El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 531 dictámenes y resolvió 189 recursos en el marco del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, según los datos que recoge la Memoria de la Institución correspondiente a 2024, la cual será presentada de manera íntegra el próximo lunes en las Cortes autonómicas.

Como antesala, el presidente del Parlamento, Carlos Pollán, recibió esta mañana en su despacho al presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, quien le hizo entrega de la Memoria de la Institución vinculada al pasado año.

Según la información recabada por Ical en cuanto a la función consultiva, la Memoria recoge que León (104), Valladolid (87) y Salamanca (82) son las provincias en las que más dictámenes se agrupan, donde se puntualiza que el número de dictámenes provincializados (473) difiere del total (531), porque “solo se incluyen los expedientes que proceden de una sola provincia”, aclararon desde el Consejo.

Detallaron que existen 58 expedientes que “no pueden provincializarse” al tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, entre otros) o que afectan a varias provincias, así como al conjunto de la Comunidad. Además, los expedientes de responsabilidad patrimonial, con 402, son los más frecuentes con un 75,21 por ciento del volumen anual de dictámenes del Consejo.

Por materias, el mayor número de dictámenes provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación), al cifrarse en 190, con el 47,29 por ciento; seguidos por el ámbito sanitario, con 49; y otros relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente), con unos 47.

Los dictámenes emitidos sobre expedientes que proceden de administraciones locales 332 (62,52 por ciento) superaron a los de la Administración regional, con 191 (casi el 36 por ciento), y dentro de ésta alrededor del 11,49 por ciento (61 consultas) proceden de la Consejería de Sanidad, tratándose fundamentalmente de expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria y derivada de la COVID-19; el 9,60 por ciento (51 consultas) son solicitudes de la Consejería de la Presidencia, mayoritariamente sobre daños y perjuicios económicos producidos por las medidas acordadas por la situación de pandemia, y el 3,77 por ciento (20 consultas) se solicitaron por la Consejería de Educación, fundamentalmente sobre revisión de oficio de procesos selectivos de empleados públicos. El resto se distribuyen entre las restantes Consejerías, mientras que el 1,5 por ciento (ocho) de las consultas proceden de las universidades públicas.

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En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2024 se resolvieron 189 recursos, de los que el 60,85 por ciento fueron dirigidos frente a contratos de servicios, el 33,33 por ciento frente a contratos de suministros y el 4,23 por ciento frente a contratos de obras. Así, apuntaron que el principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación, con el 46,03 por ciento.

En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca, dentro del Gobierno autonómico, la Gerencia Regional de Salud, con 34 actos recurridos (17,99 por ciento). No obstante, los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 81 (42,86 por ciento).

En cuanto a la procedencia del recurso, la provincia de Valladolid es a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido. La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 842 millones de euros en litigio, añadieron.