Castilla y León reduce la brecha digital y mejora las dotaciones de los centros y la capacitación de los docentes

El Consejo de Cuentas ha dado a conocer este miércoles el informe de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas del programa para la digitalización del sistema educativo.

Se trata de la segunda auditoría realizada conjuntamente por las instituciones fiscalizadoras de España sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del citado Plan, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ejercicio 2022.

Esta fiscalización del Programa del Cooperación Territorial (PCT) con las comunidades autónomas para la Digitalización del Ecosistema Educativo -puesto en marcha en 2021 por el Ministerio de Educación y FP- amplía las actuaciones del Programa Educa en Digital orientadas a la disponibilidad de medios digitales para la enseñanza. El objetivo: reducir aún más la brecha digital, mejorando las dotaciones digitales de los centros y la capacitación técnica de los docentes.

Un programa que se complementa con la Estrategia de Digitalización para los centros educativos de la Administración Educativa de Castilla y León, según informan fuentes de esta institución propia que preside Mario Amilivia.

El objetivo de la fiscalización ha sido evaluar cómo está implementando la Consejería de Educación el PCT y si las tres actuaciones en las que está basando su implementación (dotación de portátiles al alumnado; instalación, actualización y mantenimiento del sistema digital interactivo SDI en las aulas; y capacitación técnica del profesorado en el funcionamiento de las dotaciones que reciban los colegios) están contribuyendo al logro de los objetivos perseguidos a través del programa, generalizando y facilitando el acceso a medios digitales adecuados para el desarrollo de la actividad educativa.

El crédito transferido por el Ministerio a las comunidades autónomas para financiar las actuaciones del PCT, integrado en el PRTR, asciende a 989 millones de euros, de los cuales 49 corresponden a Castilla y León (7,2 para la primera actuación; 40,9 para la segunda y 0,9 para la tercera).

El ámbito temporal de la auditoría alcanzó hasta el 31 de marzo de 2024, teniéndose en cuenta los objetivos intermedios del PCT. Sin perjuicio del cumplimiento estos, lo relevante es que a 31 de diciembre de 2025 se haya justificado en el conjunto de las CCAA la entrega de 300.000 dispositivos, la dotación de 240.240 aulas digitales y la formación del profesorado en 18.342 centros.

De estos objetivos finales, a Castilla y León le corresponde la entrega de 14.545 dispositivos, la dotación de 11.986 aulas digitales y la capacitación en 1.101 centros.

Conclusiones

El Consejo de Cuentas anotó 34 conclusiones en el trabajo, y su opinión fue que la Consejería de Educación cumplió con las obligaciones y condiciones aplicables al PCT, excepto por las salvedades que se detallan en el informe.

Así, en la primera actuación (dispositivos móviles) no se incluyó a los centros privados concertados y se asignaron portátiles a centros, equipos y estructuras públicas que no estaban contemplados como destinatarios en el Programa. En las actuaciones 2ª y 3ª también se adquirieron equipamientos y se impartieron capacitaciones destinadas a estos mismos centros, equipos y estructuras no previstos como beneficiarios en el marco del PCT.

Para el curso 2020/2021 se consideraron 1.007 centros públicos y no se incluyeron 214 concertados (un 17,5% del total). Por otro lado, no se incluyeron 100.005 alumnos de las enseñanzas concertadas, un 27,7% del total de alumnos que se podrían haber considerado como potenciales usuarios de los portátiles.

También se consideraron como posibles destinatarios las 35 escuelas de educación infantil de titularidad autonómica, pese a que los centros de este nivel educativo estaban excluidos del programa. Tampoco se tuvieron en cuenta los criterios de vulnerabilidad, ni la brecha digital de acceso al determinar los centros destinatarios de los portátiles, ni se establecieron directrices para que los centros identificasen a los alumnos vulnerables. Cada centro aplicó su propio criterio para la asignación de portátiles, sin una adaptación de estos a la edad y etapa educativa del alumnado.

La Consejería llevó a cabo las actuaciones por medios de 13 contratos. A 31 de marzo de 2024 se habían iniciado los expedientes de 10 de esos contratos.

En la primera actuación, en principio, a 31 de diciembre de 2025, el número de portátiles entregados ascenderá a 18.269, por lo que la cobertura del objetivo final se situará en torno al 125%.

En la segunda, bajo el criterio de equiparar Pantallas Digitales Interactivas entregadas e instaladas con Aulas Digitales Interactivas constituidas se han entregado e instalado 13.442 pantallas digitales, siendo el grado de cobertura del objetivo final del 112%.

En la tercera actuación, a 31 de marzo de 2024 se habían impartido capacitaciones a 723 centros, un 131% del objetivo intermedio a esa fecha y un 66% del objetivo final para el cierre de 2025 de 1.101 centros con capacitaciones impartidas. Conforme manifiesta el ente fiscalizado y de acuerdo con las instrucciones recibidas del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, la formación es obligatoria, por lo que a 31 de diciembre de 2025 se deberá analizar el grado de cobertura final.

Recomendaciones.

El Consejo de Cuentas realizó siete recomendaciones, entre ellas que la Consejería debería asegurarse de que todas sus estrategias, así como los procedimientos y trámites administrativos que aplique queden debidamente documentados.

También debería considerar además en futuros programas que cuenten con financiación nacional o europea destinada a la digitalización de los centros educativos financiados con fondos públicos, la adopción de medidas que garanticen una distribución equitativa de los recursos entre los centros públicos los concertados.

Asimismo, debería implementar medidas para un conocimiento más detallado y preciso del grado de digitalización de las aulas de todos los centros educativos de competencia de la Comunidad, a fin de planificar futuras iniciativas.

Respecto al contrato de la tercera actuación, debería incorporar a la plataforma CoFFE (sistema de información de gestión y seguimiento del PRTR) las actas de comprobación de la prestación efectiva del servicio de capacitación a todos los centros que, tras la recepción de las 13.442 pantallas digitales interactivas, hayan recibido la formación correspondiente.

La Consejería debería evaluar también, antes del fin de año, la posibilidad de modificar los certificados de los mecanismos de verificación derivados de la ejecución de las actuaciones del PCT cuando los destinatarios hayan sido centros que no estaban contemplados.

Debería, además, garantizar la trazabilidad del gasto asociado a la adquisición de monitores y ordenadores de sobremesa, vinculándolos directamente con las aulas digitales interactivas. Para ello, debería incorporar en los mecanismos de verificación un listado detallado que, para cada centro educativo, identifique las aulas constituidas objeto de financiación.