Burgos quiere tener en un lustro las mejores carreteras

La Diputación de Burgos ha diseñado un ambicioso plan de renovación y mantenimiento de la red provincial de carreteras que supondrá una inversión de 40 millones de euros en cinco años. Objetivo: actuar en los más de 2.000 kilómetros de vías de su titularidad, que vertebran un amplio territorio de 14.000 kilómetros cuadrados.

El plan arrancará con el presupuesto de 2024, que se ha aprobado definitivamente este viernes y que recoge una partida de 8 millones de euros para una treintena de carreteras, lo que supone multiplicar por cuatro la inversión realizada en los últimos años, de dos millones anuales, ha explicado a EFE el vicepresidente de la Diputación, Ramiro Ibáñez.

El presupuesto provincial se ha elevado un 9 por ciento, con 13,8 millones euros más que en 2023, y alcanza los 169,5 millones, de los cuales, 159 corresponden a la propia Diputación, otros 5,8 a la sociedad de promoción SODEBUR y 4,6, al Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ); destacan los casi 20 millones destinados a inversiones, un 62 por ciento más.

“Queremos dar ejemplo con nuestras carreteras”, ha insistido, demostrar que la institución atiende el patrimonio, los servicios sociales, a los municipios pero también las carreteras, haciendo un “esfuerzo brutal” que permitirá en cinco años “tener las carreteras en condiciones más competitivas”, de lo que se beneficiarán negocios, empresas, polígonos y pueblos.

Y “con esa libertad” que les va a dar estar invirtiendo en lo propio, la Diputación podrá exigir a otras administraciones, al Estado y la Junta de Castilla y León, que inviertan también en sus carreteras, y que cumplan con compromisos atrasados, que la N-234 se convierta en autovía o que se construya por fin la circunvalación de Salas de los Infantes.

“Daremos la guerra que tengamos que dar”, ha asegurado Ibáñez, pero la institución quiere garantizar una buena red de carreteras provincial, porque “es necesario para vertebrar el territorio y hemos estado con graves problemas”, que se quieren dejar atajados en un lustro.

El vicepresidente ha recordado que las responsabilidades de la Diputación son numerosas, con competencias “muy tasadas”, pues el “objetivo esencial y principal es el asesoramiento y la ayuda técnica, jurídica y económica a los ayuntamientos”, ayudarles en sus siete competencias específicas: suministro de agua, depuración, arreglo de calles o limpieza viaria.

Ahí se va buena parte de la gestión provincial, también del presupuesto, a través de programas específicos como el ciclo de agua o los planes provinciales, pero existen otras responsabilidades como el mantenimiento de las cinco residencias de mayores y una apuesta “permanente” por el patrimonio, propio y ajeno.

Convenios para intervenciones en templos religiosos, subvenciones para prospecciones arqueológicas, inversiones en Bienes de Interés Cultural (BIC) como el Monasterio de San Salvador de Oña o en inmuebles catalogados como el Monumento al Pastor y ayudas para mantener escuelas, cuarteles, instalaciones deportivas o los centros sociales municipales.

“El montante inversor en patrimonio en la provincia es importante”, ha asegurado Ramiro Ibáñez, dentro de un presupuesto en que los gastos de personal se elevan a los 47 millones de euros y los corrientes a los 33,2 millones, con las cinco residencias de ancianos como prioridad, y que pese al acuerdo marco con la Junta arrastran un déficit de 18 millones de euros