al registro de emergencias que permite en caso de catástrofe, como una inundación o un incendio, así como poder entrar con un solo clic a determinadas identificaciones de las superficies y de los territorios afectados en el Sistema Registral Español.

"Es un instrumento potentísimo que facilita en tiempo real y con mucha rapidez que las personas afectadas por catástrofes puedan acreditar que tiene una finca en ese territorio y pueda acceder a las ayudas públicas", destacaba, por su parte, Rafael Palencia, decano del Colegio de Registradores de la Propiedad.

Palencia también ha valorado la firma de este convenio que coincide con el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria que "cambió completamente el registro de la propiedad en España" y que pasó de un sistema que era "meramente literario" a otro basado en la "georreferenciación de las fincas".

“Ahora se puede hacer constar cualquier tipo de característica medioambiental o calificación urbanística en todas las fincas, y es un dato importante”, decía, en alusión a los “desbarajustes” producidos por “no tener conocimiento e interrelación correcta de datos entre fincas registrales y la calificación por limitaciones”, como puede ser, enumeró, la legislación sectorial en materia hidrográfica, vías pecuarias o montes.