La FRMP resuelve dudas y aporta soluciones en la gestión de energías renovables en los pueblos

La Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) ha celebrado este viernes una interesante jornada para hablar y debatir sobre la gestión y tramitación de energías renovables en la Comunidad, dirigido especialmente al personal técnico de los ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales.

Un encuentro, que se ha realizado en formato tanto presencial como a través de videoconferencia en la sede de la FRMP, en el que han participado entre ambos formatos un total de182 alcaldes, diputados, personal técnico de diputaciones provinciales y ayuntamientos y representantes del sector de renovables, y que, sobre todo, ha servido para dar a conocer a los municipios de la Comunidad los problemas y las soluciones que pueden surgir durante la tramitación necesaria para implantar esas renovables en sus pueblos.

Objetivo: agilizar la tramitación de expedientes reguladores de energías renovables para acortar los plazos en las inversiones pendientes, invertir en los entornos rurales para generar empleo a corto plazo e impulsar los sectores industriales vinculados a esta materia.

En esta jornada ha colaborado la Consejería de Economía y Hacienda, y han participado igualmente la presidente de la FRMP, Ángeles Armisén, el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Alfonso Arroyo y el Coordinador de Servicios de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, David Santana.

Durante la jornada se ha puesto de manifiesto que la generación de energía eléctrica siempre ha tenido una gran importancia en el territorio de Castilla y León, y especialmente en estos últimos años con las energías renovables.

En este sentido, cabe señalar que Castilla y León es líder nacional en generación eólica, con más de 6.600 megavatios instalados, aprox. el 22% nacional. O los casi 1.800 megavatios de fotovoltaica instalada.

Asimismo, la producción eléctrica media de dichas instalaciones son el equivalente al 131 y 21 por ciento, respectivamente, de todo el consumo de Castilla y León, y ha supuesto unas inversiones en el entorno de 7.900 millones de euros, de los que la mayor parte corresponde a la eólica (84 por ciento).

En términos de trabajo, la explotación de esas instalaciones podría estar empleando a unas 4.400 personas, habiendo sido necesario el equivalente a un total de 12.000 personas/año en la labor de montaje de las instalaciones, según datos que se ponían encima de la mesa durante esta jornada.

Además, los proyectos que actualmente se encuentran en tramitación, en torno a 22.000 megavatios (de los que 68 por ciento son fotovoltaicos) correspondientes a unas 550 instalaciones, considerando tanto las que son competencia de la comunidad autónoma, como las de la Administración General del Estado.

Bajo la hipótesis de que solo la mitad de esa capacidad tramitada llegara a éxito, se tendría una potencia adicional instalada a medio plazo de 11.000 megavatios, lo que conllevarían 8.900 Millones de euros, 1.500 personas más en explotación y en su montaje habrían participado 26.000 personas/año.

También se ha destacado que la producción total es tan importante que, a medio plazo, la eólica y fotovoltaica regionales podrían estar produciendo más de tres veces y media de lo que ha sido tradicionalmente nuestro consumo eléctrico. Todo ello propiciado por factores favorables de esta Comunidad, como la extensa infraestructura eléctrica existente de la red de transporte, el recurso natural, o la extensión del territorio.

Este desarrollo de renovables se enmarca en el escenario establecido por el Gobierno de la nación en el marco del Real Decreto-Ley 23/2020, que ha establecido una obligatoriedad de hitos de avance en la tramitación de los proyectos renovables para conservar la capacidad de acceso concedida. Todo este importante desarrollo de proyectos, además de la oportunidad que representa, está también suponiendo un gran reto, por la necesidad de gestionar y tramitar ese gran volumen de expedientes, en unos plazos muy limitados y ajustados.

Además, es muy importante buscar siempre la compatibilidad de estas instalaciones, en el territorio en el que se quieren implantar, particularmente con el patrimonio natural y cultural, así como con las actividades tradicionalmente desarrolladas en la zona. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental de los proyectos, así como disposiciones normativas autonómicas como el Decreto-Ley 2/2022, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, o el Decreto 46/2022, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas, pretenden minimizar los posibles impactos negativos de estos proyectos, y la búsqueda de esa compatibilidad.