Castilla y León recibirá 9.523 millones de las entregas a cuenta de 2026, un 6,18 por ciento más que en el presente ejercicio, con lo que presentará una evolución por debajo de la media nacional, del 6,5 por ciento, con 156.990 millones. Así lo trasladó a Ical el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien aclaró que a esta cifra asignada hay que restarle 74 millones de la liquidación de las entregas a cuenta de los años 2008 y 2009, que estaban mal calculadas, con lo que el dato bruto final será de 9.449 millones.

El consejero explicó que esta cifra técnica surge del cálculo del modelo de financiación de las comunidades autónomas: evolución de los tributos, porcentaje de la declaración IRPF e IVA en fase minorista. A su juicio, la recaudación tributaria en general “funciona bien”, motivo por el que “aumentan los ingresos y por eso estas cantidades”.

A esa cantidad hay que sumar la previsión de liquidación de 2024, que en este caso se sitúa en 729 millones de euros. Por tanto, Castilla y León recibirá un total de 10.178 millones de euros del sistema de financiación en 2026, un nuevo récord que supera en un siete por ciento los recursos que percibe en el presente ejercicio.

Se trata, según el departamento que dirige María Jesús Montero, de una “cifra récord” que muestra “la buena marcha de la economía española y el compromiso del Gobierno para garantizar a los territorios los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad a los ciudadanos”.

En concreto, el Ministerio remitió una carta a cada Comunidad del régimen común para informarle del importe récord que les corresponderá el próximo ejercicio en concepto de entregas a cuenta en base a una estimación conservadora.

Sin embargo, Carriedo mostró su malestar porque habitualmente estas cifras se entregan en el marco de la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) todos los años a finales de julio, en el que además “se reflexiona sobre la financiación autonómica y futuro”.

Al respecto, el consejero achacó esta ausencia del CPFF a la intención del Gobierno central de “no informar sobre el encaje del cupo separatista” en la financiación autonómica, suscrito este mes de julio con ERC, y sobre el que se han manifestado en contra todas las comunidades de régimen común, excepto Cataluña. “Hubiera permitido conocer este cupo, que solo sabemos de él por los medios, y que nosotros, como gobiernos autonómicos, ofreciéramos nuestra posición, sobre un acuerdo que supone desigualdad, ruptura de la caja común y privilegio para algunos”, reprochó.

De este modo, Carriedo criticó que la “mejor forma de no someterse al riesgo es no celebrar” el Consejo de Política Fiscal y Financiera, “donde hubiera informado de las entregas a cuenta, pero se evita esta otra información, su impacto, cómo queda la Agencia Tributaria a nivel nacional o la lucha contra el fraude, en la que se podría haber opinado por parte de las autonomías, que tienen toda una postura parecida, sean del signo político que sean”.

Por último, lamentó que, “por lo que parece”, los acuerdos del Ejecutivo central con ERC “tendrían ya efectos para 2026, firmados sin que los conozcan los demás”. “Hay una caja común, y lo que se saca de un lado hay que meterlo en otro. Y de esto conocemos cero”, concluyó.

Información con misivas

El objetivo del Ministerio, con el envío de estas misivas, es dar “certidumbre” presupuestaria a las administraciones autonómicas, ya que estos datos servirán de orientación a los Gobiernos regionales para poder elaborar sus cuentas públicas de 2026.

“Se pone de manifiesto la prioridad que supone para este Gobierno progresista garantizar la autonomía financiera de las administraciones autonómicas. De hecho, precisamente este miércoles las comunidades autónomas han recibido el pago de 9.952 millones de euros por los atrasos de la no actualización de las entregas a cuenta de 2025 correspondiente a los meses de enero a junio”, resaltó.

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Precisamente este miércoles Castilla y León ha recibido también el pago de 604 millones de euros por los atrasos de la no actualización de las entregas a cuenta de 2025 correspondiente a los meses de enero a junio.

En este sentido, cabe recordar que el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley en diciembre de 2024 que incluía más recursos para las CCAA, pero fue rechazado en enero en el Congreso con el voto en contra del PP. El Consejo de Ministros volvió a aprobar en junio un Real Decreto-ley con la actualización de las entregas a cuenta de 2025 que, esta vez, sí fue convalidado por la Cámara Baja.

Por tanto, esta transferencia de 604 millones se produce gracias a la aprobación de ese decreto y a la decisión del Gobierno de desligar la actualización de las entregas a cuenta de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que el Ejecutivo del PP “consideraba que no podía hacerse y los hechos han desmentido”, según espetó el Ministerio de Hacienda.

Además, Castilla y León va a recibir mañana, 31 de julio, otros 616 millones de euros del abono de la liquidación definitiva de 2023 del sistema de financiación. Es decir, en apenas dos días el Gobierno va a transferir 1.220 millones de euros al gobierno castellano y leonés, lo que garantiza la calidad de los servicios públicos que prestan las comunidades y, por tanto, benefician a la mayoría social del país.