La Diputación de Salamanca aprueba una moción en defensa de los derechos de la infancia y “tolerancia cero” frente al acoso escolar

El pleno de la Diputación de Salamanca aprobó una moción por unanimidad de los tres grupos políticos de la Corporación, en la que se pone de manifiesto que es una institución comprometida con la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, apostando por la “tolerancia cero” frente al acoso escolar.

En dicho texto se recoge que “la Diputación manifiesta su preocupación y firme rechazo frente a todas las formas de acoso escolar que afecta a la infancia y adolescencia”. “El acoso escolar constituye una vulneración grave de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a una educación segura, inclusiva y libre de violencia. Es responsabilidad colectiva garantizar entornos escolares seguros en los que se respete la dignidad, la integridad física y emocional”, prosigue.

La institución condena “toda forma de violencia entre iguales en todas sus manifestaciones ya sea física, verbal, psicológica, social o digita” y considera que “es inaceptable y debe ser abordada con firmeza, diligencia y sensibilidad”. Recoge que el bienestar del alumnado es una “prioridad institucional” ya que las escuelas y centros educativos deben ser espacios seguros donde cada niño, niña y adolescente pueda desarrollarse plenamente, “sin miedo ni discriminación”.

Por lo tanto, reivindican la necesidad de una detección temprana y una actuación eficaz, así como una intervención integral y centrada en la protección de la víctima, “actuando de forma rápida, confidencial y coordinada, garantizando el apoyo psicológico, pedagógico y social tanto a la víctima como a su entorno”.

Para la Diputación, el abordaje del acoso requiere la implicación de toda la comunidad, de modo que la colaboración entre familias, profesionales educativos, personal administrativo, organismos públicos y medios de comunicación es “clave” para erradicar esta problemática.

Señala además, el texto que los agresores también requieren intervención educativa. “El abordaje de su conducta desde una perspectiva formativa y restaurativa contribuye a prevenir la repetición de comportamientos violentos y a fomentar entornos más empáticos” apuntó.

“Reafirmamos nuestra voluntad de seguir construyendo políticas públicas, planes de convivencia y espacios de participación que promuevan una cultura de paz, respeto y corresponsabilidad. Nos comprometemos a seguir trabajando con decisión para que los infantes y adolescentes no sufra en silencio. Porque prevenir, atender y erradicar el acoso escolar no es una opción: es un deber ético, educativo y legal”, concluyó.